No son hechos aislados ni situaciones puntuales. En los últimos meses, el Poder Ejecutivo porteño profundizó el hostigamiento contra trabajadores y trabajadoras de los Hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Una decisión política que va en sintonía con los despidos de estatales en el Gobierno Nacional y con la virulencia de Milei hacia el conjunto de las y los empleados públicos.
El viernes pasado, el histórico delegado del hospital Durand y del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Héctor Ortiz, recibió un nuevo ataque del Gobierno local. La cartera de salud, liderada por Fernán Quirós, solicitó la exclusión de tutela del líder sindical para aplicarle una sanción y despido por defender los derechos de sus compañeros de trabajo y la salud pública.
Esta situación se suma a otro pedido de desafuero ocurrido hace pocos días, sobre Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez, delegado y referente gremial de la Asociación de Médicos Municipales (AMM).
“No es de ahora, ocurre ya hace 16 años esta persecución a los compañeros y compañeras que luchamos por mejorar y fortalecer el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires denunciando la falta de insumos, de personal, la falta de equipamiento y tecnología en la mayoría de los hospitales porteños y, sobre todo, también en los centros de salud. Hay un abandono total de parte del gobierno y que se profundiza más aún con Jorge Macri”, explica a Tiempo Luis Ortiz, delegado y referente sindical del Hospital Durand.
“Venimos de la época de Larreta, de Mauricio Macri, y ahora el otro Macri. Siempre con los mismos problemas y con un presupuesto mucho menor. Esto impacta en la atención a los vecinos y vecinas que asisten al hospital público. Así que no es novedad, es continuo el ataque, la persecución. Nosotros tenemos alrededor de nueve compañeros y compañeras cesanteados por el gobierno de la Ciudad, la mayoría fue reincorporado por su tutela gremial, pero insisten en la persecución, insisten en callar a quienes luchan por una mejora de la salud pública”, agregó.
En las últimas horas, el referente sindical hostigado por la gestión PRO denunció en sus redes sociales que la actual administración porteña profundizó el vaciamiento en los hospitales públicos. En un video sintetizó la situación por algunos nosocomios porteños: falta de insumos, equipamiento y personal, entre los principales problemas.
En la edición impresa del domingo 23 de junio, Tiempo publicó un informe sobre la persecución y hostigamiento sindical que realiza el macrismo porteño desde que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. En la nota se repasan varios hechos donde trabajadores y trabajadoras porteños de diferentes sectores fueron víctimas de la opresión estatal, al recibir penas como suspensiones sin goce de sueldo y desafueros sindicales. Entre los gremios más atacados por la gestión PRO están los docentes, siguen los trabajadores de la salud y metrodelegados.
La persecución a trabajadores de la educación
En 2012 el Inadi presentó un amparo para que se cierre el 0800 que inauguró el por entonces ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. Una línea creada para recibir denuncias por hechos de supuesta “intromisión política en las escuelas”.
En 2017, la Ciudad dijo que al menos 50 equipos directivos de escuelas encubrieron a maestras que hicieron paros en marzo de ese año. Para llegar a esta cifra, argumentó que cruzó datos entre la carga de ausencias del sistema declaradas por los equipos de conducción y los datos que supuestamente constataron, mediante más de 350 auditores que fueron enviados a las escuelas durante los días de paro para hostigar a los docentes. Por entonces, la Ciudad justificó más de 50 mil descuentos salariales a quienes ejercieron medidas de fuerza.
Los hechos persecutorios en CABA se extendieron hasta las familias y estudiantes. En 2022, la ex ministra Soledad Acuña, envió cartas documentos a padres y madres de alumnos que tomaron escuelas en el marco de varios reclamos vinculados al mejoramiento de infraestructura escolar, viandas y en oposición a las pasantías gratuitas del PRO.
“La docencia no sólo es perseguida acá, hubo persecución y hasta docentes muertos en México y en Chile. Muchos de nosotros, los maestros y maestras, vivimos todo el día con la crisis social, las políticas de gobierno, vemos todo el tiempo el desempleo que tienen las familias y quienes cuidan a otros pibes. Estamos todo el día con las crisis familiares, las vivimos de forma cotidiana y la docencia ofrece un rol de contención y eso hace repensar de forma crítica las medidas de los gobiernos”, destaca Juan Manuel Di Vincenzo, delegado de la Asociación ADEMYS, que desde el 2022 tiene una causa impuesta por Soledad Acuña para quitarle los fueros.
“La persecución política es porque el gremio docente es un gremio sumamente organizado y en ese sentido da siempre pelea y resistencia a los gobiernos. Y también porque somos educadores, tenemos presente el espíritu crítico, queremos formar estudiantes independientes, autónomos, formados de manera integral. Muchas veces las medidas adoptadas por los gobiernos generan un impacto social muy grande y nosotros como trabajadores del Estado estamos justamente ahí en el límite, somos el primer contacto con las familias”, agrega.
En junio pasado, la Justicia falló a favor de Jorge Adaro, actual secretario gremial del sindicato y otro de los docentes al que el macrismo intentó quitarle los fueros. Tanto Adaro como Di Vicenzo son perseguidos en la misma causa y ahora la justicia tiene que fallar sobre el caso de este último.
