El abrupto e ilegal ingreso en la embajada mexicana en Quito hizo recordar otro hecho en el que tuvo participación un gobierno ecuatoriano. Fue la autorización de Lenin Moreno para que agentes británicos ingresaran a la sede de su país en Londres para llevarse de los pelos al australiano Julian Assange, hace justo cinco años, el 11 de abril de 2019.
El fundador de WikiLeaks había solicitado asilo al gobierno de Rafael Correa en junio de 2012 ante la persecución de la que ya era objeto por haber publicado cientos de miles de archivos clasificados donde se revelaban las atrocidades cometidas por tropas de Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Correa se apuró a brindar las garantías de su gobierno y mientras se mantuvo en el Palacio de Carondelet el periodista estuvo a resguardo. Sin embargo, no podía ni pisar la vereda del edificio del 3 de la calle Hans Crescent. Corría el riesgo de ser detenido por causas abiertas ante tribunales británicos.
Bastó con que Moreno llegara al gobierno en 2017 para que los vientos cambiaran de giro. Y al tiempo que en pocos meses su vice, Jorge Glas, cayera en desgracia. Assange corrió suerte similar en lo que fue un gran escándalo de violación sobre el derecho a la inmunidad diplomática. El gran delito de Assange, revelar a la ciudadanía en general –con ayuda imprescindible de los más grandes medios de EE UU, el Reino Unido, Alemania, Francia y España– crímenes de guerra de la principal potencia militar del planeta. Nunca fue llevado formalmente a un estrado, pero hace 12 años que está privado de su libertad, desde hace cinco en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, Londres.
En junio de 2022 Londres anunció la firma de su extradición a EE UU, donde el periodista enfrenta cargos por espionaje y una condena de 175 años de prisión. O la muerte. Su defensa alega que su estado de salud está muy deteriorado luego de tantos años de encierro, lo que se agravaría con las condiciones que le tienen reservadas los estadounidenses. Actualmente una corte británica espera de que desde el otro lado del océano le garanticen que van a respetar sus derechos y no será condenado al cadalso para terminar de extraditarlo. Así parece ser el «mundo basado en reglas» que promocionan la Casa Blanca y Bruselas.
