Un cielo plomizo cubría  la plaza 25 de mayo de la boliviana ciudad de Sucre, frente a la Casa de la Libertad. En un extremo del salón principal, Luis Arce Catacora lee con fruición su discurso. Al fin de cada párrafo se acomoda la banda presidencial. La bancadas miran hacia una fila central, en una extraña distribución trasversal. Paradójicamente esa trasversalidad que no logra un presidente que habla de un pasado libertario y de futuro provisorio. Lo hace en la casa, que originalmente fue una capilla que formaba parte de la Manzana Jesuítica. Ya había transitado por la ciudad. Ya había ingresado por el colonial patio central, desbordado de pibes con banderitas, que dan rienda suelta a su fervor.

En esa casa de la Libertad fue donde 199 años atrás se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia (entonces Alto Perú) en 1825. Claro que para muchos, la verdadera independencia, o al menos la segunda, se produjo el 22 de enero de 2009, durante el gobierno de Evo Morales, cuando fue consagrado el Estado plurinacional.

Lucho Arce y Evo Morales. Suena inconcebible que hayan llegado a un punto tal de ruptura que pongan en dramático peligro la continuidad del proceso que se empezó a gestar con la asunción del dirigente cocalero en 2006. Un conflicto que hasta llevó al dirigente hoy opositor, a desconfiar públicamente de la veracidad del intento de golpe de Estado que padeció el gobierno de Arce en junio pasado. El presidente brasileño, Lula da Silva, cercano a ambos, poco después visitó a Arce y confesó su voluntad de acercar a las partes: sabe que la derecha boliviana se regodea ante semejante división.

El actual presidente boliviano, entonces, esta semana jugó una movida clave. En ese discurso de la Casa de la Libertad, convocó a una consulta popular, todavía sin fecha, para que el pueblo boliviano decida si Evo podrá postularse a un nuevo mandato presidencial. Es decir, el llamado popular incluiría preguntas como la reforma de cantidad de escaños parlamentarios con base a los resultados y la muy espinosa cuestión de las reelecciones presidenciales permitidas (la interpretación del Art. 168 de la Constitución), que indirectamente puede habilitar o no a Morales. De todos modos, no parece que la conciliación sea sencilla. El oficialismo habla de un «gran diálogo nacional». Evo lo ve como el gobierno «nos habla de un país muy distante al que vivimos». Su sector habla de «trampa»

El referéndum tiene otra arista, además de la política. La economía boliviana tambalea y hay dos cuestiones que se entrelazan: por un lado el tema hidrocarburos y la eliminación de la subvención para que el precio del suministro interno se sujete o no al valor internacional del petróleo. Este asunto está relacionado a la disponibilidad de divisas, fundamentalmente los dólares que requiere el estado boliviano y su economía, y que es un arma importante manejada por los sectores del altiplano, banqueros y empresarios agroindustriales, poderosos y emparentados con la derecha opositora. La escasez en el mercado oficial dio lugar a un mercado negro voraz. En Bolivia lo llaman «secuestro de dólares». Y es uno de los temas que enfrenta seriamente a las fracciones del MAS: la opuesta postura del Congreso sobre la Ley contra la Fuga de Capitales. Los sectores evistas acusan que el gobierno al oponerse, “garantizar la impunidad de los grandes empresarios”.