Con un faltazo clave, Cambiemos logró una vez más postergar el tratamiento de la problemática de las tarifas en el Congreso luego de que no se hicieran presentes los integrantes de la comisión de Presupuesto y hacienda, por lo que no se pudo lograr emitir un dictamen. 

Hace un mes el Frente para la Victoria había intentado votar en el recinto el freno al tarifazo en una sesión especial. Sin embargo, Cambiemos recurrió al reglamento para advertir que si un proyecto no tenía dictamen de comisión, no podía ser votado sobre tablas. Entonces, se votó citar al ministro de Energía Juan José Aranguren para que diera explicaciones a los diputados.

Sin bien esa instancia se cumplió a la semana siguiente, con una extensa visita del ministro a Diputados, y el dictamen comenzó a elaborarse en tres comisiones, por el momento quedó paralizado el tratamiento ya que Cambiemos puede manejar los tiempos de modo que se siga postergando la firma definitiva y su tratamiento en el recinto.

Hoy estuvieron dos de las tres comisiones, y los dictámenes tienen que estar firmados por integrantes de todas las comisiones que participaron en su elaboración. Sí estuvieron presentes los diputados del Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el bloque Justicialista quienes integran las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Sin embargo, para ser tratado en el recinto, el proyecto deberá ser avalado por la Comisión de Presupuesto y hacienda, donde si bien no preside Cambiemos, sí tiene poder para frenar su intervención.

A tres días de la audiencia pública por la tarifa de gas se elaboró un dictamen que establece criterios sociales y federales para fijar las tarifas. El texto abarca los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y de prestación de agua potable, y contiene capítulos relativos a la “equidad federal”, la “protección social” y la “protección del empleo”.

“Son estándares mínimos que debería seguir el gobierno”, explicó el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto (Bloque Justicialista), dado que es el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de fijar el cuadro tarifario. Su compañero de bloque, Pablo Kosiner indicó que el proyecto es discutido en un contexto donde “la sociedad ha restringido el consumo de alimentos” y hubo un “aumento de importaciones sin estrategia”.

“No estamos autorizados para fijar tarifas, pero estamos obligados a darle a este gobierno un marco de equidad tarifaria federal que hoy no tiene”, señaló el salteño.

En tanto, Alejandro Grandinetti (Frente Renovador) dijo que “agregar federalismo a la discusión no es solo una cuestión de costos: es la asignación de un derecho básico para tratar de que efectivamente avancemos hacia la pobreza cero”.

Darío Martínez, del Frente para la Victoria, lamentó que el Congreso no haya tratado antes este tema. “Parece que vamos detrás de los problemas, pero hay un Ejecutivo que va mucho más atrás”, advirtió.

En tanto, los diputados de Cambiemos se defendieron. Fue fundamentado por la radical Alejandra Martínez consideró que “lo único que se hace es obstaculizar un proceso que se está llevando a cabo con toda corrección” después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el tarifazo. La legisladora sostuvo que la oposición “tiene una intencionalidad de ver qué rédito político sectorial se puede sacar, sin importar en absoluto la situación de la población”. En tanto, el macrista Guillermo Durand Cornejo, quien habló de un “proyecto panescénico”.

El proyecto crea un “Régimen de Equidad Tarifaria Federal” que tiene por objetivo principal “evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”.

Entre otras cosas, indica que “no se podrán fijar tarifas y costos mayores para zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en relación a otras de mejor calidad de vida”. Además, “no se podrán fijar, para el resto de los usuarios del país, tarifas superiores a las que correspondan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, establece un sistema de “Tarifa Social Universal” para los servicios de gas, luz y agua potable, “con el objeto de garantizar a los hogares que se encuentren en situación transitoria o permanente de vulnerabilidad socio-económica el acceso a los mismos a través de un precio diferencial”.

Esta tarifa consistiría en una reducción no menor al 30% de la tarifa vigente para las micro y pequeñas empresas, cooperativas, fábricas recuperadas y pequeños contribuyentes.