La Cámara de Diputados de Brasil se disponía esta noche a darle al gobierno de Michel Temer la luz verde para una enmienda de la Constitución que congela por 20 años el gasto público, una medida inédita en el mundo según el FMI y que llega en medio de un choque de acusaciones entre los poderes del Estado, sobre todo luego de un allanamiento registrado en el Senado.
La votación del segundo turno de la enmienda constitucional que implementa el sistema de ajuste de gastos por dos décadas en Brasil era resistido por los estudiantes en al menos 15 estados, con más de 1.000 colegios tomados y universidades ocupadas en rechazo a la medida, que cuenta con amplia mayoría en el Congreso.
La discusión en Diputados fue acalorada, aunque ya con el resutlado puesto, porque hace tres semanas el oficialismo tuvo 366 votos a favor de la enmienda constitucional 241 y ahora necesita apenas 308 para pasarla al Senado, que la votará el 14 de diciembre.
El diputado y pastor evangelista Marco Feliciano, aliado personal de Michel Temer y del detenido Eduardo Cunha, ex titular de la Càmara, afirmó que «el pueblo brasileño debe votar la enmienda constitucional como en los años noventa apoyó el Plan Real, que estabilizó la economía» en la gestión de Fernando Henrique Cardoso.
Del otro lado, Maria do Rosario Nunes, del Partido de los Trabajadores, opositor, sostuvo que esta enmienda constitucional «hipoteca a varias generaciones con recortes en gastos de salud y educación y es perversa con las clases bajas que necesitan del Estado».
Por otra parte, el oficialismo insistió que la medida fue una vacuna contra el déficit fiscal del gobierno de Dilma Rousseff, supendida en mayo y destituida en agosto, aunque Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), denunció que en el proyecto está excluido de recortes el gasto para el pago de intereses de la deuda pública y los tenedores de bonos, la mayoría internos.
Temer ofreció una cena a legisladores junto con el titular de Diputados, Rodrigo Maia, para buscar respaldo político frente a esta medida que es el nudo principal del ajuste brasileño y del plan económico de Henrique Meirelles, el ministro de Economía.
El proyecto indica que el presupuesto por 20 años limitará a los próximos gobiernos sin reformas tributarias y se actualizará apenas por la inflación del año anterior, sin tener en cuenta el crecimiento de la economía ni el aumento de la recaudación fiscal.
Miles de estudiantes se movilizaron contra la PEC 241, como se conoce el proyecto, en todo el país, pero en Paraná hubo luto porque en una escuela ocupada un joven de 16 años fue asesinado por otro muchacho por motivos personales, lo que le agregó dramatismo a esta protesta.
El rechazo al gobierno de Temer y a su propuesta también estuvo presente durante los festejos por el cumpleaños 95 del cardenal emérito de San Pablo Paulo Evaristo Arns, famoso por luchar contra la dictadura militar y por ayudar a exiliados argentinos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Con una gorra del Movimiento de los Sin Tierra, el anciano obispo Arns recibió aplausos y gritos de «Fuera Temer» en un acto realizado en la Pontificia Universidad Católica con los principales abogados y referentes sociales que actuaban en la época de la resistencia al régimen.
Una economista del gubernamental Instituto de Pesquisa Econoómica Aplicada fue echada luego de elaborar un estudio en el cual indicaba que el presupuesto de salud iba a caer del 1.8% a 1¨por ciento.
La Avenida Paulista de San Pablo había sido cortada por manifestantes contra la enmienda constitucional frente a la sede de la presidencia de la República en la ciudad de San Pablo, la más grande del país.
Pero la agenda política del día la dio la disputa entre los tres poderes, cruzados por la Operación Lava Jato, la investigación por corrupción en la estatal Petrobras y la financiación de la política que parece ser un tornado con todo lo que toca.
Esta vez, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia, cargó contra el presidente del Senado, Renán Calheiros, que acusó de «métodos fascistas» al ministro de Justicia de Temer, Alexandre de Moraes, por el operativo de la Policía Federal que allanó el Senado y detuvo a cuatro agentes legislativos por ser usados en contrainteligencia contra la corrupción.
Calificó al juez de Brasil despectivamente como «juececito de cuarta» y la jefa de la corte suprema le respondió: «Cada vez que un juez es agredido, todos estamos siendo agredidos, no hay menor necesidad cuestionamientos cuando se respeta la legalidad. Ningún juez puede ser desmoralizado».
Calheiros es del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer pero se puso en guardia para defender al Senado, que según el juez Vallisney Souza de Brasilia usó a la policía legislativa para neutralizar escuchas y espionaje ordenado para investigar a políticos, incluso aquellos no legisladores, como el ex presidente José Sarney.
El jefe del Senado le respondió a la jefa de la corte. «A ella le faltó condenar la usurpación de competencias de un juez de primera instancia en algo que tiene que hacer el Supremo Tribunal Federal».
Desde el Palacio del Planalto se intentó realizar una reunón entre Lucia, Calheiros, Temer y el jefe de Diputados, Maia, para mostrar estabilidad institucional, sobre todo porque su gobierno y la confianza del sector privado que financió el impeachment de Rousseff dependen mucho de la armonía para votar el proyecto del techo del gasto.