La disputa por la calle va tomando ribetes más tensos. En momentos en que la CGT apuesta a canalizar el descontento popular y nutrir la movilización del miércoles con un gran número de “manifestantes de pie” motivo por el cuál forjó la consigna “El 24 ya es de todos”, la ministra de seguridad Patricia Bullrich intensificó sus provocaciones contra los convocantes.
En el mismo momento en el que confirmó la vigencia del protocolo antipiquetes desafió a Pablo Moyano. El dirigente camionero había ridiculizado la postura de la ministra señalando que “para cumplir con el protocolo debería llevar a los 40 mil trabajadores del gremio en fila india o a upa”. La ministra recogió el guante e irónicamente dijo “que los lleve a upa si quiere, que los lleve como quiera, pero nosotros vamos a hacer cumplir el protocolo todo lo que podamos. Es nuestra obligación decirle a la sociedad que está liberada de ver, cuando se levanta, si hay un piquete o no».
Además, la funcionaria señaló que “uno tiene que hacerse cargo de sus actos. Es un país que necesita salir porque estamos en una crisis muy fuerte” y apostando a oradar la medida destacó que “habrá una gran cantidad de gente que va a aprovechar que hay transporte para ir a trabajar«. Para eso, insistió, que redoblaría sus esfuerzos para que «la gente tenga la mayor normalidad posible, tratando de que si ellos van al Congreso, las calles aledañas no estén totalmente tomadas».
A la vez apuntó contra la CGT y su actitud con relación al gobierno anterior: «(el paro) es una reacción desmedida, cuando (la CGT) venía de dormir la siesta durante años«.
La factura del operativo
Finalmente, Bullrich confirmó que “les mandará la cuenta” a los sindicatos en referencia al costo del operativo policial que implique la movilización. Es lo que ya había hecho con los convocantes de las movilizaciones del 20 y 27 de diciembre pasados. Frente a esa actitud la CGT y las CTA rechazaron la intimación y recurrieron a la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT).
En un comunicado aseguraron que “la OIT confirmó la recepción y apertura de la queja presentada por CGT, CTA y CTA Autónoma, las tres centrales argentinas, ante el Comité de Libertad Sindical, por la cual reclaman frente a la multa o imposición ilegítima por compensación que exige el Gobierno Argentino en relación a los supuestos gastos originados durante la protesta organizada el 27 de Diciembre del 2023 frente al Palacio de Justicia de la Nación”. Allí, aseguran que “la OIT informa que el Director General de la organización se ha puesto en contacto con el Gobierno Argentino solicitando explicaciones por los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales”.
Negociación paralela con la CABA
En paralelo la Central obrera estableció una mesa de negociación con las autoridades del ministerio de seguridad porteño y la Policía de la Ciudad para coordinar y “consensuar cuestiones de seguridad y organización del acto” con “la finalidad de garantizar el desarrollo pacífico del acto, la seguridad de todos/as los compañeros/as que concurran y el normal desarrollo de las actividades de los vecinos de las zonas afectadas”.
En ese punto señalaron que llegaron a una serie de acuerdos que incluyen que las columnas “ingresarán por la Avenida de Mayo desde la Avenida 9 de Julio hacia la Plaza de los dos Congresos, garantizando la circulación de Bomberos, Ambulancias, autos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la traza”. Además señalaron que “solicitamos instalar el palco sobre la calle Entre Ríos y desde allí llevar adelante el acto hacia el interior de la Plaza de los Dos Congresos, dejando espacio de circulación sobre la Avenida Entre Ríos”.
Por último señalaron que “solicitamos también a las autoridades de la Ciudad que ejerzan un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar a fin de garantizar el desarrollo pacífico del acto sin incurrir en provocaciones y/o agresiones«.
Amparo de la izquierda
Otro de los sectores que participará de la movilización, el Partido Obrero y el Polo Obrero, presentó el lunes a primera hora un amparo “en defensa del derecho a la movilización que se llevará a cabo durante el paro general del día 24”. El mismo, aseguraron, ya fue “sorteado y recayó en el Juzgado contencioso federal N° 11”.
En un comunicado explicaron que el mismo “se basa en la reivindicación del derecho a la protesta y el carácter anticonstitucional del protocolo emitido por simple resolución administrativa de la Ministra Patricia Bullrich. El denso y extenso escrito con sólidos fundamentos jurídicos cita los pactos internacionales suscritos por Argentina en la OIT, así como disposiciones de la Comisión Interamericana de DDHH”.
A la vez, destacan, “denuncia la capciosa interpretación del artículo 194, sobre cuyos límites en relación al derecho a la manifestación popular hay amplia jurisprudencia. El Partido Obrero reclama a la Justicia una medida cautelar que impida a las fuerzas policiales, sean federales o distritales, obstaculizar lo que se prevé como una manifestación de centenares de miles personas”.
