Leandro Bravo tenía 37 años. Fue torturado y asesinado el miércoles 26 de febrero de 2022. El terrible hecho ocurrió en el contexto de su detención, por parte de la Policía de Charata, provincia de Chaco.
Por su muerte, estuvieron con prisión preventiva durante 2 años los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, imputados por «torturas seguida de muerte», y para uno de ellos «falsedad ideológica». Con estos cargos, estos funcionarios públicos llegaron al juicio. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la Justicia los absolvió a todos. Ahora, los familiares esperan la resolución del Tribunal Superior y reclaman justicia.
Precariedad institucional en el caso Leandro Bravo
«La Justicia tardó menos de un mes -del 14 de octubre al 12 de noviembre de 2024- para juzgar y condenar a mi hermano y a toda mi familia, pero sus torturadores y asesinos resultaron absueltos», denunció Florencia Sánchez, en diálogo con Tiempo.
Continuó reclamando: «Entendemos que Leandro no se murió por las casualidades de la vida, fue víctima de un hecho de brutalidad policial. Al igual que los casi 10 mil jóvenes asesinados por el aparato represivo del Estado, desde 1983 hasta la fecha. El caso de mi hermano no es un caso aislado, es una política estatal».
En esta línea, cabe destacar, los veedores y partícipes presenciales del juicio que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial de la localidad de Charata, Chaco, «pudimos observar que también es una política de Estado garantizar la impunidad de los responsables materiales e intelectuales de tan aberrante hecho», sostuvo Aníbal Mosquera, del equipo de educación popular «Pañuelos en Rebeldía», donde milita con Florencia.
Fiscal amedrentada y jueces sin justicia
«Quienes vimos las decenas de fotos de la autopsia y de la reautopsia practicada al cuerpo de Leandro, además exhibidas durante el juicio, pudimos ver las huellas del horror, de las torturas que recibió, no podemos creer que la Justicia hay absuelto a los asesinos», contó el militante.
Unos días antes del inicio de las audiencias, desconocidos entraron a la casa de la fiscal Silvia Mariela Sluzar, titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, que llevaba adelante la causa desde los inicios. «Luego de estos hechos fue internada y por problemas de salud no pudo participar del juicio. Quien sí lo hizo fue la fiscal de Cámara de Villa Ángela, Silvana Rinaldis, que acompañaba a la fiscal Sluzar en la investigación», repasó Mosquera.
Finalmente, los tres integrantes del Tribunal del Crimen y el juez de la Cámara en lo Criminal de Charata, Juan Carlos Clauter, Andrea Sánchez y Lorena Cimbaro Canella, de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Charata, «terminaron de sellar la impunidad con un vergonzoso fallo judicial absolviendo a todos los imputados; el que ya apelamos con nuestro abogado», recordó Florencia.
«Los policías le arrebataron la vida a mi hermano, su corazón dejó de latir en el contexto de su detención, luego de 45 minutos de persecución, hostigamientos, golpes y torturas, llegó al hospital en la patrulla, ya sin vida. Lo mínimo que pretendemos es justicia», reclamó la militante.
El caso Leandro Bravo
Leandro Bravo, a los 37 años, esperaba cumplir su sueño de recibirse de abogado. Le faltaba solo una materia. En 2017, había sido detenido y golpeado por la policía y, a partir de ese momento, se agudizó su consumo problemático de sustancias. El 26 de febrero, murió bajo custodia policial luego de haber sido levantado de la calle sin haber ofrecido resistencia y en medio de una golpiza que le propinaron en el suelo un grupo de policías.
La víctima era hermano de Florencia, Débora, Luci y Virginia, quienes lo recuerdan como un ser súper cariñoso y muy amable. Un apasionado del Rock Nacional, que tenía muchísimos proyectos por cumplir en vida, la que le fue arrebatada.
En uno de los 70 videos que hicieron los vecinos -que están incorporados a la causa-, se ve que lo suben a uno de los cuatro patrulleros que habían acudido al lugar. Llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y golpes en las piernas. Luego fueron detenidos cuatro uniformados: Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez.
Finalmente, en noviembre del año pasado, todos fueron absueltos por la Justicia de Charata-Chaco. El fallo fue apelado y esperan la respuesta del Tribunal superior.
Todo el mal procedimiento policial -violando el propio protocolo de la fuerza de seguridad a la que pertenecen- quedó registrado en los celulares de los vecinos del lugar. Los familiares están acompañados por organismos de Derechos Humanos, distintas organizaciones sociales y políticas que exigen justicia.
