Ante los recientes dichos del ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona sobre que “un chico de 13 años tiene conciencia, sabe, actúa con dolo y debe ser punible”, este diario dialogó con integrantes de la Asociación Víctimas por la Paz. Ambas mujeres padecieron hechos de inseguridad gravísimos junto a sus familiares. Sin embargo, no abrazan el resentimiento.
El gobierno nacional enviará un proyecto de Ley al Parlamento para que sea tratado por el sistema bicameral que -de aprobarse- establecerá en la sociedad argentina una nueva Ley Penal Juvenil, para los adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos. Así lo anunciaron la ministra de seguridad Patricia Bullrich y Cúneo Libarona este martes.
Quienes integran la Asociación Víctimas por la Paz llevan más de siete años trabajando con personas en situación de encierro para disminuir la reincidencia. Fue creada por el fallecido juez de Necochea, Mario Juliano, junto a un grupo de personas que padecieron delitos muy graves.
Una mirada distinta, una mirada de paz
Desde la Asociación Víctimas por la Paz pretenden mostrarle a la sociedad “que nosotros necesitamos pensar una política de seguridad que sea seria. Estamos atravesados por la violencia que hemos sufrido, sentimos mucho dolor, pero tenemos otra mirada en relación al incremento de las penas y sobre bajar la edad de punibilidad, estamos totalmente en desacuerdo”, aseguró a Tiempo Diana Márquez, abogada, escribana y directora del organismo, que está formada por personas que “hemos sido víctimas de delitos gravísimos”.
Explicó que no piensan en la impunidad como una solución a la problemática, “pero sabemos que históricamente nos han usado como argumento para aplicar políticas para el endurecimiento de las penas, que no nos han llevado a ningún lado; solo generaron más violencia”, remarcó Márquez.
«Realmente venimos aplicando las mismas políticas hace décadas y la situación empeora cada vez más. Consideramos que es hora de darnos cuenta como sociedad que si queremos que a otros no les pase lo que nos pasó a nosotros, tenemos que hacer otro tipo de cosas para tener resultados diferentes”, recomendó la mujer que también es mediadora y facilitadora de diálogo restaurativo.
En estos momentos en que se escucha todo el tiempo en los medios de comunicación la intención de la bajar la edad de punibilidad, “el ministro Cúneo Libarona y la gente que lo acompaña, dicen que lo hacen por las víctimas, como directora de una Asociación de víctimas me gustaría que nos contara cuáles son los números que lo llevan a tomar esta decisión tan drástica y cruel”, reclamó la abogada.
Durante su discurso el ministro de justicia no detalló “la estadística que manejan y tampoco cómo fue construida, porque no existen tal como la cita sobre los delitos que cometen los menores de edad”, señaló Márquez, que tiene mucho conocimiento sobre la problemática en cuestión. Como víctimas de la inseguridad, “consideramos que eso es una falacia, mucho más en relación a los delitos graves; la verdad es que la cifra en ese sentido es ínfima”, subrayó.
Piden educación y trabajo
En la Asociación Víctimas por la Paz impulsan que la sociedad escuche el planteo “que tenemos nosotros sobre la problemática habiéndola sufrido en carne propia. Pensamos que a esos niños y niñas de 13 años hay que brindarles oportunidades, herramientas, necesitan contención, educación, arte, salud, cultura del trabajo y por sobre todo que les llegue a sus padres”, imploró la directora.
Recomienda enfocarse “en la verdadera organización criminal, no en los chicos”, aseveró. Pero eso nunca se hace, “por eso vamos a llegar de nuevo al último eslabón, que son nuestras infancias y adolescencias, a quienes pretenden someter al encierro punitivo”, explicó.
También profundizó en que “nadie piensa en que ellos luego del encierro van a volver al seno social, pero ya habiendo sufrido muchas cosas que les dejarán marcas en sus vidas para siempre y de la peor manera”, aseguró la facilitadora del diálogo restaurativo.
«Resulta muy preocupante que lo único que se intente hacer todo el tiempo desde el Estado nacional sea generar cada día más condiciones de mayor vulnerabilidad para las y los pibes”, se quejó Márquez. El ministro Cúneo Libarona dice que los adolescentes de hoy son diferentes a los de 1980, que saben y que actúan con dolo, “si claro, son mucho más vulnerable que antes, porque han dejado avanzar al narcotráfico y el crimen organizado de una manera brutal”, apuntó Márquez, muy indignada.
Oportunidades para los jóvenes
Márquez explicó que por ese motivo “hoy tenemos un grave problema de salud mental, adicciones, por avances de estructuras criminales organizadas, que lo único que hacen es generar esas condiciones macros de vulnerabilidad”, enfatizó la directora. Continuó relatando que el Estado “tendría que ayudar a las familias con la alimentación, vivienda y todo lo que las personas necesitan para el desarrollo de la vida y que las juventudes tengan oportunidades”, reclamó.
Lo único que lograrán bajando la edad de imputabilidad a los 13 años, “es desintegrar aún más el tejido social que intentamos reconstruir. Porque esto que proponen no lleva idea de brindar una oportunidad, de generar ciudadanía, de introyectar valores, a lo único que nos lleva el proyecto del oficialismo es a la exclusión, el castigo y encierro punitivo, con eso no vamos a lograr que algo mejore”, advirtió Márquez.
Abordan las violencias de una manera distinta, “con paz y amor, desde una mirada integral, también aprendimos a perdonar, somos personas comprometidas con nuestra sociedad, brindamos herramientas para ayudar de manera pacífica a contrarrestar los daños que generan los delitos”, aseguró la abogada.
Cuando pasan hechos de inseguridad “las personas suelen atacar nuestra forma de pensar diciendo que pensamos así porque no nos ha pasado nada, bueno, nosotros les respondemos que sí, que nos tocó sufrir hechos delictivos gravísimos y que sentimos mucho dolor”, contó Márquez. Y aclaró que a pesar de ello “seguimos pensando que lo peor que les puede pasar a nuestros victimarios es que se pudran en las cárceles; pero tienen que pagar sus condenas y reincorporarse a la sociedad progresivamente reconociendo el daño que han causado”.
También trabajan en las cárceles con distintos programas, “como lo hacemos con la Cooperativa Liberté que ya lleva más de 10 años en el penal 15 de Batán, ahí ya se pudo congelar la reincidencia y eso es lo más importante”, contó como experiencia positiva. Agregó que no tienen una discusión “con otras personas víctimas que no están de acuerdo con nosotros, entendemos lo que sienten, tememos un dolor muy grande por todo lo que hemos sufrido, pero no sembramos odio y más violencia”, remarcó.
A los 13 años aún no han madurado emocionalmente, “no se los puede acusar por determinadas conductas y castigarlos con encierro, porque es una tortura, nos parece absolutamente conta producente”, señaló Márquez. Lo que la sociedad se tiene que preguntar a sí misma, “es cómo es que llega a empuñar un arma un niño de esta edad, porque ahí fallamos todos como comunidad, los chicos tienen que estar en las escuelas”, cerró la directora, muy emocionada.
Cabe destacar que las edades punibles en distintos países de la región son terroríficas: en Granada y Trinidad y Tobago encierran a los niños a partir de los siete años, en México y Brasil a los doce, en Uruguay y Nicaragua a los trece, en Perú y Chile a los catorce, hasta el momento en Cuba y Argentina a los dieciséis. Esto se traduce en la máxima expresión del positivismo.
Los argumentos legales
Otra de las integrantes de la Asociación Víctimas por la Paz es Alejandra Álvarez, abogada especializada en menores de edad en conflicto con la Ley Penal: “Decimos no a este proyecto del oficialismo que propone encerrar a los chicos a los 13 años”, expresó.
También contó que hay otro proyecto y “busca que la de punibilidad sea a los 15”. En primer lugar, es inconstitucional, “porque desde 1994 la Convención de los Derechos del Niño es parte de nuestra Constitución Nacional”, argumentó la letrada.
La Convención indica en forma clara y precisa, “que hay que mantener a los niños, niñas y adolescentes -acusados de haber cometido un delito- alejados del sistema penal el mayor tiempo posible”, señaló Alejandra. Por lo cual, “llevar niños cada vez más pequeños al encierro es contrario al espíritu de lo normado”, agregó.
Además, no se puede soslayar que el Comité de los Derechos del Niño, “que es el órgano de aplicación de la Convención que va guiando a los Estados que son parte en cómo tienen que adecuar sus normas, tanto en 2007 como en 2018 le hizo una reiteración a Argentina. Le dijo que tiene que adecuar la normativa en Justicia Penal Juvenil para que sea conforme a los principios de la Convención y específicamente remarcó; sin bajar la edad de la punibilidad”, reconstruyó.
Ello, porque considera, tal como dice la Convención, “que todos los Estados que tienen una edad de punibilidad medianamente alta no deben bajarla”, aseguró la letrada. Entonces “nosotros no la podemos bajar, en cuanto nos está diciendo el Comité de los Derechos del Niño que la mantengamos como la tenemos”, argumentó.
Sobre las estadísticas
Por otro lado, “si pretenden buscar algún argumento que se condiga con la realidad y la experiencia, tampoco lo tienen, porque es muy baja la incidencia de los adolescentes partícipes en delitos, por sobre todo en los que son graves; lo que quiere hacer este gobierno no va a aportar nada a la lucha contra la inseguridad”, explicó la letrada. Y recordó que a nivel nacional entre el año 2021 y 2022, “se redujo casi a la mitad la participación de los jóvenes en delitos contra la vida, que son los más graves que están estipulados en el Código Penal”, aseveró.
Otro ejemplo, es la Provincia de Buenos Aires, “la tomo porque es la más populosa de todas, también la que mayores causas penales tiene por la cantidad de población. Las causas iniciadas en el Fuero Penal Juvenil -cuando el imputado es menor de los 18 años- en el año 2022 fue solamente de 2,33% y, además, es una cifra mucho menor a la que teníamos en 2010, que casi llegaba al 4%”, enumeró Alejandra.
En este sentido Cúneo Libarona, este martes en los medios de comunicación sostuvo que hubo un incremento de delitos cometidos por menores “del 20% de un año a otro; por lo cual no cabe duda de que un chico de 13 años del 2024 no es el mismo de los ’80”, cuando se creó la norma.
No se puede pasar por alto que el Sistema Penal Juvenil forma parte del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, “estamos hablando de Derechos Humanos, por lo cual nunca pueden ser regresivos”, remarcó la abogada. Por lo cual, una norma nunca puede ser “más restrictiva y llevar a niños cada vez más pequeños a que ingresen al Sistema Penal Juvenil, porque es totalmente contrario a los principios del mismo Fuero y de los principios de la Justicia Penal Juvenil”, argumentó.
Un darwinismo social
La sociedad debe reflexionar sobre las consecuencias a futuro que trae el ingresar a un joven a más temprana edad al encierro punitivo. “Después es mucho más difícil revertir esas conductas, porque los efectos que tiene el sistema penal en las personas se amplifican y se hacen mucho más dañinos cuando la persona aún está en la etapa de formación. Cuando todavía no terminó de culminar su personalidad, sus creencias y los valores de la comunidad a la que pertenece”, explicó.
Entonces pensar en privar de libertad a un niño de 13, 14 o 15 años, “lo único que va a generar es reafirmar el estigma, criminalizando aún más, nunca hay que alejar a los chicos de los dispositivos que son saludables, como ser, la escuela, la familia, los clubes, centros de arte y espacios comunitarios”, recomendó Alejandra.
Este proyecto de Ley del oficialismo que enviarán Bullrich y Cúneo Libarona, “busca claramente seguir criminalizando a los sectores más vulnerables, porque son los verdaderos destinatarios de esta norma que pretenden instalar en la sociedad, está dirigida a los hijos del pueblo trabajador, a los pobres”, aseguró la abogada.
Porque son los que están “más expuestos a las redes del narcotráfico, al delito organizado, prefieren cometer esta crueldad en vez de buscar políticas preventivas, de promoción de derechos, inclusión, oficio y de retorno de los adolescentes a las escuelas”, recomendó la letrada. Finalizó señalando que lo único que busca el oficialismo es “aplicarles penas más duras y cercenar sus derechos”.
