Tras la feria judicial, el miércoles 12 de febrero se reanudará en los tribunales de Comodoro Py el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. La audiencia se llevará a cabo en medio de la expectativa por una pericia clave al teléfono celular del atacante y principal acusado, Fernando Sabag Montiel, que se iba a hacer a mediados de semana, pero un corte de luz lo impidió.
Así lo pudo saber Tiempo por medio de fuentes ligadas al proceso judicial. El Samsung A50 que fue secuestrado en Juncal y Uruguay varios minutos después del fallido intento de magnicidio del primero de septiembre de 2022 todavía no pudo ser examinado en profundidad y hay un altísimo riesgo -advirtieron especialistas- de que no se pueda recuperar información por el estado de deterioro del dispositivo y un restablecimiento de fábrica que es investigado por la Justicia.
El miércoles estaba previsto que el celular sea conectado a la versión más avanzada del Universal Forensic Extraction Device, más conocido como UFED. Se trata de un software de extracción de datos desarrollado por la empresa israelí Cellebrite. Ese último intento se había programado para las 10 de la mañana en la sede de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal (MPF). Por eso los peritos José Morán, de la querella; Natalia Passarini García, de la defensa de Sabag Montiel; el segundo comandante Francisco Pardo, de la Gendarmería; Nicolás Sanguinetti y José Pollola Barón (MPF) se presentaron para avanzar en la medida.
Pero el intento no prosperó a causa de un corte de luz que impidió «el normal desenvolvimiento de las tareas técnicas a realizar sobre el dispositivo», de acuerdo a lo que consta en un acta a la que accedió este medio. Por eso, de común acuerdo, los peritos decidieron suspender la medida y coordinar una nueva fecha que deberá ser informada por el Tribunal en los próximos días. Al cierre de esta nota, fuentes judiciales barajaban la posibilidad de que se reprograme para la semana entrante.
El devenir de ese teléfono es uno de los capítulos más intrincados de la investigación del intento de asesinato, y uno de los tantos motivos de cuestionamiento que formuló la querella, encabezada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, contra la jueza de primera instancia a cargo del caso, María Eugenia Capuchetti. Hubo fallas en la cadena de custodia y el teléfono terminó reseteado de fábrica.
Cuando Sabag Montiel fue detenido la noche del ataque lo llevaba consigo. Habían pasado varios minutos del hecho y ya se había montado un operativo en el lugar. Efectivos policiales preservaron el dispositivo: le sacaron el chip y la tarjeta de memoria, los pegaron con cinta en la carcasa y lo metieron en un sobre Faraday para aislarlo de las señales electromagnéticas y en otro de papel madera. Así fue enviado al tercer piso de Comodoro Py, al Juzgado de Capuchetti.
Ahí, la jueza convocó a especialistas para acceder al dispositivo y recuperar la información. El funcionario policial designado fue el cabo Alejandro Oscar Heredia, del área de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal. Ante la presencia de dos militantes (testigos directos del atentado) y del primer defensor de Sabag Montiel, junto con otros integrantes de la PFA y del Juzgado, conectó el dispositivo al UFED, pero saltó un código de error. Ante esto, a las 3:30, ya del 2 de septiembre, se dio por finalizada la medida, según consta en el acta policial en la que no se mencionó lo que había pasado. Uno de los testigos presentes declaró en el juicio que tras unos minutos en esa oficina fueron invitados a retirarse, y que pusieron a cargar el dispositivo.
Entrada la noche del 2 de septiembre fue enviado a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en Ezeiza, donde había una versión actualizada del UFED. La encargada del traslado fue una mujer policía de la custodia del Juzgado, que le entregó el paquete con el dispositivo al perito Pablo Kaplan. Pero lo que sucedió ahí motivó la queja de los abogados de Cristina Kirchner: el sobre estaba abierto y el teléfono encendido. Se había roto la cadena de custodia y con ese hecho ya se perfilaba el descontento con Capuchetti. Esa noche el teléfono se reinició de fábrica.
Ante eso, la propia jueza presentó una denuncia para que se investigue qué fue lo que ocurrió. Quedó en manos de María Servini, que avanzó en llamados a declaración para reconstruir los hechos y todavía hay medidas en marcha.
La situación en torno al celular se coló en el juicio que lleva a cabo el Tribunal presidido por la jueza Sabrina Namer y sus colegas Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, con la intervención de la fiscal Gabriela Baigún. En una de las primeras audiencias, allá por julio de 2024, el testigo directo del hecho, que también presenció el intento de apertura que se hizo aquella madrugada, también contó que recibió una amenaza vía Facebook cuando estaba por ir a declarar ante Servini.
La historia sigue abierta y la expectativa por la información que se pudiera obtener es grande. De momento sólo se recuperaron algunas fotos y chats con escaso contenido tras los análisis del chip y la tarjeta de memoria. Parte de la expectativa gira en torno a la posibilidad de que haya datos relacionados con la pista política -referenciada en el diputado del PRO Gerardo Milman- que la querella busca profundizar.
Mientras tanto, el juicio se reanudará el miércoles con seis testigos vinculados al accionar de Gabriel Carrizo, el otro integrante de la banda de los copitos que está detenido y acusado, junto con Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Según las primeras estimaciones que hacen fuentes ligadas al debate, el final quedaría para la segunda mitad del año. «
