El gobernó decidió refinanciar de manera compulsiva una deuda con las empresas generadoras de electricidad por los suministros impagos de los meses de diciembre, enero y febrero últimos, que alcanzan un monto aproximado de 1.200 millones de dólares.
Para ello utilizará bonos del Tesoro AL38, que son transferibles y cotizan en los mercados secundarios a una paridad cercana al 50 por ciento. Esto significa que las empresas deberán optar por vender esos valores, aceptando una quita del 50 por ciento de sus acreencias, o bien aguardar 14 años hasta cobrar la totalidad del monto adeudado.
La medida despertó rechazos del sector. Este miércoles, la AGEERA (Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina) presentó una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, anticipando que el pago en bonos es “una afectación de los derechos contractuales”, que “impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales” y que “compromete críticamente la continuidad operativa” del sistema eléctrico.
Entre las compañías involucradas están algunas petroleras como YPF, Tecpetrol, PAE y Total, que suministran gas, y otras como Central Puerto, Albanesi y el grupo Pampa, que operan las centrales que generan la electricidad y la ofrecen en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Ese “régimen de pagos excepcional, transitorio y único” fue instrumentado a través de la resolución 58/24 de la Secretaría de Energía, firmada por su titular, Eduardo Rodríguez Chirillo. Allí se instruye a Cammesa, la compañía que regula el sistema mayorista eléctrico, a elaborar junto con las compañías un listado del dinero adeudado “con el objeto de reestablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad”.
Una vez determinadas las sumas, se liquidarán las que corresponden a diciembre 2023 y enero 2024 (que el Estado debería haber abonado en febrero y marzo último) con bonos AL 38, al tipo de cambio oficial; y las de febrero 2024, vencidas en abril último, con las transferencias que el gobierno le hará a Cammesa a tal efecto.
Si bien la situación ya había sido adelantada por Caputo, la resolución sorprendió a las empresas del sector por la velocidad con que se instrumentará: apenas hay 48 horas para determinar las cifras impagas y luego, cinco días hábiles para la entrega de los bonos.
La deuda con Cammesa, similar al superávit financiero de Milei
La deuda, que Cammesa estimó de manera preliminar en $ 1.074.258 millones, surge de la diferencia entre el costo de generación de electricidad por parte de las empresas y lo que ellas cobran de las distribuidoras. Como estas últimas tienen sus tarifas reguladas, la diferencia es cubierta por el Estado nacional, que aporta a un Fondo de Estabilización. Ese dinero es el equivalente a los subsidios para los usuarios, que ahora el gobierno quiere reducir.
Por supuesto que en su redacción de la norma, el gobierno no perdió oportunidad de criticar al kirchnerismo, al que acusó del déficit permanente de ese Fondo de Estabilización porque “como consecuencia de políticas intervencionistas, en los últimos 20 años la Autoridad de Aplicación fijó valores de la energía que no contemplaron los reales costos de abastecimiento del sistema”.
Un dato curioso es que el poco más de un billón de pesos adeudado es similar a los $ 1.133.158 millones que el Ministerio de Economía anunció como superávit financiero durante el primer trimestre del año. Esto implica que si el gobierno hubiese girado en tiempo y forma sus transferencias al sistema eléctrico, el promocionado saldo favorable de las cuentas fiscales habría quedado reducido a $ 58.900 millones. En otras palabras, el gobierno logró superávit gracias al “pagadiós” a Cammesa.
Con ese cuadro, las empresas tienen apenas 48 horas para definir si se acogen en ese plan de pagos y aceptan recibir los bonos o bien inician alguna acción para hacer valer sus derechos.