Este lunes a las 10 de la mañana de Greenwich, la jueza Vanessa Baraitser, del Tribunal de Old Bailey en Londres, emitirá su fallo sobre un pedido de extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Desde hace meses, personalidades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa de todo el mundo le piden al presidente Donald Trump que, así como hizo con varios de sus socios políticos en desgracia, le otorgue el indulto antes de dejar la Casa Blanca.

Al cierre de esta edición se desconocía cuál sería la voluntad del actual inquilino de la Casa Blanca, que a principios de 2020 había ofrecido ese beneficio al periodista australiano si revelaba las fuentes de una filtración que en 2016 había mostrado las maniobras del equipo de Hillary Clinton para ganar la interna demócrata a Bernie Sanders.

El clamor para que el tribunal británico no de lugar a la demanda estadounidense choca con al silencio atronador de los grandes medios internacionales que en 2010 se habían asociado a Assange para publicar cientos de miles de documentos que probaban las atrocidades cometidas por tropas de ocupación en Afganistán e Irak. El inglés The Guardián, el alemán Der Spìegel, el estadounidense The New York Times, el español El País, y el francés Le Monde se desentendieron luego de los avatares que vivió Assange desde entonces.

Cierto que eran otros tiempos, hacía poco había asumido Barack Obama con la promesa de transparentar los actos de gobierno en Washington. Le creyó (Bradley) Chelea Manning, soldado en Irak que envió documentación encriptada al sitio WikiLeaks que difun-dió el video de un ataque de julio de 2007, cuando dos helicópteros AH-64 Apache masacraron a una docena de iraquíes, entre ellos dos colaboradores de la agencia de noticias Reuters. También le creyó Edward Snowden, que mostró cómo las agencias de inteligen-cia de EE UU vigilan por medios electrónicos en todo el planeta.

Assange fue acusado de violación en Suecia en una causa que terminó en la nada por falta de pruebas. Sabedor de que cualquier excusa serviría para llevarlo a Estados Unidos, y ante la perspectiva de que los jueces británicos facilitaran su entrega a Washington, pidió asilo en la embajada de Ecuador en Londres.

Protegido por el gobierno de Rafael Correa, permaneció siete años. Lenin Moreno, en contra de todas las reglas del derecho de asilo, permitió que la policía británica lo detuviera dentro del edificio diplomático en abril de 2019.

Desde entonces está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, la Guantánamo del Reino Unido. El juicio por la extra-dición comenzó en febrero, por la pandemia se suspendió hasta septiembre y el dictamen se demoró, extrañamente para un proceso judicial, hasta que se realizaran las elecciones en EE UU. La última esperanza de los abogados de Assange es un indulto de Trump. Con Joe Biden en el poder su futuro será el de seguir sometido a las mismas condiciones de aislación extrema, ya sea en Londres o del otro lado del Atlántico.

En EE UU enfrenta 18 cargos con una pena de 175 años de prisión. El reclamo de indulto viene desde el relator de la ONU para casos de Tortura, Nils Melzer, y organizaciones como Amnesty Internacional y de periodistas de todo el mundo, hasta parlamentarios alemanes e intelectuales comprometidos con la defensa de la libertad de prensa y el derecho a la información de las sociedades democráticas.