El Gobierno de Javier Milei evalúa otorgar el asilo político a 119 personas que migraron de manera legal e ilegal desde Brasil. El dato surge luego de semanas sin precisiones a las numerosas consultas realizadas por Tiempo, que se sumaron a la desmentida a medios brasileños que publicaron que la Cancillería argentina había respondido al pedido de la justicia del país vecino en relación a la violenta protesta del 8 de enero de 2023 en la Plaza de los Tres Poderes de la capital, Brasilia.
«Desde el 1° de diciembre de 2023 al 30 de junio del 2024, se han registrado 119 solicitudes de reconocimientos de la condición de persona refugiada de nacionalidad brasileña», consignaron desde la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) en respuesta a un pedido de información pública realizado por Tiempo.
La Comisión, integrada en su enorme mayoría por funcionarios relacionados con el Poder Ejecutivo nacional, también informó de manera oficial que las solicitudes de asilo político se encuentran «en pleno trámite, pendientes de resolución».
Por último, Tiempo preguntó si existían coincidencias entre la lista de nombres que la justicia de Brasil requirió al gobierno nacional. La respuesta resulta abstrusa.
«Resulta preciso aclarar que, al momento del registro de la solicitud en la base de datos utilizada por la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, no se consigna el motivo de la misma. Ello se debe a la naturaleza de la carga, pudiendo llevar a errores estadísticos cuantitativos, advirtiéndose numerosas variables, toda vez que la persona peticionante podría manifestar encuadre jurídico en algún motivo específico en una instancia posterior al registro formal de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado/a», manifiesta el documento oficial.
Resulta llamativa a su vez cierta discrepancia entre cifras ofrecidas por parte de este organismo en los últimos días. El medio Buenos Aires Herald había requerido precisiones sobre la cantidad de personas de Brasil que requirieron asilo en Argentina. La respuesta, recibida el viernes 12 de julio, fue que durante 2023 sólo fueron tres los requerimientos desde ese país, pero ya en 2024 la cifra ascendió a 99.
Los pedidos se incrementaron drásticamente a partir de abril: en enero dos, en febrero ninguno, en marzo cuatro y al cuarto mes ya eran 25 los brasileños que habían presentado el pedido formal de asilo. En mayo fueron 47 y en junio, 21.
Tiempo recibió respuesta de Conare el martes 16 de julio, pocos días después que el Herald, y el número subió en 20 personas.
Prófugos de Brasil que buscan asilo político en Argentina
Lo que había comenzado como una protesta pacífica por parte del bando derrotado en las elecciones de 2022, redundó en el ingreso masivo de individuos a las sedes del palacio de Planalto, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, lo que dejó como saldo grandes destrozos y ataques al patrimonio nacional de Brasil. Ocurrió apenas días después de la asunción de Luis Inácio Lula da Silva como presidente por tercera vez.
Se realizaron miles de detenciones y cientos de personas fueron condenadas por el Tribunal Supremo de Justicia a penas de hasta 17 años de prisión efectiva. Sin embargo, a lo largo de 2024 se multiplicaron los indicios de que muchas personas involucradas en el hecho habían cruzado la frontera con Argentina para huir de los inicios de condena.
El último domingo, este medio publicó una entrevista exclusiva con Regina Modesto, ciudadana de San Pablo, quien vive desde mayo en el Conurbano bonaerense tras cruzar la frontera de manera ilegal. Hasta entonces había estado detenida siete meses en prisión preventiva tras ser detenida dentro del Congreso Nacional en Brasilia aquel 8 de enero del pasado año. Antes de partir hacia Buenos Aires, Modesto se desprendió de la tobillera electrónica impuesta por la justicia. Se encuentra prófuga desde entonces.
Ella es una de las 119 personas que realizaron el pedido de refugio en Conare, organismo dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones, que comanda Pablo Seoane y se encuentra bajo la órbita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Tras esta presentación, Modesto y otros ciudadanos del vecino país cuentan con el certificado de residencia precaria, que les permite acceder a un número de CUIT, entre otros derechos.
