Los empleados públicos nacionales están en la mira del gobierno. Ya suman casi 30 mil los despidos en el Estado Nacional desde que asumió Javier Milei y, cada tres meses, son casi 60 mil los trabajadores contratados según el artículo 9 de la LCT que están en la mira por la renovación trimestral de sus vínculos laborales. Muchos de ellos suman ya varias décadas trabajando bajo esa modalidad que no goza de estabilidad laboral.

Hoy se conoció el decreto 695/24 que, con la firma de Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo avanza en la reglamentación del Título II de la ley Bases referido a la reforma del Estado. Allí establece los criterios para avanzar en la privatización de las empresas públicas incluidas en la ley Bases y avanzar en la flexibilización del empleo público.

El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, se apresuró en hacer pública su satisfacción por el decreto resumiendo su contenido en “tres objetivos centrales: acelerar la MOTOSIERRA, implementar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS”. El vocero presidencial Manuel Adorni, aseguró en la conferencia de prensa que sostiene a diario que “la motosierra es infinita”.

El funcionario juró como ministro el 5 de julio último.
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Sturzenegger celebra en su publicación en la red social X que “el Congreso ha sido generoso en las delegaciones” al ejecutivo. Es que, explica, “le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”, así como “cambiar las formas societarias de las empresas públicas”. En esa línea se augura el cierre definitivo del INADI y un fuerte desfinanciamiento a la producción audiovisual independiente.

Rodolfo Aguiar sostiene que el Poder Ejecutivo «se excede en sus funciones reglamentaria».

En lo que se refiere a la reducción de la planta estatal, el funcionario destacó que “se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora”. Además, se ufana, “régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro”.

Por último, destaca la aceleración de la “puesta en disponibilidad” de los agentes del Estado que revistan en organismos que se eliminan o el gobierno evalúe que se encuentran sobredimensionados”. Mientras dure ese período el trabajador se encontrará en una situación de semi despido durante la cual deberá capacitarse o podrá reinsertarse en el sector privado que gozará de un estímulo en tanto el salario de empleo público que seguirá percibiendo podrá ser contabilizado como parte de su salario en el sector privado. Se trata de un gigantesco subsidio estatal al sector privado.

Rápidamente, la Asociación de Trabajadores del Estado, en boca de su secretario general Rodolfo Aguiar, salió al cruce del ministro asegurando que “la motosierra le puede cortar la cabeza a usted”. El dirigente desafió al ministro a que encuentre a los ñoquis “antes de combatirlos”. Según Aguiar, en siete meses de gobierno “no mostraron uno” y le recomendó que los busque “en la misma Casa Rosada”. En forma directa lo acusó de vivir “de la teta del Estado desde hace más de 30 años”.

Para el propio Aguiar, en la reglamentación de la ley “el Poder Ejecutivo se excede en sus facultades reglamentarias”.

La ATE adelantó que en el marco de la movilización que la UTEP, la CGT y las CTA realizan a la Plaza de Mayo este miércoles su organización sindical realizará un paro de 24 horas.