El miércoles el sindicato de Camioneros y las cámaras del sector presentaron un nuevo acuerdo paritario con el propósito de que la Secretaría de Trabajo avance con su homologación. El entendimiento establece un incremento del 15% en marzo y un 9% para el mes de abril. Además, incluye el pago de sumas adicionales y remunerativas para los mismos meses equivalentes al 10% del salario en marzo y del 7% para abril.
De esa manera el gobierno accedió al reclamo del sindicato a homologar el acuerdo que incluye una suba en marzo algo superior al 11% de inflación que arrojó el IPC para ese mes pero se ubica por debajo del tope del 10% pautado para el mes de abril.
La negativa del secretario de Trabajo Julio Cordero era el resultado de un lineamiento surgido de la cartera de Economía comandada por Luis Caputo que, en su política de anclar los precios a través de los salarios, dio la orden de no avalar ningún acuerdo por encima de la inflación mensual ocurrida o proyectada.
En su momento el titular del Palacio de Hacienda había señalado que “está establecido que (la Secretaría de Trabajo) tiene que homologar las paritarias. Si está establecido eso, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar» y fundamento, «es parte de todo con el equilibrio general. Todo esto está atado, sino entrás en una carrera nominal en donde yo te convalidó cualquier cosa y vos convalidás cualquier precio. Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido”.
Concesiones
Para eso, claro, el sindicato tuvo que aceptar que diez puntos del mes de febrero y once del mes de abril que, si bien serán incorporados al básico, sean presentados como sumas adicionales. El acuerdo original de un 45% de aumento se fundamenta en el hecho de que el gremio no obtuvo aumento alguno durante el mes de diciembre cuando la inflación superó el 25,5%. La sumas adicionales, por eso, serán contabilizadas bajo la forma de una “recomposición diferencia mes de diciembre”.
Fuentes del gobierno aseguran que, además, el acuerdo tendrá vigencia hasta el mes de mayo mientras que desde el sindicato sostienen que se sentarán en los próximos días para discutir los incrementos pautados para los meses de mayo y junio. El gobierno habría accedido también a incorporar un mes más del subsidio a la Obra Social sindical de $10 mil por trabajador.
Reclamo central
El entendimiento final se produjo luego de que la CGT hubiera formalizado en su reunión con el gobierno su reclamo fundamental de la homologación de las paritarias en forma indiscriminada. El pedido resulta acorde con el espíritu libertario en tanto las paritarias representan un acuerdo de “precios” entre privados. La no homologación implica una intervención e injerencia del Estado en el mercado de Trabajo. La intransigencia oficial en aquella reunión no dejó otra alternativa a la CGT de convocar un nuevo paro general pautado para el 9 de mayo.
Es evidente que para llegar a este nuevo acuerdo entre partes hubo un acercamiento entre el sindicato y representantes del gobierno. El mismo se habría producido en una reunión posterior a la de todos los funcionarios con la cúpula de la CGT acotada a Cordero y Hugo Moyano. El lunes el mismo Cordero aseguró que las paritarias serían homologadas y el martes se conoció la nueva propuesta que espera para ser formalizada.
La disputa por el relato
Con todo ahora se abrió una disputa política en torno a quién retrocedió y quién no lo hizo que se puso de manifiesto en la interpretación contradictoria que diversos medios y especialistas del mercado laboral realizaron. Mientras el gobierno difundió una gacetilla con el nuevo acuerdo omitiendo los valores de las cifras no remunerativas, Pablo Moyano salió al cruce negando que el nuevo acuerdo fuera «a la baja». El dirigente camionero aseguró que sus afiliados “ya recibieron el 25% de marzo y ahora cobrarán 20% en abril”. Además aseguró que habrá un adicional del 2% para algunas ramas específicas.
El diferendo no es apenas una disputa de egos. La aceptación de cifras adicionales, más allá del monto de bolsillo, representa una concesión del sindicato que tiene diversas aristas.
Sobre todo, porque, a tres semanas del paro general, implica un antecedente de adaptación a las condiciones que busca imponer el gobierno de parte de un gremio de peso en la CGT mientras existen otros acuerdos ya firmados que, superando la pauta oficial, esperan ser homologados. Los casos más resonantes son los del gremio aceitero y la UOM.
