Una queja pública del diputado Miguel Pichetto contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero, le sumó presión al último tramo de negociaciones entre el gobierno y la oposición para llevar al recinto la nueva versión de la Ley Ómnibus. La postergación cambió la agenda, pero por poco. El plenario de tres comisiones que se iba a realizar este miércoles se concretará este jueves. El oficialismo espera una sesión exprés que cierre este mismo jueves con un dictamen de mayoría y que comience a revertir los errores cometidos por el gobierno y los legisladores de La Libertad Avanza con la primera versión del proyecto de ley, que naufragó en febrero y fue devuelto a comisión el 6 de febrero, cuando comenzaron a multiplicarse los rechazos en la votación en particular.

Han pasado 80 días desde ese revés legislativo. La decisión fue tomada por el entonces titular del bloque de LLA, Oscar Zago, que planteó devolver el texto a comisión, convencido de que no volvería a empezar de nuevo. El legislador creyó que de ese modo no perdía vigencia la votación en general y los 144 respaldos que había obtenido en esa instancia. La decisión final, aprobada por el presidente Javier Milei, encerraba un error de interpretación del reglamento y finalmente todo volvió a fojas cero. A partir de ese momento, el oficialismo tuvo que reconstruir su estrategia legislativa, pero también evitar que la Casa Rosada enviara negociadores informales, como el consultor presidencial Santiago Caputo, que en el round anterior pareció tener atribuciones más importantes que el ministro del Interior, Guillermo Francos y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, dos de los funcionarios que ya concretaron hasta hoy dos intentos en tres meses con el mismo proyecto.

Los nuevos tejidos que impulsó la Rosada apuntaron a evitar la repetición del derrotero que sucedió en Diputados durante enero y febrero. Esta vez no hubo una ceremonia fotográfica como la que se registró a principios de año, cuando Francos le entregó al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, una caja que contenía el texto original con más de 600 artículos. Esta vez la versión final apareció 48 horas antes del debate en comisiones que comenzó este jueves y que podría continuar el viernes. El objetivo central será sesionar la semana que viene, antes del 1° de mayo, para sumar los votos que le permitan al oficialismo obtener su primera sanción. Ahora el Gobierno necesita con urgencia sumar algún acierto legislativo. Desde que asumió el 10 de diciembre, Milei no ha podido obtener una sola victoria en la Cámara Baja y en el Senado la suerte sólo alcanzó para elegir autoridades, armar comisiones, y aprobar los pliegos de tres embajadores. Lo demás han sido las idas y vueltas entre Milei y Villarruel sobre el aumento de las dietas, que derivó en un incremento del 165%, y los problemas de Menem con la Comisión de Juicio Político, y la disputa irresuelta sobre la presidencia de Marcela Pagano al frente de ese cuerpo.

El arranque del tratamiento de este jueves buscó salir de ese atolladero. La apuesta reflejó el interés del oficiaismo, que cedió en una serie de puntos para lograr el respaldo de la oposición «dialoguista» y conseguir el dictamen de mayoría.

En las últimas horas el texto pasó de tener 346 artículos a 232, en una redacción que fue cambiando por los intercambios entre el oficialismo y los bloques de PRO, Hacemos Coalición Federal, UCR e Innovación Federal. Además, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, por el plazo de un año.

En el paquete de privatizaciones quedó afuera el Banco Nación, y una versión de reforma laboral más acotada, que incluye la derogación de las multas laborales, el período de prueba que pasa a seis meses y antes pretendía ocho, junto a la inclusión del fondo de cese laboral para reemplazar los mecanismos de indemnización.

La nueva Ley Bases va acompañada de un paquete fiscal, que incluye una serie de paliativos por la crisis y cambios en las categorías. Suma la reimplantación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, con mínimo no imponible de 1.800.000 pesos para solteros y de 2.200.000 para contribuyentes casados con dos hijos.

El gobierno sacó el paquete vinculado a los beneficios fiscales para el tabaco. En materia fiscal el texto también sube a 68.000.000 los ingresos anuales para la categoría más alta del monotributo. También habrá una posibilidad de reincorporación al régimen de aquellos que quedaron afuera por la inflación y quedaron como autónomos. Se amplía el beneficio para benos contribuyentes en el impuesto sobre los bienes personales La actualización del mínimo no imponible será semestral y dejará de ser anual y para este año se hará una actualización extraordinaria trimestral en octubre.

El tema laboral registró tironeos más tensos. El miércoles, en una de las reuniones con los funcionarios del gobierno, los radicales se levantaron cuando advirtieron que el oficialismo podía sacar la reforma laboral. Habían acordado en la Casa Rosada su inclusión, pero tuvieron que resignar los cambios en materia de aportes sindicales para evitar el rechazo de Hacemos Coalición Federal. La UCR tendrá una disidencia sobre ese punto, presentará otro dictamen y buscará que el tema de los aportes sindicales solidarios sean debatidos en el recinto. Lo dijo Karina Banfi, que reinvidicó a su bloque por la reforma laboral y los cambios que incluyó en el texto final.

No mencionó que tuvieron que retroceder cuando Pichetto pegó el grito en el cielo por el texto que le mandaron el domingo por la noche. «El señor Cordero, que responde a una gran corporación argentina beneficiada por este gobierno, cree que somos amateurs, pero somos gente responsable que trata de colaborar. No hemos sido los que les impedimos al Gobierno que esta ley saliera. La ley había sido votada por 144 votos, se había votado en particular la emergencia y cuatro delegaciones importantes, pero fue retirada por el propio Gobierno», lanzó Pichetto en declaraciones radiales para advertir que «el domingo por la noche aparece un nuevo texto de la Ley Bases en donde incorporan una reforma laboral de 60 artículos». Los consideró «excesos» y anticipó su rechazo y dejó en off side al radicalismo.

Foto: Prensa Diputados

Así arrancó la negociación el miércoles y con el correr de las horas los borradores fueron cambiando. A última hora quedó afuera todo el capítulo vinculado a la Defensa de la Competencia. Todavía sigue una herida sin cerrar: tiene que ver con la garantía del Ejecutivo de que la ANSeS reanude los envíos mensuales para compensar a las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no las transfirieron a la Nación. El tema es parte de la tensión entre los gobernadores y la nación y este jueves, durante el debate en Legislación General, el diputado de HCF, Oscar Agost Carreño, advirtió que todavía no hay garantías de que devolverán esos fondos. Así como se complicó en el primer round con el destino de los 30 fondos fiduciarios que el Ejecutivo quería eliminar, ahora podría recrudecer la pelea por esas compensaciones desde la ANSeS.

El tema jubilatorio no pasará por afuera. El nuevo texto elimina la posibilidad de nuevas moratorias pero crea una prestación previsional proporcional para quienes tengan menos de 30 años de aportes.

Otros de los puntos sensibles de la negociación pasan por el famoso artículo tres, que le cede al ejecutivo la facultad por un año para disolver y fusionar a distintos organismos de la administración central. Quedó expreso que no incuye al Conicet y a otros diez organismos. Sin embargo en el articulo siete queda un poder de intervención también acotado que abre la puerta para ampliar ese alcance.

Algunos ejes eran parte de los cuestionamientos que lanzó la oposición y especialmente el bloque de Unión por la Patria. Su titular, Germán Martínez, advirtió en el arranque del debate en la comisión de Legislación General que no habían accedido a los borradores que estaban circulando como parte de una negociación que los dejó afuera. Dijo que hay un lobby empresario aún peor que en el debate anterior y que esta nueva versión es «igual de nociva» que la otra.

La hoja de ruta incluye la ampliación del tratamiento en la tarde con la Comisión de Presupuesto y acelerar el debate a un dictamen que sigue incluyendo cambios para evitar que las negociaciones se compliquen.

Es posible que la jornada concluya con un dictamen de mayoría respaldado por el oficialismo, el PRO, HCF, IF y la UCR, pero con dictámenes en disidencia sobre distintos aspectos.