Bukele celebra que llegó a los 70 mil salvadoreños detenidos y va por más

Tras festejar la detención del salvadoreño número 70 mil en sólo quince meses –1,1% de la población, lo que en Argentina equivaldría a 495 mil personas–, el presidente Nayib Bukele se cebó y anunció que ahora saldrá a la caza de los corruptos. Los 70 mil pobres, entre ellos algunos jefes, chorros y chorritos que integran las organizaciones marginales conocidas como las “maras”, fueron detenidos al amparo del estado de excepción impuesto en marzo de 2022, en cuyo marco se construyó una megacárcel de rimbombante nombre: Centro de Confinamiento del Terrorismo. En realidad, se trata de un campo de concentración con una capacidad de hacinamiento de 40 mil personas que “no verán el sol hasta el fin de sus vidas y sólo consumirán una proteína después de que lo haya hecho el último perro de la calle”.

Si conserva la coherencia que dice tener, algo similar les espera a los corruptos, que según el habla popular son muchos más de la media del capitalismo mundial. Bukele no entró en detalles, pero se supone que la nueva fase de la “guerra” –así llama a la cacería– exigirá, al igual que las maras, la construcción de otra cárcel gigante, “un modelo en América Latina”. El presidente irá por su segundo mandato en febrero del año que viene, y con la furia represiva apunta exactamente a satisfacer, y lo logra, dos ítems que agobian a la población. Por un lado al terrorismo de las pandillas, que a sangre y metralla llegaron a dominar un tercio del territorio nacional. Por otro, al robo de la alianza entre la cúpula burocrática y buena parte del mundo de los negocios, que esquilman a una sociedad pobre de por sí.

El régimen de excepción que rige desde el año pasado le granjeó a Bukele varios enemigos, sobre todo entre los defensores de los derechos humanos. Días antes de la inauguración con bombos y platillos –incluidos dos videos para divulgación en el exterior del país– de la súper cárcel para pandilleros, las críticas más fuertes llegaron desde Estados Unidos. En coincidencia con investigaciones periodísticas locales y de la Fiscalía de la República –lo que le costó la cabeza a su titular–, la Corte del Distrito Este de Nueva York denunció que en 2015 Bukele y las pandillas “pactaron cambios legislativos y judiciales y reducción de penas de prisión que permitirían la excarcelación de los líderes de la Mara Salvatrucha-13, a cambio de apoyar a los candidatos de Nuevas Ideas” (el partido del presidente).

A lo dicho por la Corte neoyorquina se sumó una denuncia del centro de investigaciones y estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La organización señaló que mantener políticas punitivas de seguridad pública, basadas en la restricción de las libertades y garantías no aborda las causas profundas de la violencia, además de ser perjudicial para el estado de derecho, y denunció que “el presidente ha exacerbado el deterioro rápido de la democracia (y) el estado de excepción es utilizado para promover la campaña del gobierno de restringir el espacio cívico, silenciar a los opositores y a los medios independientes y controlar al Poder Judicial”. La WOLA exhortó a la ONU, la OEA y la UE a “monitorear la situación salvadoreña en todos sus aspectos”. Nadie le respondió.

Pese a las experiencias vividas en todos los confines, Estados Unidos no aprendió la lección y en tierra salvadoreña creó un nuevo monstruo, las maras. Ignorando las causas reales y sociales, que llevan a la generación de estos fenómenos, la gran potencia se deshizo, deportándolos, de los centroamericanos que habían sido asimilados por el submundo de sus urbes. A fines del siglo pasado y primeros años de éste, con la expulsión de cientos de pandilleros exportó su problemática a países de pobre economía (El Salvador, Honduras y Guatemala). Con el oficio aprendido, se reinsertaron rápidamente en las poblaciones de sus orígenes, provocando con el tráfico de drogas, el contrabando de armas, los secuestros y otras acciones extorsivas un impacto demoledor. Un aterrador clima de violencia.

Bukele se queja de los organismos de derechos humanos y hasta de la UE y la Justicia de Estados Unidos, dice que lo han dejado solo en la lucha contra las maras y “hasta se dan el lujo de desconocer los logros de mi guerra contra el terrorismo”. Cuando habla de logros se refiere a los 70 mil presos y a las más de 200 personas que en ese mismo período murieron en las prisiones, víctimas de la tortura, la deshidratación o ejecutadas por los carceleros. Cuando habla de terrorismo se refiere a marginados y marginales y a los delincuentes de verdad, que también existen, que son muchos y que son sanguinarios. A fines de mayo pidió al Congreso la prórroga número quince del estado de excepción “con el objetivo de cubrir un nuevo capítulo de nuestra guerra”.

Los considerandos del último petitorio se parecen más a un panfleto que a la justificación de una norma legal. Allí Bukele reitera que “los organismos internacionales están todos enamorados de los derechos humanos de los asesinos”, y les advierte que “sepan las ONG que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por la gente. Sépanlo bien –cerró– sanaremos nuestro país y aniquilaremos esa peste por completo”. La noche previa se había conocido una nueva, escalofriante encuesta: el 90% de los salvadoreños apoya al presidente. Todo indica que se trata de un sondeo real.