Más allá de los múltiples daños que ha causado el Covid-19 y de las incertidumbres sanitarias que persisten a nivel mundial, el gobierno sigue entregando certezas sobre el rumbo de las políticas públicas. Discurso y herramientas forman parte de un enfoque coherente con el objetivo de afianzar la recuperación y avanzar hacia la reconstrucción del tejido productivo y social.
Las mejoras que estuvieron mostrando muchos de los indicadores económicos más recientes también permiten encarar el 2021 con mayor optimismo. En la semana se pudo leer en un medio especializado que en noviembre “el consumo creció por primera vez en los últimos 29 meses”, es decir, no ocurría algo así desde mediados de 2018. Da una dimensión real del concepto de las “dos pandemias”, que he venido señalando desde hace muchos meses.
También en la semana se conoció el Estimador Mensual de la Actividad Económica, del Indec, que arrojó un crecimiento mensual del 1,9% y una caída anual (que se viene achicando) del 7,4%. Indicadores privados, como el del estudio OJF (Ferreres), indican para noviembre un aumento de la actividad del 2,6% y una variación interanual positiva del 0,1%, con lo cual se estaría, también en este indicador, recuperando del efecto pandemia sanitaria.
Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó en estos días que “cuando llegó la pandemia, Argentina ya estaba sufriendo una crisis macroeconómica. La economía está comenzando a recuperarse ahora, pero la subutilización de la capacidad productiva, especialmente en el sector no transable, sigue siendo un problema importante”. También sostuvo que el Estado “jugará un papel anticíclico importante en los tiempos venideros, por ejemplo, invirtiendo en infraestructura pública y vivienda”. Estas pautas están establecidas en el plan de gobierno que figura en el Presupuesto 2021. Allí se prevé el doble de los recursos para dicha partida de los que estaban contemplados en el último presupuesto de Macri, de 2019.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, presentó el Plan “Casa Propia – Construir Futuro”, de alcance federal, para construir 264 mil soluciones habitacionales. Un plan ambicioso que se orienta a garantizar el acceso a la vivienda digna, y que tiene un efecto multiplicador sobre la economía, ya que la construcción es un sector altamente demandante de producción local, lo que apuntala a su vez la recuperación del empleo.
En cuanto a la inflación, Guzmán resaltó que, a diferencia de lo que ocurrió durante la anterior gestión, el actual gobierno tiene un enfoque mucho más integral, que “da cuenta de la complicada situación macroeconómica de Argentina y aplica lecciones aprendidas de las experiencias de otras economías”. Y señaló que las “políticas de precios e ingresos también jugarán un papel de apoyo”. La idea es cuidar el poder adquisitivo de la población y apuntar a regenerar el círculo virtuoso del crecimiento: es decir, que por la vía de la mayor demanda se genere más empleo e ingresos y también mejore la recaudación fiscal. Un mercado interno sólido es, además, la mejor forma de contribuir al necesario aumento de la inversión. Si no se vende lo que se produce, no hay ecuación que cierre. Es lo que pasó en los anteriores cuatro años.
Un reciente informe de la prestigiosa London School of Economics sostiene: “Mantener bajos impuestos para los ricos no impulsa la economía”. Los investigadores afirman que los últimos 50 años fueron un período de caída de los impuestos sobre los ricos en las economías avanzadas. A lo que el informe agrega: “nuestros resultados aportan evidencia que sostiene que el recorte de impuestos a los ricos incrementa la participación de éstos en los ingresos totales, pero tiene un escaso efecto sobre el desempeño de la economía”. De allí que recomiendan a los gobiernos que están buscando reequilibrar las finanzas públicas por la crisis de Covid-19, que no deberían preocuparse por las consecuencias económicas de incrementar los impuestos a los más pudientes.
Finanzas sostenibles
En cuanto a los últimos datos fiscales, la recaudación total de Sector Público Nacional del mes de noviembre mostró un crecimiento del 27% interanual y, en particular, la recaudación tributaria ascendió un 32%. El gasto público por su parte creció un 40,5%. No obstante estas diferencias entre ingresos y gastos, el dato de noviembre registró la brecha más baja entre estas dos variables fiscales desde el inicio de la pandemia. Esto indica los grandes esfuerzos que hubo que hacer a partir de marzo para financiar los gastos necesarios, y que aún siguen siendo significativos. El gasto público de noviembre continuó muy influido por las erogaciones destinadas
a morigerar los efectos de la pandemia. Las prestaciones sociales se incrementaron en noviembre más de un 46% interanual, muy influidas por herramientas como el IFE y el ATP.
Y la buena noticia es que, como lo señaló el propio comunicado del Mecon, “la recuperación progresiva de la actividad económica que fortaleció los ingresos fiscales permite avanzar en el proceso de sostenibilidad fiscal compatible con una política de gasto para proteger a las familias, el empleo y la producción”.
Para darnos una idea más detallada de los importantes gastos realizados y sus impactos, vale la pena mencionar que en el marco del programa de “Políticas Alimentarias”, y según el comunicado del Ministerio de Desarrollo Social, “entre enero y el 30 de noviembre de este año, el gobierno nacional destinó una inversión de 90 mil millones por medio de la Tarjeta Alimentar”, habiendo alcanzado “un millón y medio de titulares”.
Entre otras iniciativas, con la idea de seguir acompañando a aquellos sectores que aún padecen los efectos de la pandemia, el Gobierno nacional ratificó la semana pasada la continuidad del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) durante 2021. Este programa se implementó por primera vez en 2003 y durante la crisis financiera internacional de 2009 resultó clave para sostener el empleo. En 2016, a pesar de la recesión, el gobierno de Mauricio Macri dejó de utilizarlo y recién en setiembre de 2018 reactivó el programa, en medio de una importante crisis laboral.
El REPRO fue relanzado en noviembre pasado. Según las cifras oficiales, alcanzó a 2.453 empresas y a casi 84.000 trabajadores y se sumó a la batería de medidas de contención que se tomaron en la pandemia (ATP y créditos subsidiados, entre otras).
No hay que dejar de decir que este gobierno arrancó el año en medio de nueve emergencias y que a los pocos meses de andar tuvo que hacerle frente a los efectos del Covid-19. A pesar de ello, se logró dar ayuda a los sectores más expuestos, a la vez que se trató de que la estructura productiva se resienta lo menos posible. Es ahora cuando se empiezan a ver los frutos de esas decisiones, tal como lo marcan las evidencias de recuperación económica.
Todo esto se hizo mientras se encaraba la solución a una hipoteca difícil de levantar. Un gobierno que, decían, “no quería salir del default”, pero que terminó encarando una renegociación exitosa con los acreedores privados. Que pudo tranquilizar la economía y logró evitar una gran devaluación, que algunos sectores querían hacer creer que era “inevitable”. Las políticas siguen dando resultados y se ratifica que se va en la dirección correcta.