Ya es conocida la frase “las audiencias públicas no son vinculantes”. Una definición cierta que elimina cualquier esperanza en aquellos que, más allá de los argumentos lanzados en esos encuentros, creen que algo podría llegar a cambiar. El jueves pasado comenzó la audiencia pública para establecer una nueva suba en el boleto del Subte, un incremento que en junio de este año llevará el valor de cada viaje a 757 pesos.
El aumento impactará fuertemente en el bolsillo de las y los trabajadores con un gasto mínimo de más de 30.000 pesos mensuales sólo para ir y volver a trabajar y si se toma un solo medio de transporte. Un relevamiento advierte que este aumento es ilegal y que habrá una gran transferencia de usuarios de subtes a colectivos. Desde diferentes organizaciones ponen en evidencia la vulnerabilidad de los derechos de los usuarios.
De acuerdo a lo establecido por la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), controlada por el GCBA, los boletos darán un salto del 359% y pasarán de 125 pesos a $574 en el mes de mayo. Pero este aumento es el primero de otros que tiene en mente el jefe de gobierno Jorge Macri, dado que quiere llevar al valor del pasaje en subte a 757 pesos en el mes de junio. Una persona que usa solamente el subte para viajar a su puesto de trabajo, gastará por semana 7.570 pesos y en un mes 30.280 pesos, sin tener en cuenta el uso de otros medios de transporte.
La Ley 4472 de Regulación y Reestructuración de la red de subtes y premetro ordena que el servicio debe prestarse a tarifas justas y razonables. ¿Esto se cumple?
Para la Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires este incremento está muy alejado de ser una tarifa justa. “El GCBA no cumple con la normativa. La justicia de una tarifa se puede asociar con la calidad del servicio prestado y la experiencia de las y los usuarios. Lo que queda en evidencia es que este aumento no es un política de transporte ni tarifaria, estamos ante una política fiscal”, define en diálogo con Tiempo Javier Altrudi Subdirector de transportes y Comunicaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
El organismo realiza un relevamiento constante del funcionamiento del subte. En un relevamiento advierte que durante el 2023, alrededor de 50 ascensores y escaleras de la Red de subtes a diario se encuentran fuera de servicio. Hay mecanismos que llevan meses y hasta años sin funcionar. “Del 7 de marzo hasta la fecha de esta audiencia pública, el número de mecanismo fuera de funcionamiento empeoró, alcanzando un promedio diario de 79 dispositivos detenidos (esto incluye al 30% de los ascensores de la red)”, agrega Altrudi.
El relevamiento destaca varios puntos que ponen foco en la baja calidad del servicio:
Todas las líneas operan con menor cantidad de formaciones respecto a 2019 (año anterior a la pandemia): Solo 3 de las 7 líneas que conforman la Red recuperaron la frecuencia de ese año. Una es la E y su frecuencia se ubica en torno a los 5 minutos, lejos del objetivo propuesto por el Gobierno de la Ciudad en audiencias anteriores. La presencia de asbesto en la línea B que, junto a E, tienen las formaciones más viejas y presentan el mayor número de incidentes en la prestación (demoras, servicios limitados, interrupciones).
“Estas 2 líneas contienen la mitad de las 1656 incidencias ocurridas en el subte durante 2023, como demoras, servicios limitados e interrupciones. En promedio ocurre 4,5 de estas situaciones por día y afectan 105.431 minutos del servicio, es decir un total de 73 días en el año”, detalla Altrudi y termina: “la transferencia de usuarios hacia los colectivos creará un círculo vicioso, dado que la pérdida de pasajeros hace que el transporte sea más caro en su sostenibilidad”.
Desde la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor (ADDUC), advierten sobre el desamparo de las y los usuarios. “El consumidor se encuentra en total estado de indefensión. Tanto en Nación como en la Ciudad, no hay facultades que hayan tocado en forma directa o indirecta. Lo que más vulnera a los consumidores es el famoso DNU de Javier Milei que anula todos los sistemas de defensa”, explica a Tiempo Osvaldo Bassano, Presidente y fundador de ADDUC.
Bassano Recuerda que a nivel nacional se disolvieron todos los entes de control y que en la Ciudad de Buenos Aires hicieron exactamente lo mismo. “Está claro que el principal objetivo del GCBA es hacer negocios y no les importa si los usuarios lo pueden pagar, si no pueden viajar y lamentablemente las audiencias públicas son un show”, agrega y remata: “Dentro del subte hay una caja de Pandora, hay muchos negocios variados, como telecomunicaciones con el pase de fibra óptica por los túneles, alquiler de locales y servicios de publicidad, entre otros”.
Transporte esencial
Desde el Ministerio Público de la Defensa de CABA (MPD), recuerdan que los usuarios tienen acceso al subte como consumidores. “En este sentido, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) establece una serie de derechos que amparan a los usuarios de servicios públicos, incluyendo el transporte”, señala a Tiempo Lorena Lampolio, titular de la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD de CABA.
La especialista indica que el organismo cuenta con una Unidad Especializada en Relaciones de Consumo: “entre sus funciones se dedica a defender de forma integral los derechos de usuarios y consumidores, acompañando y asistiendo en la protección de sus intereses económicos y, en términos generales, la defensa integral de sus derechos como consumidores y usuarios”, explica y recuerda que los usuarios del subte no son meros pasajeros, “son ciudadanos consumidores que merecen un transporte digno, seguro, eficiente y de calidad. El aumento de las tarifas, sin una mejora sustancial del servicio, no es más que una práctica abusiva contraria a los principios fundantes de la normativa consumeril”.
