El Senado de la Nación conformó este jueves la Comisión de Legislación General y el oficialismo está listo para comenzar a debatir la semana que viene el proyecto de senadores kirchneristas que propone crear un impuesto sobre activos fugados al exterior.
Al frente de la comisión resultó elegido el pampeano Daniel Bensusán (FdT), mientras que la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) fue designada vicepresidenta y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (FdT) será la secretaria de la comisión.
La iniciativa, impulsada por el neuquino Oscar Parrilli, sumó esta semana más de 20 adhesiones de senadores del bloque oficialista que respaldaron la intención de crear por ley un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con «un aporte especial de emergencia» de aquellas personas que tengan bienes en el exterior «que fueron fugados y no están declarados ante el fisco».
El miércoles los senadores y senadoras Claudia Ledesma Abdala, Silvia Sapag, Silvina García Larraburu, Adolfo Rodriguez Saá, Lucía Corpacci, Marcelo Lewandoski, Andrada Guillermo, María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rhodas, Cristina López, Sergio Leavy, Ricardo Guerra, Mariano Recalde, Nora Giménez, Carlos Alberto Linares, Ana María Ianni, María Teresa González, Sandra Mendoza, María Eugenia Catalfamo, José Rubén Uñac, Pablo Yedlin y Daniel Bensusán presentaron un escrito a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el que le solicitaron que se sumen sus adhesiones a la iniciativa presentada por Parrilli.
El detalle del proyecto
El proyecto -que tiene giro también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda- comenzará a debatirse en un plenario de comisiones que se convocará formalmente para el próximo martes. Con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada Parrilli –hombre de su máxima confianza- presentóun proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, que será financiado por quienes tengan bienes en el exterior sin declarar.
“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta la iniciativa.
El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
La figura del «colaborador»
La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina». Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador», que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
Para poner en vigencia esa figura se informó que «se presentará otra iniciativa que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal», lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
Casi en simultáneo con la presentación del proyecto, la titular del Senado recibió en su despacho del Congreso al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley.
«Recibí en el Senado a Marc R. Stanley, embajador de los Estados Unidos. Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos», informó la expresidenta en su cuenta de Twitter.
