Desde el ODH seguimos con preocupación las políticas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hace años denunciamos a la UCEP los desalojos en barrios del sur, la represión a los médicos del Borda y en el Parque Indoamericano. Desde 2010 logramos frenar la compra de las pistolas eléctricas Taser que querían comprar para la entonces flamante Policía Metropolitana, caso que llegó a la CIDH.
La comunicación oficial y la de algunos medios acostumbra a usar eufemismos para disimular lo que está pasando. El Boletín Oficial informa una licitación para «adquirir material antidisturbios». Piden comprar «less lethal weapons». En ningún lugar se aclara qué quiere decir «menos letales». El diario La Nación habla de «tecnología contra piquetes» que incluye «equipos para dispersión y reducción de activistas». No nombran la palabra represión ni recuerdan el derecho a la protesta que otorga el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El ODH presentó un pedido de informe para saber exactamente qué armas van a comprar. Pasaron dos meses y no recibimos respuesta.
Mientras tanto, se intensifica la protesta social por las políticas del gobierno. La Ciudad de Buenos Aires es el epicentro de las manifestaciones. Y la Policía porteña ya debutó reprimiendo a los maestros en la Plaza de los Dos Congresos el domingo pasado. Se parece mucho a la Metropolitana. Una vez más, la gestión PRO perdió la oportunidad de crear una nueva fuerza de seguridad, con formación democrática, sin los vicios históricos de la Federal.
En este contexto, estas armas «menos letales» generan preocupación en materia de Derechos Humanos. No existen normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; son insuficientes las instancias de evaluación, la capacitación y los procedimientos. Se trata de una industria que crece aceleradamente sin responsabilidad ni rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas. «
