Activistas y militantes de diversas organizaciones de Derechos Humanos y movimientos sociales y hasta hinchadas de clubes internacionales preparan para este domingo una nueva versión del Stop Bolsonaro Mundial, una manifestación que tiene como objetivo denunciar al gobierno brasileño de genocidio por la falta de política sanitaria para combatir el coronavirus. Al mismo tiempo, agrupaciones políticas presentaron un nuevo pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, el número 64, por crímenes de responsabilidad en torno a la escasez de oxígeno en hospitales de Manaos, atestados de pacientes de Covid19.
Todo esto ocurre mientras Bolsonaro enfrenta el escándalo por sobreprecios en leche condensada que dejaron al descubierto que para gobiernos neoliberales como el suyo, ese insumo básico es primordialmente una fuente de ingresos privados con base en recursos públicos.
El gobierno de Carlos Menem resultó implicado en 1991 en una maniobra por la compra de leche en polvo en mal estado. En los papeles, era un producto destinado al Plan Materno Infantil, pero se encontró que estaba contaminada con Escherichia coli. La firma que había ganado la provisión pertenecía al empresario Carlos Spadone y la partida cuestionada había sido elaborada en una planta de Miguel Angel Vicco, secretario privado del presidente.
En el caso de Bolsonaro, la leche estaba destinada a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Ministerio de Defensa. Pero no hubo modo de explicar razonablemente por qué se habían gastado 15 millones de reales en ese producto. La respuesta que ensayaron los hijos presidenciales es que debía trasladarse a zonas de Brasil donde no es posible enviar leche fresca.
La explicación de Bolsonaro fue más estrepitosa. En una reunión con partidarios y algunos funcionarios íntimos en una churrasquería de Brasilia mandó a los periodistas a la PQLP y dijo que los tarros eran “para metérselos en el trasero”. El ministro de Turismo, Gilson Machado, bautizó al mandatario como “Jair Condensado” porque dijo que “condensa la voluntad de trabajar, el patriotismo y la fe en Dios”.
Las risas de sus acompañantes no alcanzaron para acallar el escándalo que, incluso, llevó a algunos de sus ex adláteres a tomar distancia. Es el caso del general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que fue ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República hasta junio de 2019. “Bolsonaro no tiene noción institucional del cargo que ocupa, es una vergüenza nacional e internacional” tuiteó el otrora austero militar.
El presupuesto de 2020 de gastos en alimentos muestra un 20% más de erogación que el de 2019. Entre ellos destaca un incremento en alfalfa de más de un millón de reales, y el de la leche condensada, de 15.641.777,49 de reales.
Otros gastos cuestionados son los 3000 millones que repartió en el Congreso para lograr la elección de Arthur Lira para la presidencia de Diputados y Rodrigo Pacheco para el Senado. Una forma de frenar los intentos de impeachment.