Productores, obtentores, fitomejoradores y asociaciones civiles vinculadas al uso de cannabis medicinal denuncian bloqueo en registros. Explican que el Ministerio de Salud ahora exige genéticas registradas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), a cargo de Carlos Dunan, no las habilita. Finalmente, este lunes, publicaron en la página oficial una prórroga de 60 días, pero señalan que carece de institucionalidad.
Según contaron a este diario, la decisión del Gobierno Nacional de paralizar el sistema de registros y renovaciones de cultivares amenaza la continuidad de proyectos científicos, productivos y de salud en Argentina. Y esto produce «afecciones tanto al cannabis medicinal como el industrial».
Durante los últimos días han presentado notas ante el INASE; Agencia Regulatoria de la Industria Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME); el Ministerio de Economía y el de Salud. Denunciaron: «el INASE no nos brinda una respuesta concreta».
Karina Romanelli es miembro del Consejo Cultivo Honorario de Nación dependiente de la Ley 27350. En diálogo con Tiempo aseguró: «a esta situación se le suma la exigencia del Ministerio de Salud sobre que solo se puede trabajar con genéticas registradas, esto coloca a cientos de asociaciones y productores en un callejón sin salida».
Y completó: “Se exige el uso de genéticas registradas, pero no existen registros vigentes porque el propio INASE bloqueó el sistema. Las cuatro asociaciones civiles que conformamos el Consejo venimos pidiendo una reunión -hace dos años- en todas las notas que presentamos».
Permisos y prórrogas para producir cannabis
Cabe destacar que entre las instituciones que forman el Consejo está el INASE: «Si nos hubiese convocado a una reunión hubiéramos tenido la posibilidad de mantener un diálogo antes de que ocurra esta situación tan preocupante», remarcó Romanelli.
«Este lunes nos dieron una prórroga de 60 días, pero -siguió relatando- todos estamos esperando que el INASE dicte el acto administrativo que prorrogue el plazo de los permisos, que hasta el momento, solo se ha publicado en la página oficial».
Continuó: «Quienes formamos las cuatro asociaciones civiles de pacientes que utilizan cannabis estamos muy preocupados ante la contradicción que existe entre los organismos del Estado. Porque, si bien sabemos que el Ministerio de Salud recientemente dictó la Resolución 1780/25, en ella nos indica que para re-adecuarnos tenemos que trabajar solo con semillas registradas».
De este modo, el gobierno de Javier Milei, actualizó una vez más los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Cannabis (REPROCANN). Lo hizo con la excusa de reforzar la trazabilidad y seguridad «en la producción y el uso del cannabis medicinal”.
Si bien publicaron una prórroga de 60 días en la página oficial, el INASE dice que el pasado 31 de mayo las licencias de esos cultivares quedaron fuera de circulación. «Estamos muy preocupados y a la espera que el INASE haga el acto administrativo que corresponde para que no sea solamente una publicación en la página oficial», reclamó Romanelli.
Y concluyó: «Creemos que es momento de que todas las partes de este Consejo Consultivo se reúnan, consideramos que es fundamental para poder tratar todos estos temas con los distintos actores que somos parte».
Más de 600 podrían quedar en la «ilegalidad»
El Consejo Consultivo Honorario de Nación está integrado por el INASE; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); Universidades Públicas; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre otras.
Esta situación -explicaron- afecta de lleno a más de 635 criaderos y 79 fitomejoradores que quedarían en la ilegalidad si no reactivan el sistema. De este modo han generado incertidumbre jurídica, pérdida de patrimonio fitogenético nacional y la interrupción de investigaciones científicas y ensayos clínicos.
«Nuestro reclamo exige la reactivación inmediata del sistema de inscripción y renovación de criaderos, productores, obtentores, fitomejoradores y asociaciones de Cannabis Sativa L., incluyendo las variedades con más del 1% de THC», remarcaron desde el Consejo.
Además, advirtieron que la inacción contradice las Leyes 20.247, 27.350 y 27.669. Como así también, a los decretos 405/2023 y 833/2020, además desconoce derechos adquiridos y la continuidad de la actividad del sector.
Por todo ello solicitaron «que se reactive de manera urgente el sistema de inscripción y renovación de criaderos y operadores de Cannabis Sativa L. en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS). Incluyendo expresamente las variedades con más del 1% de THC en el marco legal vigente».
«Porque se trata de una situación que impacta de forma directa en la continuidad de múltiples proyectos técnicos, científicos y productivos debidamente inscritos ante el organismo antes mencionado», puntualizaron.
Actualmente, el sistema de registro y renovación de criaderos y variedades de cannabis se encuentra bloqueado: «Situación que se ve agravada por la vigencia del artículo 4 de la Resolución Conjunta Ministerio de Salud-INASE 05/2021, que sigue impidiendo la aprobación de cultivares, cuya derogación fue desestimada por el propio Ministerio de Salud, por considerarse incompetente en la materia».
Y relataron: «Este contexto ha producido un vacío legal y operativo sin precedentes, que imposibilita, entre otros aspectos, cumplir con los requisitos técnicos de pureza varietal exigidos por INASE para sostener la inscripción de cultivares ya registrados».
Asimismo, la Resolución del INASE 81/2024 y su prórroga por Resolución 468/2024, al suspender la inscripción de nuevos criaderos y la renovación de los existentes, también imposibilita acceder a cualquier otra categoría de las ya autorizadas. De este modo, colocaron a cientos de operadores inscriptos en situación de inminente irregularidad administrativa a partir del 1 de junio de 2025.
Desde el Consejo contaron que esta situación «afecta el derecho de propiedad sobre el material genético desarrollado y vulnera derechos adquiridos. Especialmente en un escenario en el que muchas variedades se encuentran en trámite ante el Registro Nacional de Cultivares y Registro Nacional de Propiedad de Cultivares».
Este atropello a los derechos adquiridos no fue el único por parte de INASE: «Además, el organismo frenó las aprobaciones de variedades de THC en el Registro Nacional de Cultivares desde finales de 2023».
«Algunos registros tienen más de 2 años de espera sin respuestas, a pesar de las subsanaciones y amparos. Durante todo este tiempo, el organismo duplicó los costos de las categorías, renovaciones y las estampillas», reclamaron.
Según el informe presentado en Diputados por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en la actualidad hay 439 variedades de Cannabis Sativa L. -se encuentran en trámite de inscripción ante el RNC y el RNPC- que habilita su comercialización en Argentina.
Advirtieron que esta grave situación genera, entre otros impactos, la «desarticulación del sistema de trazabilidad genética y conservación de cultivares nacionales, y la pérdida de fuentes de empleo técnico y productivo».
Además, compromete el cumplimiento del artículo 12 de la Ley 27.669, «que exige la implementación de un sistema de licencias ágil y equitativo con atención especial a actores previamente autorizados».
