“Si hacemos un promedio desde la gestión 2019 hasta agosto de 2023 podríamos afirmar que cada cuatro días una mujer es víctima de feminicidio, elevándose esta cifra cuando se trata de feminicidio en grado de tentativa”, informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya de Bolivia, en la presentación de un informe fue elaborado y presentado por el organismo que conduce, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Este trabajo del Observatorio Defensorial Judicial compila información sobre la situación de procesos judiciales en casos de feminicidio, tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio y violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes.

A su vez, los datos reflejaron una disminución, entre 2022 y 2023, de los casos de feminicidio e infanticidio: el informe reveló que en 2022 se reportaron 94 feminicidios, delito que bajó a 84 este año. En cuanto a los infanticidios, en 2022 el dato llegó a 39 casos; mientras que para esta gestión se tuvo un total de 24. “Queremos alcanzar ese objetivo inicial que apunta a transparentar y lograr información que sea de fácil acceso para la población en relación a delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio y violencia sexual”, aseguró Callisaya.

Si bien la disminución en estos datos es positiva, se considera que no es suficiente, y en ese sentido la ODJ recomendó a la Fiscalía a fortalecer sus oficinas departamentales e incorporar más psicólogos forenses; al TSJ continuar con el seguimiento, incidencia, verificación y priorización de los procesos penales de estos delitos; a la Defensoría del Pueblo, desarrollar campañas de prevención y socialización a nivel nacional en atención, entre otros puntos.

Por otra parte, la propia Defensoría, hace unos meses, en otro informe había revelado que, las bolivianas que participan en política sufren toda clase de violencia: desde acosos, ataques físicos y hasta el “compromiso forzoso de la gestión compartida” de su cargo. A pesar de que la participación política de las mujeres en Bolivia está garantizada por una ley, la 243, que previene y castiga la violencia contra las mujeres que ejercen cargos públicos, que fuera sancionada en 2012 y es considerada pionera en la región.