Todos los interrogantes que surgieron después del 1 de setiembre de 2022 sobre la autoría mediata del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner permanecen sin respuestas. Si bien Fernando Sabag Montiel, el hombre que le gatilló en la cabeza a la expresidenta y la bala no salió, asumió en exclusividad la autoría del ataque -cual lobo solitario-, lo cierto es que en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número seis aparecen una y otra vez aquellas mismas preguntas: ¿quiénes estuvieron detrás del atentado? ¿Hubo financiamiento de la empresa Caputo Hermanos a través de la organización de ultraderecha Revolución Federal? ¿La creación de un clima social de odio creciente hacia la ex presidenta fue espontánea o planificada? ¿El fiscal Diego Luciani, con su alegato en la Causa Vialidad, fue funcional a eso?

Seguirán sin respuesta. El tribunal oral que juzga a Sabag Montiel, a su expareja Brenda Uliarte y al jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, Gabriel Carrizo, no puede –ni aunque quisiera- pronunciarse sobre eso. Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari sólo están habilitados para resolver si los tres imputados son inocentes o culpables, y en este último caso de qué delitos y qué pena les corresponde. Nada más.

El viernes, el tribunal resolvió prorrogar por un año la prisión preventiva de Sabag Montiel. El principal imputado está detenido desde la noche del atentado y hoy se cumple el plazo de dos años (prorrogable por otro más) que establece la ley. Su defensa pidió la excarcelación. La respuesta fue no.

Las líneas de investigación que los abogados de Cristina Kirchner denuncian como inexploradas quedaron sepultadas en el juzgado federal de primera instancia a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal recusaron a la magistrada argumentando que  “la prueba solicitada por esta parte acusadora en su enorme mayoría ha sido rechazada, no realizada o llevada a cabo en forma tardía; no se delegó la instrucción, pero tampoco se impulsó una línea investigativa, bloqueando toda hipótesis más allá de las personas que actualmente se encuentra imputadas”.

Capuchetti rechazó la recusación y en una resolución de 43 páginas aseguró que le había concedido a la querella todo lo que pidió pero ninguna de sus hipótesis se confirmó ni evidenció que tuviera relación con el atentado contra la expresidenta.

“El cotejo de las actuaciones demuestra en forma cabal que se ha investigado y dado respuesta a todos y cada uno de los interrogantes introducidos, lo cual deja en claro el marco de imparcialidad, independencia y objetividad que ha guiado mi actuación en el expediente. (…) Sus expresiones se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas”. Capuchetti reivindicó “la intensa labor investigativa llevada a cabo por este Juzgado” y recordó que “la producción de una medida probatoria, su resultado, evaluación de utilidad, pertinencia y oportunidad, resultan ser facultades jurisdiccionales otorgadas al juez”.

En sucesivas decisiones, Capuchetti fue descartando –según su criterio, avalado por la Cámara Federal y la de Casación-  una a una las teorías de la querella sobre la instigación mediata (las actividades de Revolución Federal siempre fueron investigadas por separado y ante otro juez), el presunto financiamiento a través de “los Caputo de la vida”, las supuestas tareas de inteligencia (con fotos y filmaciones desde el balcón del piso superior al de la ex presidenta  hacia el lugar donde ocurrió el atentado). Menos aún: el testigo que dijo haber escuchado al diputado Gerardo Milman decir “cuando la maten yo estoy en la Costa” a una cuadra del Congreso está en riesgo de ser procesado por falso testimonio porque no encontraron en su teléfono un mensaje que buscaban sobre aquel episodio. En el teléfono de Milman, en cambio, no encontraron nada porque entregó un aparato que comenzó a usar después del ataque y los de sus secretarias fueron borrados en unas oficinas de Patricia Bullrich por un experto que hace poco fue designado director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en la cartera de Seguridad que está a cargo de la saltimbanqui ministra.

Sobre ninguna de esas líneas, ni de cualquiera otra que no sean los tres imputados, puede avanzar el tribunal oral. Si durante el juicio surgiera una prueba determinante que respondiera a esos interrogantes (por ejemplo, una filmación de alguien pagándole a Sabag Montiel para que atentara contra la ex presidenta), los jueces deberían enviarla a la primera instancia para que ese dato, por fundamental que fuera, recorriera todo el espinel judicial hasta llegar nuevamente a la etapa de juicio. Que no sería éste juicio sino otro.

Los jueces sí podrían, pero es conjetural, fijar su postura, establecer su visión sobre los hechos más allá del hecho, incluso sugerir líneas de investigación. Ese es el límite que debe respetar un tribunal serio, y éste lo es.

No podrían hacer lo que hizo el camarista de Casación Carlos Mahiques en el fallo sobre el encubrimiento de la denominada “pista siria” del atentado contra la AMIA.  Debía pronunciarse sobre las apelaciones de, entre otros, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, pero escribió que Irán es responsable por el ataque.

¿Qué valor jurídico tiene eso? Ninguno. Es un juez dejando su opinión asentada en un fallo de un tribunal que completan otros dos magistrados. Pero una operación mediática le permitió instalar la falsa idea de que “la Cámara de Casación dijo que Irán es responsable del atentado”. No es cierto.

A los tres jueces les preguntaron “¿qué hora es?” y Mahiques respondió “milanesa con papas fritas. Ah, son las cuatro y cuarto”.

Respecto del juicio oral en sí se desarrollará en las próximas semanas una etapa técnica, con abundante intervención de peritos especializados en distintos metieres.  Un punto decisivo será lo que digan sobre el arma que empuñó Sabag Montiel. “Si el arma no podía haberse disparado, la tentativa sería inidónea, y eso sería fundamental para la pena y la evaluación del plan de acción”. Habrá debate sobre el arma; los peritos discutirán en la sala de juicio y Sabag Montiel, a través de su defensora oficial María Fernanda López Puleio, propuso a un armero, acaso para confrontar y cuestionar las conclusiones. El arma ya fue peritada en la etapa de instrucción y la conclusión fue que era “apta para el disparo”. Pero en el juicio oral todo puede discutirse de nuevo.

También habrá debate sobre la salud mental de los dos principales imputados, Sabag Montiel (quien ya fue evaluado en primera instancia y las conclusiones dejaron dudas) y Uliarte, para quien su abogado, Alejandro Cipolla, pidió un peritaje multidisciplinario porque supone que puede ser declarada inimputable.

En la última audiencia, la jueza Namer convocó a las partes para definir cómo será la dinámica de aquí en más y si desistirán de las declaraciones de algunos de los muchos testigos que están propuestos. Es habitual en los juicios orales que las partes consideren que hay testimonios redundantes y prescindan de ellos.

La defensa de Gabriel Carrizo, a cargo de Gastón Marano, ya anticipó que tiene interés en mantener a seis, especialmente  uno que estaba junto al jefe de “los copitos” cuando mandó mensajes post-atentado en los que se ufanaba de haber participado en la planificación.