A pesar del nuevo acuerdo de paz entre las organizaciones insurgentes y el gobierno, la violencia en Colombia cobró en los últimos tiempos una dimensión tal que pone en jaque a la tan esperada concordia, y amenaza con revivir los peores momentos de un país que afrontó 52 años de guerra intestina. Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos detectaron en lo que va del año 72 asesinatos, 279 amenazas y 30 atentados contra militantes y dirigentes. Estos crímenes, adjudicados a nuevos grupos paramilitares, y que convocaron el repudio y la preocupación de la comunidad internacional, tuvieron especial ensañamiento con el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, parte fundamental en el proceso de paz y promotor de votar por el Sí en el referéndum del 2 de octubre pasado, cuyo resultado negativo fue un duro golpe al presidente Juan Manuel Santos.
Hasta el viernes, Marcha Patriótica denunciaba que cinco de los 18 asesinatos contra miembros de su organización habían ocurrido en los últimos 15 días. Exigimos medidas urgentes y concretas frente a la persecución política y el asesinato selectivo de los integrantes de nuestra organización que hace parte de un plan sistemático de aniquilación, señaló la agrupación.
Estamos muy preocupados, hay mucho temor de que se reproduzca lo mismo que pasó con la Unión Patriótica hace 25 años, señala a Tiempo Rodrigo Rojas Orozco, miembro de Pax Colombia Sí. Se refiere a la experiencia fallida de inserción en la política que tuvieron entonces las FARC, y que se frustró debido a la matanza de miles de dirigentes. La perspectiva hoy de que se genere una masacre es grande. No están sólidas las garantías para ellos y los esquemas de seguridad que ha diseñado el Estado no son suficientes. No hay una voluntad de combatir a los enemigos del proceso de paz, dijo Rojas, quien además pone en duda que los agresores sean neoparamilitares. Falta claridad sobre la posición de ciertos sectores del Ejército en este tema, señaló. Idea similar planteó el secretario general del Partido Comunista colombiano, Jaime Caycedo. El problema está en la posibilidad de que sectores en las fuerzas militares sigan prestando auxilio, apoyo y complicidad a una parte de los grupos involucrados en este fenómeno y eso tiene que ser corregido. De lo contrario corremos el gran riesgo de volver atrás y vivir una nueva situación de exterminio, señaló. De paso por Buenos Aires para participar de un congreso del Partido Comunista de la Argentina, Caycedo afirmó que el proceso de paz está en riesgo y señaló que muchos sectores políticos que se opusieron al acuerdo de paz, como el que responde al ex presidente Álvaro Uribe, no han condenado los crímenes, cosa que preocupa y llama la atención, ya que deben tomar posición y deslindar su oposición.
El propio el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, expresó días atrás que considera probable que muchos ex guerrilleros sean asesinados una vez que se desmovilicen.
El nuevo acuerdo
El Congreso debatirá el martes el nuevo acuerdo de paz con miras a refrendarlo, en lugar de someterlo a la decisión popular. El nuevo documento incluye agregados de los sectores que rechazaron el inicial. Entre los puntos centrales se modificaron los artículos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el sistema de justicia transicional, que ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos. Sus decisiones podrán ser revisadas por la Corte.El nuevo texto incorporó que deberán responder ante la JEP agentes del Estado que hayan «participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado».También especifica que las FARC deberán declarar sus bienes y activos y reduce en un 30% respecto al acuerdo anterior la financiación a su partido político.
