La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este lunes un paro de 24 horas con alcance nacional. En algunas jurisdicciones la medida fue acompañada de asambleas y movilizaciones. En la Ciudad de Buenos Aires se realizó una nutrida concentración frente a la sede del Inadi, el instituto contra la discriminación que el gobierno nacional quiere cerrar.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar aseguró en un comunicado que la huelga tuvo «un fuerte impacto nacional e incluyó numerosas movilizaciones». Además, observó que «el Gobierno de Javier Milei debe saber que la conflictividad en el sector público escalará» y afirmó que ATE «no quiere que le vaya bien al presidente libertario porque con sus ideas, si le va bien a él, le irá muy mal a todos los argentinos».
En el acto frente al Inadi, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar (foto), advirtió que «hay una escalada de la conflictividad en el Estado. El deterioro de los ingresos en el sector público es grave, por lo que no se tolerará amenazas de despidos ni se permitirá que cierre ningún organismo».
En un contexto en el que las administraciones subnacionales también están aplicando su propio ajuste, justificado en el torniquete del gobierno nacional, Aguiar apuntó que los gobernadores e intendentes deben proteger del ajuste a los trabajadores porque esa será «la única manera de garantizar el funcionamiento del Estado».
La huelga de 24 horas afectó el funcionamiento de la administración pública, tanto en el nivel nacional como en el provincial y municipal. Los hospitales funcionaron con guardias mínimas y los organismos de atención a jubilados (como PAMI y Anses) solo atendieron emergencias. La medida de fuerza alcanzó también a servicios como la recolección de residuos, barrido de calles o mantenimiento de espacios verdes.
En su comunicación de balance del paro, ATE dijo explicó que «el poder de compra de salarios y jubilaciones está por el piso, por lo que el acatamiento al paro superó el 90% en las 23 provincias y Buenos Aires”. Agregó que “Ello se corresponde con los elevados niveles de agresión oficial hacia los estatales. En solo tres meses se destruyeron las condiciones de vida de millones de trabajadores y jubilados».
En la paritaria sectorial, el gobierno ofreció un aumento del 12% para febrero. ATE lo rechazó y UPCN, el otro sindicato que agrupa a los trabajadores estatales, lo aceptó.
Los reclamos planteados en la jornada de protesta fueron: aumento salarial por encima de la inflación; reincorporación de despedidos sin causa; pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados; rechazo al cierre del Inadi; defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); aumento de emergencia para jubilados y pensionados; y rechazo a cualquier intento de privatización.