Antonio González Pacheco era conocido como “Billy el niño” por su afición a hacer girar la pistola sobre un dedo al estilo de los personajes de las películas del oeste norteamericano. Murió de coronavirus manteniendo condecoraciones y honores, todo un ejemplo del proceso de transición de la dictadura franquista a la democracia.

Nacido en 1946 en un pueblo de Extremadura, ingresó en la Policía Nacional en 1971 como subinspector y fue destinado a la Brigada de Investigación Social, la temible Brigada Político Socialencargada de la represión a los opositores al régimen. En sus once años en ese cuerpo, se labró fama de torturador vocacional que disfrutaba con el sufrimiento de sus víctimas.

Ya en 1974 un juzgado le condenó a una multa por coacciones y malos tratos al periodista Paco Lobatón y un exparlamentario lo vinculó con la muerte del estudiante Enrique Ruano, ocurrida en 1969 en dependencias de la Política Social, en un caso en el que medio siglo después aún no se han dirimido responsabilidades.Cientos de víctimas denunciaron haber sido torturados por Billy el niño, pero ni los estamentos judiciales ni los sucesivos gobiernos tras el fin de la dictadura manifestaron interés alguno en abrir causas o expedientes disciplinarios.

En 1977, en plena transición, fue ascendido a inspector del Cuerpo Superior de Policía, y condecorado por el ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa,con medalla de plata al Mérito Policial por la liberación del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, secuestrado por los Grapo.En total se le concedieron cuatro medallas que le supusieron un incremento del 50 % en su pensión: la primera del régimen franquista en 1972, la segunda, el ejecutivo de Adolfo Suárez en 1977; la tercera en 1980 y la cuarta en 1982, aunque esta última era colectiva para toda la Brigada. Billy el niño reclamó a los tribunales la mejora de su pensión por esta última medalla porque la paga extra no se le había incorporado a sus haberes y los jueces fallaron a su favor.

Medio millón de personas firmaron en 2018 un manifiesto pidiendo al Ministerio del Interior la retirada de títulos y honores pero fue desestimado hasta que días antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a modificar la Ley de Memoria Histórica para posibilitar esa acción.

El 18 de septiembre de 2013 la jueza argentina María Servini de Cubría dictó una orden internacional de búsqueda y captura contra Billy el niño y otros cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquista por un delito de torturas contra trece personas entre 1971 y 1975. La Audiencia Nacional, una especie de tribunal federal especial para delitos graves, le retiró el pasaporte y le ordenó presentarse cada semana en sede judicial, pero meses después rechazó la extradición argumentando que los delitos “estaban ampliamente prescritos”.

Billy el niño murió a causa del Covid-19 en una clínica de la capital española, días antes de que el Gobierno se dispusiera a retirarle las condecoraciones y exigirle la devolución de las pagas extras de su pensión. Según los medios locales, el ex inspector demoró todo lo que pudo su ingreso en la unidad hospitalaria para “evitar ser el foco de atención” de lo que consideraba un “circo mediático” en torno a su foja de servicios. Ese mismo día, el jueves 7, la Dirección General de Policía y el Ministerio del Interior se resistían a emitir alguna declaración oficial que confirmara su muerte: “No es nuestro, es un policía jubilado”, es todo lo que dijeron.