La imagen de una anciana que recoge berenjenas rodeada por policías con escudos y escopetas lanzagases dio la vuelta al mundo. Sucedió hace menos de diez días durante el “verdurazo” de Constitución y muestra el endurecimiento del gobierno porteño ante las protestas callejeras: Horacio Rodríguez Larreta busca alinearse definitivamente con las políticas de “mano dura” que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El giro supera los límites de la campaña electoral de este año e incluye una serie de movimientos dentro de la estructura policial de la ciudad para aplicar esa estrategia en las calles y frente a las cámaras.
La compra de “pistolas inmovilizantes no letales”, más conocidas como Taser, fue uno de los primeros pasos de ese cambio de paradigma. Las armas llegarán junto a un entrenamiento en Río de Janeiro impartido por el temible BOPE, el grupo de élite, que se hizo tristemente célebre por sus violentas incursiones en las favelas cariocas. La utilización de esas armas será parte del mensaje que la administración originaria del PRO buscará transmitir mediante sus tropas policiales, especialmente ante protestas sociales, uno de los escenarios de mayor tensión política de la capital que hasta un tiempo atrás dividió posiciones entre la Ciudad y la Casa Rosada.
Cómo reaccionar ante las manifestaciones es una discusión que envolvió al macrismo el mismo día en que Larreta asumió la alcaldía capitalina, luego de haberse desempeñado durante ocho años como jefe de Gabinete del entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.
Con el traspaso de la Policía a la órbita porteña el debate se profundizó, aunque durante los primeros años de gestión comunal de Macri, la primera versión de aquel interés por desarrollar una fuerza civil armada propia fue la creación de la Policía Metropolitana, la marca del PRO en materia represiva que incluyó en sus escándalos públicos la utilización de las mismas Taser.
Con la transferencia de las comisarías porteñas de la ex Policía Federal a la nueva Policía de la Ciudad, el debate sobre los métodos represivos para enfrentar las protestas sociales amplió sus límites. Desde el gobierno nacional consideraron que la Ciudad debía impedir los cortes de calle a como diera lugar, mientras que desde Parque Patricios apostaban a la negociación con los manifestantes. Algunos atribuyen esa tensión a una presunta sensibilidad porteña y otros prefieren delimitar ese fenómeno a la necesidad del «larretismo» de postergar los costos políticos negativos de la represión. Claro que la mayoría de las protestas ocurren en el ámbito porteño pero están dirigidas a la Casa Rosada.
“Ni caras tapadas ni palos y dos carriles liberados”, fue la orden que bajó el ex ministro de Seguridad, Martín Ocampo, para permitir las marchas en territorio capitalino. En los dos primeros años de la gestión Cambiemos el concepto que acuñó Ocampo al frente de la policía porteña pareció acompañar la política del «gradualismo». Desde la asunción del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli como remplazante de Ocampo al frente de la cartera de seguridad capitalina ese mandato no corre más, aunque detrás de los cambios de nombres en la primera línea, existen continuidades clave en el segundo plano, como el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, virtual viceministro del área y principal mando civil de los uniformados porteños. Su rol en la nueva instrumentación de la violencia policial ha dejado de tener un segundo plano.
A mediados de la semana pasada, durante una manifestación de trabajadores de la imprenta MadyGraf la policía porteña dio renovadas muestras de su acercamiento a los lineamientos de Nación cuando golpeó y detuvo a dos fotógrafos y a miembros de la empresa recuperada que protestaban contra las irregularidades cometidas por el Ministerio de Educación en una licitación de materiales escolares.
La interna que ganó Bullrich
La Reforma Previsional marcó un antes y un después en la relación entre Ocampo y Bullrich. La “Piba” fue la encargada de controlar el primer operativo policial que rodeó el Congreso y que terminó de la peor manera. En medio de una represión sostenida a manifestantes y hasta legisladores que protestaban contra la medida impulsada por el gobierno nacional, el oficialismo tuvo que posponer la sesión. La ministra fue quien cargó con el fracaso de esa jornada y a la semana siguiente la Ciudad quedó a cargo del control policial.
A pesar de que la represión se repitió, el operativo que encabezó Ocampo le dio aire al gobierno nacional. Las imágenes de los policías recibiendo pedradas de los manifestantes fue un aliciente para Macri después de las críticas recibidas por el desmedido accionar policial pocos días antes. El Congreso aprobó la ley y Ocampo quedó fortalecido en el Gabinete porteño.
Un año más tarde llegaría la revancha de Bullrich. El desastroso operativo organizado por la Ciudad para la revancha de la súperfinal que River le ganó a Boca terminó costándole el puesto a Ocampo. Fue el propio Macri quien pidió su cabeza, ante un Larreta que esa vez no pudo eludir los costos políticos y resignó a su ministro, sin expulsar a su vice.
Santilli asumió temporariamente la jefatura del Ministerio de Justicia y Seguridad y después abrazó las políticas de Bullrich. El “Colorado” no pretende estar demasiado tiempo el frente de una cartera que sus colaboradores consideran una auténtica bomba de tiempo. Cualquier paso en falso puede terminar con sus aspiraciones políticas y por eso el vicejefe porteño quiere partir cuanto antes.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad D’Alessandro aguarda en bambalinas, pero ya maneja el tablero de mando de la policía porteña. Ambiciona quedarse con el Ministerio. No es un desconocido para el poder: es el ahijado político de la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad, María Romilda Servini, que lo conoce desde su infancia. El respaldo de la «Chuchi» y la influencia que le adjudican sobre el gobierno porteño es parte de los componentes que podrían transformar al actual secretario en ministro. Dentro del Gabinete comunal son varios los que descuentan que antes de fin de año logrará su cometido.
“Los que te piden mano dura después te van a putear cuando le den otro bife a la señora de las berenjenas. Lo de Santilli es algo a muy corto plazo, pero ahora viene un momento más álgido. Creen que como en diciembre no pasó nada no va a haber quilombos”, evaluó un dirigente opositor porteño.
Según pudo saber Tiempo, con el cambio de ministro Larreta busca recuperar “la autoridad de la policía frente a la sociedad”. Desde el gobierno pronostican que con el correr de las semanas “la calle va a ir levantando temperatura”, por el incremento de la conflictividad social. El anticipo del espejo mas temido por Larreta, cuyos funcionarios admiten que “hay mucha gente que la está pasando mal por la situación general”, pero prefieren adjudicar el incremento del malhumor al “año electoral” por “situaciones más raras” como no pedir permiso a las autoridades para realizar manifestaciones, una argumentación que despierta sospechas en las organizaciones, especialmente cuando cumplen con las formalidades y no obtienen permiso alguno.
“La distorsión en el uso de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad está vinculada a mostrar una cierta dureza, más en sintonía con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que a resolver los problemas reales en la calle”, aseguró el defensor adjunto de la Ciudad, Gabriel Fuks.
Taser y aumento de las detenciones arbitrarias
A mediados de enero el gobierno porteño comunicó que finalmente compraría pistolas eléctricas de fabricación brasileña. Las armas llegarán con un entrenamiento provisto por la fuerza de elite carioca BOPE, conocida por sus violentas incursiones en las favelas de Río de Janeiro.
El ministro de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, fue uno de los primeros funcionarios en ensalzar a las fuerzas de elite brasileñas. Desde la Ciudad siguieron sus pasos y acordaron asesoramiento y cursos para los policías locales.
En principio el distrito capitalino comprará entre 70 y 100 pistolas inmovilizantes que podrían llegar a 300 en los próximos meses y se destinarían a los policías que custodien el subte. Con un costo cercano a los 3000 dólares, las armas generaron el rechazo de los organismos de derechos humanos que las identificaron como un elemento de tortura.
Sin embargo, antes de que lleguen las armas eléctricas, el modelo trazado por Bullrich y seguido por la Ciudad comenzó a hacer agua. En los últimos días se conocieron las cifras de los detenidos procesados por los incidentes sucedidos durante la votación de la reforma previsional y absolutamente todos fueron sobreseídos.
Hubo tres casos que fueron seguidos con mayor atención por los medios de comunicación. Dos ciudadanos venezolanos, que el gobierno nacional caracterizó como “agentes chavistas” resultaron ser repartidores venezolanos “anti Maduro” que pasaban cerca de la Plaza de los Dos Congresos después de dejar a resguardo sus motos, mientras que el turco, retratado por el oficialismo como un “activista anti G20”, no era más que un inmigrante que realizaba trámites para conseguir la ciudadanía argentina.
La justicia no pudo demostrar que ellos, al igual que otras 23 personas también detenidas, hubieran participados de los incidentes. Lo mismo sucedió con las mujeres apresadas en la marcha del #8M ocurrida en 2017. La policía las detuvo luego de una cacería por locales cercanos a Plaza de Mayo y resultaron sobreseídas.
Para este año las detenciones “arbitrarias” podrían aumentar y cruzar los límites de las manifestaciones. “Las reformas al Código Contravencional están destinadas a detenciones selectivas. Va a haber más limpiavidrios y cuidacoches detenidos. Las modificaciones buscan conformar a los vecinos contribuyentes y criminalizan una forma de subsistencia que no tiene por qué ser violenta”, explicó el defensor adjunto de la Ciudad y titular del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Luis Duacastella sobre los cambios en el código porteño. «
Con Ritondo de candidato, Vidal suma al plan
En una decisión con objetivos múltiples, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal resolvió que su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, encabece la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La incorporación de Ritondo al Congreso –siempre que el macrismo gane las presidenciales, por supuesto– permitirá que el extitular de la Legislatura porteña reemplace a Emilio Monzó al frente de la Cámara Baja. Que Ritondo aparezca como el primer nombre de la lista sumará un dirigente de peso, con llegada a periodistas y empresarios mediáticos, en una de las estrategias de campaña de Cambiemos: privilegiar el debate en torno a la seguridad como uno de los ejes de discusión en el tramo previo a las elecciones. Ese tópico, y no la economía, es el que busca instalar Cambiemos a la hora de buscar votos. La determinación de ubicar a Ritondo como primero de la lista se acordó en una reunión de evaluación electoral en la que participó el jefe de Gabinete Marcos Peña. Además, el ascenso de Ritondo cuenta con el guiño de Federico Salvai, jefe de Gabinete de Vidal.
