Con el objetivo de cumplir con todos los requisitos que solicita el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que realizará una auditoria al sector público y privado en el país el próximo año, Diputados avanza con el debate sobre la modificación de la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En este contexto, este miércoles se reunió el plenario de las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio. Como el pasado 23 de noviembre, participó Juan Carlos Otero, titular de la Unida de Información Financiera (UIF).
Otero destacó que es “muy importante cumplir con la auditoria que la GAFI. Va a ser en septiembre del año que viene, con lo técnico de la evaluación. Es por ello que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país, no a un gobierno”. Asimismo, el funcionario explicó los tres ejes principales de la ley: «La modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.
Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.
También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.
Además se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.
En diálogo con Tiempo, Godoy resaltó que la aprobación de la norma “es importante porque hay que hacer una actualización. Este tipo de ilícitos tiene un carácter transnacional y por eso la comunidad internacional desarrolló un sistema de control que es el GAFI que se encarga de elaborar recomendaciones a los países y luego evaluarlas. La última actualización sucedió en el año 2011 con una modificación de la ley”.
Desde la oposición de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli resaltó “avances en la discusión”. «Buena parte de las propuestas formuladas por la oposición fueron tomadas en cuenta por la UIF”, expresó Tonelli, al tiempo que agregó: “Queremos insistir para que la UIF cuente con la información no sólo de las personas públicas sino también de las privadas. Además de revisar designación y remoción de las autoridades del organismo”.
Qué dice el proyecto del Ejecutivo
La iniciativa propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. «El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente, transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes», indica el proyecto.
