Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en el ámbito del predio de la ExEsma, lanzaron una campaña internacional para alertar sobre los despidos y recortes presupuestarios dispuestos por el Gobierno en las instituciones abocadas a la preservación del acervo documental de los crímenes del terrorismo de Estado y la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Se trata de una acción que concitó la adhesión de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos de varios países que le solicitan al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “preocupación” por lo que se considera como “una arremetida” contra políticas que el país siguió durante dos décadas con el propósito de reparar y sancionar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en los años ’70 y que han sido un ejemplo para el mundo.
“Hoy vemos con dolor y preocupación como avanza el desbaratamiento de la ex ESMA, Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en los años 1970 y 1980 el que fue la base de la desaparición forzada de tantos compañeros y compañeras en Argentina”, sostiene un comunicado emitido por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, en el cual se exhibe un estado de preocupación que ya adquiere trascendencia internacional.
Otros organismos nucleados en Fedefam, una organización regional que agrupa a familiares de víctimas del terrorismo de Estado se sumó también a esta campaña. Pero las manifestaciones públicas trascienden los límites de América Latina. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) expresaron en una carta dirigida a Libarona y Baños, sus repudios ante “la avanzada del gobierno de Javier Milei en el desmantelamiento en materia de Derechos Humanos”.
“Además del reciente despido masivo de fin de año de los trabajadores y trabajadoras del centro Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma, expresamos nuestra preocupación por los lugares de memoria que funcionan en los ex centros clandestinos de detención y por el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado”, indicaron desde las centrales italianas.
“Estamos armando esta respuesta con el apoyo del gremio de ATE a partir del consenso nacional e internacional que tienen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Apelamos a que Baños entre en razones y retrotraiga los despidos de los trabajadores que llevan a cabo estas políticas y que están formados para poder cumplirlas”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino Ana González, empleada del Centro Cultural Conti.
La difusión de esta adhesiones y manifestaciones públicas de organismos internacionales se produce como consecuencia de las medidas que la gestión de Baños propició desde fines del año pasado y que tuvo su momento más álgido el 31 de diciembre, con el anuncio del cierre del Conti, un centro cultural que realizaba tareas de difusión y concientización sobre los crímenes del terrorismo de Estado.
Los trabajadores del Conti recibieron ese día una comunicación por wasap en la cual les anunciaban que la institución cerraba de forma provisoria para readaptar su propuesta y “ampliar su mirada para que se pueda hablar de otros temas”, una decisión que los empleados creen que va en el sentido de fomentar “la teoría de los dos demonios” y la denominada “memoria completa” en los espacios que dependen de la Secretaría de DDHH.
Lo concreto es que el 60% de los trabajadores del Conti fueron despedidos por disposición de Baños. Además, también hubo cesantías en los Sitios de Memoria de Virrey Ceballos, Orletti, Olimpo y Atlético, que motivaron incluso un reciente fallo del juez federal Arel Lijo, que le exige al Gobierno nacional preservar y mantener en funcionamiento las actividades que se desarrollan en estos espacios de concientización, establecidos donde antes funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura militar.
Pero la avanzada de una administración que hizo públicas sus posturas negacionistas se extiende también sobre el Archivo Nacional de la Memoria, que entre otras cosas contiene materiales elaborados por la Conadep que estarían en peligro ante los recortes presupuestarios y la falta de conservación de esos documentos.
Ante esta situación, también sumaron sus voces de alarma el Sindicato Internacional de Servidores Públicos, con sede en Sudáfrica, colectivos y organizaciones de Derechos Humanos de diversas regiones de España y asociaciones que querellan en causas que se siguen por los crímenes cometidos por el Franquismo.
“La experiencia de nuestras luchas nos enseña que cuesta mucho conseguir los derechos y muy poco perderlos. Por este motivo, queremos aunar nuestras fuerzas con las organizaciones de derechos humanos y de memoria de Argentina para que el negacionismo ultrarreaccionario no tenga oportunidad de arrebatarnos lo conseguido hasta ahora”, se indicó en un documento que firmaron más de 30 organizaciones españolas.
