El Ministerio de Capital Humano negó información sobre el funcionamiento del organismo que debe proveer de medicamentos de alto costo a pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes y necesitan tratamientos especiales para esas patologías. Esos mismos pacientes denunciaron pública y judicialmente la interrupción de la provisión de los medicamentos, lo que incluso causó la muerte de algunos de ellos.
El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Marino presentó un pedido administrativo de acceso a la información pública (estipulado por ley y de cumplimiento obligatorio para cualquier gobierno) pero nunca obtuvo respuesta. Entonces inició una acción de amparo, pero el resultado fue el mismo: el silencio de la cartera de Sandra Pettovello.
Marino presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo federal una “acción de amparo por acceso a la información pública contra el Ministerio de Capital Humano frente a la denegatoria de brindarle datos referidos al funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), siendo que tal dependencia tiene la obligación de asistir a personas que padecen enfermedades graves que no cuenten con los medios económicos para acceder a medicamentos de alto costo”.
El expediente recayó en el juzgado de Esteban Furnari. El diputado Marino explicó que el 16 de abril pasado formuló la solicitud de acceso a la información mediante la página web del organismo. Así, se generó el expediente EX-2024-38655169-APNDNPAIP#AAIP. Vencido el plazo inicial para responder, Capital Humano pidió una prórroga –contemplada en el procedimiento- de 15 días. Ese plazo está largamente superado (desde el 29 de mayo último) y las respuestas siguen sin aparecer.
Marino justificó que “la información solicitada es de suma importancia pública. Diversos medios de comunicación dan cuenta de fallecimientos de personas que no recibieron la asistencia de la DADSE durante el período en que estuvo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano (desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 19 de febrero de 2024)”.
En ese contexto, justificó que “la solicitud se realiza en el marco del derecho de acceso a la información pública y con el propósito de promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los servicios de asistencia médica especializada”. La “transparencia” es una de las supuestas virtudes sobre las que cacarea al gobierno de Javier Milei.
El pedido de información pública reclamaba, puntualmente, “detalles sobre el presupuesto asignado a la DADSE para el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y febrero de 2024, incluyendo desglose de gastos y asignaciones presupuestarias; detalle sobre su ejecución; información sobre el personal administrativo y técnico de la DADSE, especificando la estructura organizativa, cargos y responsabilidades; Descripción de los procedimientos y protocolos utilizados por la DADSE para evaluar y aprobar la entrega de medicamentos y asistencia médica especializada a los beneficiarios; estadísticas y datos cuantitativos sobre la cantidad de beneficiarios atendidos por la DADSE durante el período mencionado, discriminando por tipo de enfermedad y tratamiento otorgado; documentación relativa a las políticas internas de control y evaluación de la calidad de los servicios prestados por la DADSE; y cantidad de amparos presentados por personas que requieren asistencia de la DADSE y respuestas del Ministerio de Capital Humano ante dichos amparos”.
Marino precisó en la acción de amparo que “la denegatoria injustificada a brindar información sobre el funcionamiento de la DADSE durante el tiempo que se encontró bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano reviste una gravedad mayor teniendo en cuenta que es de público conocimiento que la actual gestión de dicho Ministerio tomó resoluciones administrativas y promovió acciones judiciales referidas a dicho organismo, es decir que no puede alegar que ‘aún no se encuentra aprobada en su totalidad la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de los Ministros que tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación; todo lo cual -con el cúmulo de tareas que deriva el traslado de nuevas áreas y competencias, dificulta la tarea de reunir la información solicitada’”.
Capital Humano –añade el escrito de inició del amparo- no garantizó la estructura de funcionamiento “para operativizar e informar públicamente sobre la asistencia a las personas con enfermedades graves, pero sí cuentan con la estructura operativa para tomar decisiones administrativas suspendiendo el funcionamiento de la DADSE y para elaborar denuncias carentes del sustento jurídico suficiente como para ser consideradas válidas por el Poder Judicial”.
“Se trata de información que hace al derecho a la salud y a la vida de las personas, siendo la DADSE un organismo que asiste a personas con enfermedades graves que carecen de los medios económicos para sustentar medicamentos de alto precio, y que por lo tanto debería, dicha información, ser parte de la actividad cotidiana del sujeto requerido, en caso de que efectivamente esté cumpliendo con sus obligaciones legales”, subrayó.
Horas antes de la feria judicial, el fiscal Miguel Ángel Gilligan dictaminó que el juez Furnari es competente para entender en la acción judicial. El expediente volverá a quedar en tratamiento después del receso judicial invernal. Todo parece indicar que hasta entonces, al menos, persistirá el silencio.
