A dos semanas de la movilización que encabezó la CGT a Tribunales en repudio al DNU 70/2023 presentado por el Ejecutivo nacional, el Ministerio de Seguridad -que dirige Patricia Bullrich– intimó a los sindicatos participantes a pagar diversos montos en concepto costos operativos para “hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público.”

La carta documento, firmada por el secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa, impone un plazo de diez días hábiles para el pago “solidario” del monto bajo “apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.”

El pago solidario implica que cada sindicato es responsable por la totalidad de la deuda, y el Estado puede exigir el pago completo a cualquiera de ellos.

Sin embargo, los reclamos de Bullrich de «pagos solidarios» varían de sindicato a sindicato. Por caso, al el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) se le exige un desembolso por encima de los $ 100 millones, mientras que a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la mitad, y al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, poco más de $ 40 millones.

Se desconoce el criterio empleado por Bullrich para establecer esos montos diferentes para cada entidad sindical.

Los sindicatos intimados, además del SUTNA, ATE y SiPreBA, fueron Camioneros, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), las dos CTA, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y Conadu Histórica. El oficio, sin embargo, no incluye a la Confederación General del Trabajo.

También están sindicados el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), la Agrupación Izquierda Socialista y el Polo Obrero.

El secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, en diálogo con Tiempo, manifestó su repudio a la acción oficial. «Es gravísimo -dijo-. Es un hecho que no tiene antecedentes en estos 40 años de democracia, viola el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional».

Lecchi subrayó que, con esto, el gobierno «pretende desalentar la movilización popular y cambiar el eje de discusión. Hoy la discusión de la sociedad y de las organizaciones tiene que ser derrotar el DNU, la ley ómnibus y el plan económico de este gobierno nacional que tiene una devaluación y una inflación aceleradas de manera consciente para generar una enorme transferencia de recursos, que nos va a llevar a los peores índices de pobreza de los que tengamos memoria en la historia de nuestro país. Por lo tanto, lo que hay que discutir es eso».

El dirigente indicó: «La respuesta tiene que ser que el 24 (de enero) tenemos que ser millones en las calles de todo el país. Y después del paro del 24, tenemos que seguir con un plan de lucha con las centrales sindicales a la cabeza y todos los sectores sociales».

Por su parte, Daniel Yofra, secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros, subrayó el rechazo del sindicato. «Nuestro repudio es total ante la sanción a cualquier gremio por protestar, y consideramos que la CGT tiene que llamar a un paro por tiempo indeterminado para enfrentar al gobierno, ante la persecución sindical, económica y política hacia todas las organizaciones, y no cumplir con el precepto democrático de la Constitución Nacional donde los trabajadores tienen derecho a manifestarse».

Yofra agregó: «Lo repudiamos enérgicamente como a la Reforma Laboral por DNU y todas las medidas que están tomando contra la clase trabajadora desde este gobierno. Desde la Federación de trabajadoras y trabajadores aceiteros planteamos a la CGT que haga un paro por tiempo indeterminado».

A pesar de la sorpresa y rechazo que generó en redes sociales, esta acción del gobierno fue anticipada el día de la movilización por la ministra Bullrich. “Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, sostuvo en ese momento la funcionaria.