A pocas horas de la suspensión de los desalojos en todo el país, la policía bonaerense de Bahía Blanca detuvo y reprimió con balas de goma a cuatro cuidacoches en situación de calle que se habían resguardado en una vivienda abandonada para evitar que los siguieran persiguiendo por violar la cuarentena, aunque no tienen donde vivir. Tan violento fue el operativo que uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) de esa ciudad bonaerense fue detenido cuando intentó frenar los disparos.
La organización, que forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, denunció este domingo que «los trabajadores cuidacoches estaban en situación de calle asediados por la Policía con la excusa del aislamiento pero sin respuesta frente a su situación habitacional».
Luego de días de huir de los controles policiales sin tener a donde ir, «se instalaron en una vivienda abandonada para pasar la cuarentena, y allí fue donde las fuerzas de seguridad aprovecharon para realizar un desalojo violento». Para evitar la violencia del ataque, uno de los referentes del MTE de Bahía Blanca «intervino para frenar los disparos con balas de goma que constan en el informe policial y sufrió una detención arbitraria».
Se trata de Martín Aveiro, que fue detenido cuando intentó impedir los disparos junto a María Colussi, Matías Medina, Mauricio Ojeda y Mauricio Chena, de 43, 32, 28, 29 y 38 años de edad. Están detenidos en la comisaría primera de Bahía Blanca imputados por atentado y resistencia a la autoridad, y violar los artículos 205 y 239 del Código Penal que rigen desde el 12 de marzo para castigar a las personas que violen la cuarentena. El 205 establece penas de «prisión de seis meses a dos años» a quien viole «las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia», mientras que el 239 fija «prisión de quince días a un año» a quien resista o desobedezca «a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones» o a la persona que lo asista a su pedido «en virtud de una obligación legal».
La indebida aplicación de ambos artículos en este caso resulta paradigmática: aplicaron el 239 contra una persona que intentaba impedir los disparos con balas de goma contra otras cuatro que fueron detenidas por el 205, cuando se trata de trabajadores precarizados en situación de calle que estaban buscando resguardarse para evitar persecuciones sistemáticas acusados de violar la cuarentena.
Los detenidos están a disposición del juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López Da Silva. El MTE le solició al magistrado que los libere por la arbitrariedad de las detenciones y que se «se resuelva su situación habitacional con urgencia».
La organización, que forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, denunció este domingo que «los trabajadores cuidacoches estaban en situación de calle asediados por la Policía con la excusa del aislamiento pero sin respuesta frente a su situación habitacional».
Luego de días de huir de los controles policiales sin tener a donde ir, «se instalaron en una vivienda abandonada para pasar la cuarentena, y allí fue donde las fuerzas de seguridad aprovecharon para realizar un desalojo violento». Para evitar la violencia del ataque, uno de los referentes del MTE de Bahía Blanca «intervino para frenar los disparos con balas de goma que constan en el informe policial y sufrió una detención arbitraria».
Se trata de Martín Aveiro, que fue detenido cuando intentó impedir los disparos junto a María Colussi, Matías Medina, Mauricio Ojeda y Mauricio Chena, de 43, 32, 28, 29 y 38 años de edad. Están detenidos en la comisaría primera de Bahía Blanca imputados por atentado y resistencia a la autoridad, y violar los artículos 205 y 239 del Código Penal que rigen desde el 12 de marzo para castigar a las personas que violen la cuarentena. El 205 establece penas de «prisión de seis meses a dos años» a quien viole «las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia», mientras que el 239 fija «prisión de quince días a un año» a quien resista o desobedezca «a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones» o a la persona que lo asista a su pedido «en virtud de una obligación legal».
La indebida aplicación de ambos artículos en este caso resulta paradigmática: aplicaron el 239 contra una persona que intentaba impedir los disparos con balas de goma contra otras cuatro que fueron detenidas por el 205, cuando se trata de trabajadores precarizados en situación de calle que estaban buscando resguardarse para evitar persecuciones sistemáticas acusados de violar la cuarentena.
Los detenidos están a disposición del juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López Da Silva. El MTE le solició al magistrado que los libere por la arbitrariedad de las detenciones y que se «se resuelva su situación habitacional con urgencia».
