El juez federal Rodolfo Canicoba Corral se declaró hoy incompetente para intervenir en la denuncia contra el gobierno nacional por el presunto encubrimiento a la Gendarmería en relación con la desaparición de Santiago Maldonado, dijeron fuentes judiciales.

El magistrado resolvió «declarar la incompetencia (…) por resultar conexa con aquella en la que se investigan los sucesos atinentes a Santiago Maldonado», y remitir la denuncia al juzgado federal de Esquel (Chubut), según el fallo al que accedió Télam. 

«La negativa a reconocer la privación de la libertad o de informar sobre el paradero de Santiago Maldonado constituyen parte del hecho que se está investigando» en el juzgado a cargo de Guido Otranto (Esquel), resaltó Canicoba Corral. 

El magistrado rechazó abrir la investigación, tal como se lo había pedido el fiscal federal Federico Delgado, dado que entendió que los hechos a investigar formarían parte de otra investigación: la de la «desaparición forzada» de Maldonado. 

Delgado le había solicitado a Canicoba Corral que pida un informe «urgente» al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que detalle «las tareas que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado». 

El fiscal también había solicitado que el juez «requiera una copia urgente (del expediente en el que se investiga la desaparición forzada de Maldonado) mediante una nota al Juzgado Federal N°1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut».

El fiscal había recomendado, además, que el juez Otranto sea apartado del caso porque fue él quien ordenó el operativo en el que ocurrieron los hechos investigados y «articuló la intervención de la fuerza de seguridad».

Con su requerimiento, Delgado había dado impulso a denuncias presentadas por la Liga Argentina de Derechos del Hombre y por el abogado Eduardo Barcesat, en las que se acusaba al presidente Mauricio Macri, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), junto a responsables de Gendarmería Nacional.

Maldonado, un joven artesano de 20 años, fue visto por última vez el 1 de agosto durante una protesta de la comunidad mapuche en la ruta 40, en Chubut, según relataron al menos dos testigos que declararon en el expediente y señalaron a la Gendarmería como la responsable de su desaparición forzada. 

La denuncia por presunto encubrimiento fue presentada en los juzgados federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, ya que apunta al gobierno nacional y alcanza, entre otros, al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti; y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Los denunciantes habían hecho referencia a un «pacto de silencio» de las autoridades estatales para «deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social».

Según los denunciantes, la desaparición de Maldonado se produjo a manos de la Gendarmería Nacional y fue encubierta por autoridades del gobierno y de la propia fuerza a través de la utilización de pistas falsas para desviar la atención.El juez federal