Las subas de combustibles están a la orden del día, pero los que participan del corte de los hidrocarburos con subproductos vegetales no reciben un alza del precio acorde. En concreto, las pymes de biodiesel y bioetanol de todo el país coinciden en que desde hace ocho meses trabajan por debajo de sus costos, por las insuficientes actualizaciones autorizadas por la Secretaría de Energía.
Por otro lado, en el caso del biodiesel, cuyo principal insumo es el aceite de soja, la baja de las retenciones al grano y sus derivados, que pasó de 31% a 24,5%, provocó una suba del precio de esa materia prima en el mercado local, pese a que la cotización externa continúa en caída.
Productores de Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán insisten en que en este escenario de precios el negocio se torna antieconómico para las empresas y los miles de trabajadores involucrados, por eso hay muchas plantas que tuvieron que frenar la actividad y algunas que directamente bajaron las persianas.
Si no hay un aumento de precios razonable de su producción, un corte incremental de los bio con los fósiles podría dar una salida por escala; pero de darse esta opción, hay algo peor dando vueltas: un proyecto de ley para abrir la competencia y permitir que las grandes agroindustrias y las petroleras se puedan sumar al mercado local.
Biocombustibles: merma en el consumo externo de biodiesel y bioetanol
Como la demanda externa de biocombustibles está mermando, las pymes no participan de ese negocio por una cuestión de escala, pero las grandes tendrían un excedente suficiente para volcar al corte interno que directamente dejaría fuera del mercado a los pequeños y medianos productores de biodiesel y bioetanol.
Para esta altura del mes pasado, el Gobierno nacional estableció nuevos precios para los biocombustibles utilizados en la mezcla obligatoria con las naftas y el gasoil, tras la suba del 2% del mes previo. A través de las resoluciones 109 y 112, se fijaron los incrementos en los valores de los combustibles no fósiles vigentes desde marzo de 2025.
La primera decisión de la Secretaría de Energía estableció que el valor del biodiesel destinado al corte obligatorio del 7,5% con el gasoil será de $1.151.909 por tonelada y que el plazo máximo de pago no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de facturación.
La otra actualización oficial fijó el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado desde la caña de azúcar en $746,595 por litro, mientras que el bioetanol maicero tendrá un valor de $684,280 por litro, y que el pago no podrá exceder a los 30 días de emitida la factura. En todos los casos, estos valores regirán hasta la publicación de una nueva actualización.
En busca de una ley superadora
Como en simultáneo se impuso por decreto un incremento en el impuesto a los combustibles líquidos y al CO2, acto seguido se tuvo que autorizar un aumento promedio del 2% en el precio de las naftas y el gasoil en los surtidores, que se repitió en el primer día de abril. Así se cambió la estructura de costos de las estaciones de servicio, que vienen soportando 15 meses de caída en las ventas motivada por las subas reiteradas y por el abandono del auto en favor del transporte público.
Pero los cambios regulatorios también pusieron en alerta a las agroindustrias y las petroleras que ven afectada la rentabilidad y competitividad de la producción y comercio de los biocombustibles en todo el país. Y como el hilo se corta por lo más fino, además de los automovilistas que están obligados a cargar como consumidores, las pequeñas y medianas empresas de los bio trabajan sin margen de maniobras.
Los referentes de las entidades del sector más representativas ya advirtieron a fines del año pasado que el actual régimen está agotado, que el corte vigente se encuentra muy por debajo de lo que promueve el Mercosur (24% de bioetanol de maíz en las naftas contra el 12% en la Argentina), y por eso tienen reuniones periódicas para renovar su reclamo impostergable por un nuevo marco legal para los biocombustibles.
El problema que enfrentan es que el oficialismo presentó en Diputados un proyecto de ley, para reemplazar a la 27640 que rige hasta fin de 2030, que subiría el porcentaje de corte al doble desde 2027, pero con la apertura de la competencia interna por el incremento a las grandes aceiteras y las petroleras, que así compensarían con biocombustibles el recorte de venta de fósiles.
De aprobarse esa iniciativa, con el ingreso de potentes actores de la industria, las pymes quedarán fuera del mercado o deberán vender su producción en conjunto a los mayores jugadores. Del otro lado está el nuevo proyecto consensuado por la Liga Bioenergética de Provincias, con apoyo de gobernadores y productores del rubro, que también espera tratamiento desde fin del año pasado.
De este grupo no participan los pequeños y medianos productores bonaerenses, que tienen su propia asociación, aunque con problemas similares. Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ven como una provocación el mínimo aumento otorgado al biodiesel, y se quejan de la inseguridad jurídica que pone en riesgo las inversiones ya realizadas por el sector y miles de puestos de trabajo.
