Los sindicatos docentes porteños siguen con las medidas de fuerza para hacer cumplir el DNU del Gobierno Nacional que suspende la presencialidad en las escuelas ante la situación epidemiológica. Las protestas, que ya van por la cuarta semana, se potenciaron luego de conocerse el fallecimiento de más docentes por Covid-19.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) realizan una “retención de servicios a la presencialidad”, además de semaforazos en escuelas y esquinas de la Capital Federal. Desde el gremio indicaron que la presencialidad en establecimientos públicos es del 20 %, en parte por las medidas de fuerza, pero además por el pase a virtualidad de los niveles superiores, las burbujas pinchadas, el aislamiento por contacto estrecho y familias que deciden no enviar a sus hijos.
El secretario adjunto, Eduardo López, indicó que “las escuelas están semi vacías” y que “la comunidad educativa está realizando una especie de huelga comunitaria”. “Hacemos retención de servicio. Es una batalla a la presencialidad. El que no puede bancar el descuento, va a la escuela y hace semaforazos, habla con la familia, o se hacen asambleas en el lugar de trabajo. Una especie de plan de lucha por abajo. En algunos casos hay clases a distancia. Ahí damos la clase. No paramos. Cada curso que pasa a la virtualidad lo consideramos una batalla ganada a favor del cuidado y la educación”, le dijo a Tiempo Argentino.
Desde Ademys también continúan con las acciones por distrito escolar, en las puertas de los establecimientos educativos y en las calles. Desde el lunes están de paro, una medida que retomarán el próximo miércoles. La secretaria gremial, Amanda Martínez, pronosticó un conflicto a largo plazo. “La lucha sigue. Lo que estamos pidiendo es que el Ministerio de Trabajo de la Nación intervenga para que no nos descuenten los días. Esta es la cuarta semana de conflicto. Esto va a seguir porque hay un problema que no se ha resuelto”, afirmó en diálogo con este diario.
Las opiniones con respecto al proyecto de ley Restricciones Sanitarias del Poder Ejecutivo están divididas. Según el texto, las clases presenciales se suspenden cuando una región entra en “Alerta Epidemiológica” definida como 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Y con un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva mayor al 80%. Desde UTE consideraron que va a ayudar a regularizar la situación, aunque dudan de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la cumpla.
”Puede ayudar a ordenar, pero Larreta puede desobedecerlo. Si es así, la comunidad educativa desobedecerá a Larreta. Creo que hasta puede desoír la ley porque ya entró en un camino de competir con Patricia Bullrich. Creo que la incidencia de casos en 500 es alto, tiene que ser más bajo. Este Larreta 2021 puede incumplir una ley, pero no puede hacernos ir a todos, todos los días. Puede juntar votos, pero no puede generar que la Ciudad de Buenos Aires sea Manaos o la India por la resistencia pasiva”, afirmó López.
Por su parte, Martínez sostuvo que “el proyecto no va a colaborar”. “Es limitado por las variables que toma en cuenta para aplicar en eventuales cierres. Son números de contagios semanales en relación a la cantidad de habitantes alto. Lo mismo vale para la ocupación de camas de terapia intensiva. Pero peor aún es que en ningún momento plantea la actividad económica productiva que puede ser plausible de restricciones o cierres. Por eso nos parece que es limitado. Sólo en casos graves plantea cerrar la presencialidad y las variables que toma también son discutibles. No va a servir ni a colaborar a la crisis abierta en términos educativos. No lo apoyaremos”, afirmó.