Si hubiera llegado a concretarse el debate de este jueves en la Cámara de Diputados sobre el pedido de declaración de la Emergencia Educativa, se completaba un circuito de reclamos que nacieron en lo profundo de los municipios del Conurbano bonaerense. Demandas que primero se hicieron oír en la Legislatura provincial y que derivaron en que se concrete la Emergencia en Infraestructura Escolar en toda la Provincia, aunque el objetivo era que, además del aspecto edilicio, alcanzara lo alimentario y lo social.
«Los colegios se convirtieron en lugares inseguros para los chicos.» «Puede ocurrir otra tragedia como la de Moreno.» «Cada vez son más pequeños los menúes de los comedores escolares y los pibes salen con hambre.» «Ya no llegan los insumos básicos para dar clases», son sólo algunos de los argumentos que se escuchan en varios de los principales municipios del Gran Buenos Aires que declararon –o están a punto de hacerlo– la Emergencia Educativa.
El municipio de General Rodríguez, administrado por el intendente PRO Darío Kubar, fue uno de los pioneros en declararla en el mes de abril, mucho antes que ocurriera la «tragedia» de las muertes de Sandra y Rubén en la escuela 49 de Moreno. La declaración estuvo basada en la falta de mantenimiento de las instalaciones de gas, eléctricas, y en la superpoblación de aulas, ya que «hubo cursos de hasta 80 estudiantes, tanto en primaria como en secundaria», dijo a este diario la concejala por Unidad Ciudadana, Claudia Guerra. Otra problemática en el municipio, es el abandono de las obras en construcción de los nuevos edificios educativos, hecho que se produjo con el cambio de gestión provincial y se acentuó con el desarme de la Unidad Ejecutora Provincial a fines de 2017.
Pero sin lugar a dudas la situación de hambre de las niñas y los niños fue lo que obligó a declarar la Emergencia Educativa en el distrito, dado que el intendente Kubar «se sigue manejando con la misma cantidad de cupos que para el período 2014/2015», finalizó la concejala.
En tierras de Walter Festa, donde ocurrió la explosión que terminó con la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la Emergencia se aprobó el pasado 10 de agosto, días después de producirse el trágico hecho.
A su vez, el intendente de Merlo, Daniel Menéndez, firmó un decreto en la segunda semana de agosto que habilita la Emergencia Edilicia y de Infraestructura Escolar. Esa declaración agilizó el otorgamiento de un subsidio de 3 millones de pesos al Consejo Escolar, para que sea destinado a restablecer el normal funcionamiento de los centros educativos locales.
Una de las declaraciones más recientes fue la aprobada este miércoles en el Concejo Deliberante del municipio de Ituzaingó, que además de la Emergencia Educativa, incluye la Social, la Económica y la Alimentaria. En el distrito «hay casi 30 establecimientos con pérdidas de gas, más de 20 no dictan clases y además se han detectado falencias de instalaciones eléctricas y filtraciones en los techos, y los servicios alimentarios no dan abasto», explicó el concejal Marcelo Nadal a Tiempo. Luego de la aprobación de esta ordenanza, un total de 14 jefes comunales de los distritos bonaerenses con mayor cantidad de habitantes, entre ellos: Hurlingham, Tigre, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Martín, Malvinas Argentinas y Escobar, entre otros; se reunieron en Ituzaingó para declarar la Emergencia Educativa, Social, Alimentaria y Económica. Además anunciaron que acercarán a la gobernadora el pedido de que declare lo propio en la provincia.
Este jueves, el último distrito que intentó aprobarla fue Morón. El proyecto fue presentado por Unidad Ciudadana con todos los bloques opositores y la votación terminó con 12 votos a favor y 12 en contra. La presidenta del HCD, Analía Zapulla, desempató con su voto negativo después de negarse a darles la palabra a integrantes de la comunidad educativa.
«Esto es una muestra más de que el intendente Tagliaferro gobierna de espaldas a la comunidad», dijo el jefe del bloque de Unidad Ciudadana, el concejal Hernán Sabbatella. «
