El gobierno nacional tiene decidido cambiar en forma drástica el método de votación de los comicios legislativos del año que viene, con la aplicación federal de la Boleta Única Electrónica que fue utilizada el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Para lograrlo el Ministerio del Interior prevé la fabricación de 120 mil máquinas idénticas a las que fueron usadas en las elecciones capitalinas. La experiencia porteña, según reveló Tiempo el año pasado, tuvo un costo total de 163 millones de pesos para la realización de la primera vuelta y el balotaje. Para la experimentación de la BUE en todo el país la cifra total es todavía un enigma, pero podría superar los 6000 millones de pesos, entre las 95 mil máquinas que recirán los votos, las 25 mil que serán distribuidas para enseñar el método y la transmisión de los datos escrutados en cada mesa.

Por ahora la única certeza al respecto es que los aparatos deberán ser fabricados bajo la licencia de Magic Software Argentina SA, la empresa argentina que tiene la patente de la BUE y que exhibe en su cartera de clientes la realización de las elecciones porteñas 2015, los comicios provinciales de Salta desde 2009 y 2013, y los municipales realizados en Resistencia (Chaco) durante 2011.

La definición y defensa de la BUE forman parte del proyecto que finalmente envió el Ejecutivo al Congreso, luego de una negociación reservada entre el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el presidente del Partido Justicialista José Luis Gioja y el jefe del bloque del PJ en el Senado Miguel Ángel Pichetto. La cita incluyó una serie de temas clave para la agenda del gobierno, como la reforma del Ministerio Público o una serie de iniciativas económicas, pero en materia electoral, abrió la puerta para la redacción de un proyecto de reforma electoral que tuvo la supervisión del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales Adrián Pérez y el apoderado del PJ Jorge Landau.

El tejido de acuerdos previos a la presentación del proyecto, que entró el 28 de junio al parlamento, es una de las garantías que tiene el gobierno para asegurar la aplicación de la BUE el año que viene y evitar los sobresaltos que tuvo la experiencia porteña que obligó a Macri, por entonces alcalde, a suspender la utilización de las máquinas en las PASO locales por falta de tiempo para explicarle al público la nueva forma de votar.

Un punto caliente es la «reorganización» de las PASO. El proyecto, según interpreta Landau, «intenta impedir al ciudadano que vote por diferentes categorías de candidatos de distintas fuerzas políticas ya que implica una limitación a la libertad de elección». No es la mayor preocupación del cambio de las Primarias, sino el deseo del Ejecutivo de quitarle obligatoriedad en el futuro, un punto que todavía no fue introducido en la letra del proyecto, pero que ya fue deslizado hasta por el propio Macri durante el anuncio de la reforma. Otro interrogante, «es que hay muchas escuelas en todo el país, tanto en el norte como en la patagonia, que no tienen luz ni infraestructura para instalar las máquinas», admiten en Cambiemos.

Quien gane la fabricación de las máquinas deberá pagarle a MSA la patente del invento argentino, actualmente desarrollado en el barrio de Parque Patricios. Uno de los posibles postulantes será la empresa coreana LG, invitada por Ibarra durante su visita a Corea del Sur para firmar convenios «de intercambio y cooperación en materia de gobierno abierto, infraestructura tecnológica y ciudades inteligentes».