En medio de una tensa disputa con los gobernadores y un clima hostil hacia el parlamento nacional, el presidente Javier Milei inaugurará el viernes, por primera vez, las sesiones ordinarias del Congreso. El discurso ante la Asamblea Legislativa se anticipa que tendrá un «tono duro», en consonancia con la arremetida de los últimos días contra los parlamentarios, especialmente los diputados, tras la caída en esa Cámara de la Ley ómnibus, por la que se pretendía desregular gran parte de las áreas económicas y de la vida nacional.

«El discurso en el Congreso será de tono duro, tal cual lo viene siendo contra los diputados», dijo a la agencia Télam una fuente de la Casa Rosada, en correspondencia con sus últimas declaraciones en las que tildó de «casta política», «traidores», «delincuentes» y «nido de ratas» a los congresistas, enojado porque le adjudica a un sector de los legisladores haber impulsado –junto a algunos gobernadores– el pase a comisión y caída abrupta de la Ley de Bases.

El inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo –que se extiende hasta el 30 de noviembre– es el acto institucional más importante normado por la Constitución al que debe asistir un Jefe de Estado, y Milei tiene previsto dar su discurso al mediodía ante el pleno de 72 senadores y 257 diputados.

El artículo 99 de la Carta Magna, en su inciso 8, establece que el presidente «hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunida al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes».

En esa dirección, Milei hablará en su mensaje sobre el estado de «desastre» que dejó el Gobierno de Alberto Fernández –una versión periodística asegura que presentará una especie de informe de auditoría sobre el gobierno anterior– y en el ojo de la tormenta pondrá a los senadores y diputados, especialmente a algunos de estos últimos, que responden a gobernadores aliados al Gobierno pero que plantearon discrepancias en algunos artículos de la ley Bases.

La vuelta a comisión de ese conglomerado de proyectos de ley fue un golpe al corazón de la gestión de Milei, según surge del tono de sus ataques al cuerpo legislativo. Esa frustrada norma que tenía originalmente 600 artículos,  es analizada día a día hace una semana por la mesa chica del Gobierno, que –en principio– teje la hipótesis de tratar de ponerlos en práctica por área temática, ya sea por decretos, resoluciones o disposiciones del Poder Ejecutivo.

Por ahora no se plantea volver a tratar el paquete de proyectos de ley en comisiones para insistir luego en el recinto, según anticiparon las fuentes oficiales consultadas por Télam.

El regreso de Milei al Congreso –la única vez que estuvo allí fue el 10 de diciembre, al jurar como presidente, aunque habló afuera del recinto y de espaldas al palacio– genera expectativa, no solamente por el tono de su discurso, sino también por cómo recibirán el mensaje los legisladores; sobre todo de la oposición, quienes criticaron severamente al jefe de Estado por tratarlos de «delincuentes» y de ser parte de un «nido de ratas».

El presidente, por su parte, tiene previsto dejar en claro que tanto la frustrada Ley de Bases como el DNU 70/23 tienen el objetivo de «eliminar las trabas» del Estado y llevar a los argentinos a un «camino de libertad, sin regulaciones».

Por eso, tal cual lo hizo en campaña electoral, nuevamente hará blanco en la «casta política», que a su criterio es la que impide el desarrollo y crecimiento del país durante décadas. 

La idea de la «mesa chica» de Milei –que integran Caputo; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, el asesor Federico Sturzenegger y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi– es tener definido para el 1 de marzo un plan de proyectos que, en principio, se intentará implementar mediante normas del Poder Ejecutivo, dijeron los informantes.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, intentará «recomponer» la relación con los gobernadores, no sólo los «aliados», para sondear el envío de proyectos de ley al Parlamento que tengan asegurada una sanción, algo que se vio empañado cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación, y recibió luego el respaldo de todos los mandatarios del país, con excepción del tucumano Osvaldo Jaldo. «