El recambio del ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia mostró que las tensiones entre Evo Morales y el presidente Luis Arce entran en una nueva y quizás más explosiva etapa. Los más memoriosos evocan otros octubres “negros” de este siglo, como el que en 2003 terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2019 con el del MAS-IPSP, para avizorar un mes por demás embrollado.
Las diferencias entre ambos dirigentes se fueron haciendo cada vez más profundas luego de que Morales anunciara su postulación a una nueva presidencia en 2025. Es así que un sector amplio del poder judicial entendió que Morales ya había sobrepasado los periodos que contempla la Constitución del Estado Plurinacional de 2009. Morales se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que le habilitó su presentación en 2019. Esa elección -20 de octubre de ese año- fue ganada por Morales pero la oposición, con apoyo del secretario de la OEA, Luis Almagro, y los medios de la derecha, denunció fraude. El entonces presidente terminó renunciando por presiones militares y el retiro de los apoyos de la Central Obrera Boliviana (COB) y de su propio espacio referenciado en David Choquehuanca, que había sido su canciller. Lo que vino después es historia: Morales se tuvo que refugiar primero en México y luego en Argentina mientras que la senadora Jeanine Añez tomaba el poder e iniciaba una represión sangrienta para intentar reformas neoliberales.
El regreso del MAS-IPSP en noviembre de 2020 significó la vuelta al poder de una alianza de los sectores que desde 2005 habían protagonizado los cambios en democracia más favorables para las clases populares. Entre las normas institucionales de la carta magna figura la elección popular de las autoridades judiciales, un camino que ahora inicia México (ver aparte). Con una demora de un año, ese proceso electoral se realizará el 1 de diciembre. Los “evistas” sostienen que los magistrados maniobraron para perpetuarse en los cargos y pararon la pelota asentados en sectores políticos opositores internos: el mismo tribunal que había afirmado que a Evo le asistía un “derecho humano” para una reelección indefinida, ahora dice que el presidente y el vice no pueden presentarse más de dos veces en forma continua o discontinua.
Luego de muchas chicanas, el Senado, circunstancialmente en manos del “evista” Andrónico Rodríguez, aprobó en agosto la convocatoria electoral. Desde entonces, los partidarios de Morales apuran a Arce para que establezca cambios en el rumbo económico y no ponga palos en la rueda a una nueva presentación del líder cocalero, que acusa al arcismo de utilizar maniobras de lawfare en su contra. Desde hace un tiempo, por otro lado, la falta de dólares por la caída de exportaciones obligó a establecer controles de capitales, un cepo cambiario a la boliviana.
La marcha que confluyó estos días en La Paz, no sin incidentes con grupos oficialistas, fue encabezada por Evo Morales, quien le dio un ultimátum al gobierno para sacar de su gabinete a «corruptos, ‘drogos’ y narcotraficantes». La respuesta fue una presentación ante organismos internacionales advirtiendo de un intento de golpe de estado del expresidente, mientras Arce y Choquehuanca llamaban al diálogo. La COB y el actual vicepresidente están en la vereda de enfrente de Morales, como hace cinco años. Pero el discurso de despedida de Iván Lima fue lapidario.
Sin hacer nombre, en la ceremonia de asunción de su sucesor, César Siles, Lima dijo que desde el llano se dedicará a procesar como abogado a “los que hicieron daño al país”. Y especificó: “ninguno de mis colegas, de todos los 17 ministros que conforman el Gabinete, es corrupto, ni narcotraficante, ni ‘drogo’ ni nada parecido, y aquí vamos a demostrar a los que le mienten al pueblo boliviano que no es necesario ser ministro para tener valores”. Y luego avisó que va a ir contra gente que “ha sido parte no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano y, también debo decirlo, al pueblo venezolano”.
En agosto de 2020, previo al comicio, el gobierno de facto de Añez presentó una denuncia contra Evo Morales por una presunta relación con una niña de 14 años. La propia joven -por entonces de 19 años- declaró que la información que publicó un medio español, base de la acusación, era falsa. Iván Lima amenaza con reflotar el caso.
