La decisión administrativa del gobierno de Javier Milei que prorroga por un año una medida que establece condiciones y límites para los aumentos salariales a los empleados del Estado, generó el rechazo de los trabajadores estatales, un sector que viene siendo permanentemente castigado por la gestión libertaria. Este miércoles la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salió al cruce:  “Esta decisión es inviable, de cumplimiento imposible. Con salarios del 2023, si de algo va a estar seguro el Gobierno es que no va a existir paz social”, dijo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar. 

“No van a poder cumplir con esta decisión. A esta resolución la vamos a pasar por encima con movilización”, apuntó Aguiar, luego de que se encendieran las alarmas en el sector al conocerse la Decisión Administrativa 1/2025, que prorroga hasta fin de año de la medida sancionada en febrero de 2024 que vencía en diciembre.

“Condicionar los incrementos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia estatal es igual a decir que vamos a tener 0% de aumento anual”, agregó el dirigente. Cabe recordar que la situación presupuestaria es irregular, porque al no sancionarse una nueva ley, en el 2025 regirá el mismo presupuesto que en el 2023.

En ese camino, Aguiar recordó que en el gobierno “hicieron todo” para que no hubiera una Ley de Presupuesto. “La última norma se formuló en el 2022 y acarrea más de un mil por ciento de inflación. Pretenden utilizar esta prórroga para asestar el golpe final sobre los ingresos y empujar a la pobreza a todos los que prestan servicios en el sector público”, disparó.

Por ello remarcó que en el Ejecutivo “no van a poder cumplir con esta decisión”. Y advirtió: “A esta resolución la vamos a pasar por encima con movilización”.

La norma que lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo.

Además, Aguiar cargó contra altos funcionarios del Poder Ejecutivo que ingresaron gente cercana al Estado, como lo sucedido con el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, quien a siete días después de ser designado en su cargo ascendió a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia dentro del organismo.

“El cinismo de estos funcionarios no tiene límites. Nos quieren ajustar a nosotros pero todos los días ascienden a sus familiares e ingresan a militantes libertarios con sueldos millonarios”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Según remarcaron desde el gremio estatal, decisiones como las nuevas incorporaciones en la Vocería Presidencial que maneja Manuel Adorni, “violan los decretos 1148/24 y 1149/24 recientemente publicados por el Gobierno que modifican el régimen de contrataciones en el Sector Público”.