La posibilidad de un canje de deuda que involucre los títulos nominados en dólares con vencimientos de corto plazo tomó más cuerpo en los mercados luego del decreto de necesidad y urgencia 846/24 que publicó el gobierno de Javier Milei. En esencia, la norma flexibiliza los requisitos para una operación de ese tipo, eliminando la obligación de lograr un mejor perfil de la deuda.

El DNU establece que “las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados”.

Esto habilita a que se pueda ofrecer títulos en dólares a los inversores en pesos, en caso de que no haya un superávit fiscal suficiente para hacer frente a los compromisos contraídos (teniendo en cuenta que el gobierno se comprometió a no emitir dinero). O bien que a los tenedores locales de bonos en dólares se los tiente con títulos pagaderos en pesos, ante la escasez de divisas del Banco Central.

El decreto, que dio lugar a un sonado cruce en las redes sociales entre el ministro Luis Caputo y la expresidenta Cristina Kirchner, va más allá: también exceptúa a esas operaciones de cumplir con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a que todas las operaciones de consolidación, conversión o renegociación de deuda impliquen “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

Levantar esa restricción daría luz verde a que el gobierno acepte cumplir con cualquier pretensión desmedida que exijan los mercados para refinanciar un título que corre riesgo de no ser pagado.

La iniciativa ya había sido plasmada en el proyecto de Presupuesto elevado al Congreso. Uno de sus artículos, el 54, habilita al Ministerio de Economía a “realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”. Dado que el trámite legislativo puede insumir algo más de dos meses, y que incluso corre el riesgo de no ser favorable, el gobierno se aseguró un paraguas legal para llevarlo adelante.

La premura dio lugar a especulaciones sobre los próximos vencimientos de deuda. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los compromisos en moneda local a afrontar durante el último trimestre del año rondan los $ 13 billones. Y para 2025, los bonos soberanos (Globales y Bonares) insumirán U$S 8.600 millones, entre capital e intereses.

“Frente a esta maniobra, se desprende que probablemente las autoridades estén preparando el terreno para proponer un canje de deuda, aunque no estaría claro si el objetivo sería incluir también a los acreedores privados o sólo a los entes públicos”, señaló un informe de la consultora Ecolatina.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuestionaron la legitimidad del DNU. En primer lugar, porque consideran que la Ley de Administración Financiera no deja de ser una delegación legislativa y por lo tanto “debe existir una exigencia, requisito o pauta de parte del Poder Legislativo para la tarea encomendada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, se trata de una habilitación sin controles: un cheque en blanco”.

Pero, además, van al fondo de la cuestión: que una eventual reestructuración de deuda signifique pagar un monto mayor o bien ofrecer mayores tasas, lo que perjudicaría al Tesoro. Al respecto, el informe del CEPA recordó un precedente que involucra a un ministro del actual gobierno: “El megacanje de (Federico) Sturzenegger en 2001 fue el caso paradigmático de una reestructuración de deuda ruinosa para nuestro país, que empeoró el perfil de deuda del Tesoro Nacional. Sturzenegger fue procesado por una maniobra que favoreció a sus amigos, unos siete bancos que cobraron comisiones por U$S 150 millones, por hacer de intermediarios de sí mismos”.