De manera imparable, el país asiste a una regresión económica y social que está lacerando su tejido productivo y devastando las condiciones de vida de amplísimas capas de la población trabajadora y de los sectores medios. El gobierno de Milei parece querer rendir culto y, quizá con espíritu mórbido, incluso superar, las traumáticas experiencias del Rodrigazo, del Plan de Martínez de Hoz y del menemismo noventista. Como ocurrió en esas oportunidades, la crisis en desarrollo es aprovechada por varias fracciones del empresariado para sacar provecho y apostar por una reconversión de sus negocios que maximice su tasa de ganancias. Mientras dure esta aventura “libertaria”, ellas quieren sacar todo el provecho posible, rascando oportunidades de las nuevas disposiciones antiobreras de la Ley Bases y del clima reaccionario del Pacto de Mayo. Estamos ante un intento de avanzar hacia el futuro del siglo XIX. El deseo de volver a 1880, un país de 4 millones de personas, sin sindicatos ni leyes laborales. Parece que muchos capitalistas locales y extranjeros han decidido acomodarse a las circunstancias.

Focalicemos en un ejemplo. Se está desplegando una campaña de denuncias y un plan de lucha del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La fábrica FATE en mayo echó a unos 100 trabajadores y ahora apela a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), por el cual, tras la finalización de la conciliación obligatoria, intenta justificar el despido de otros 280 operarios. La compañía argumenta que debe desprenderse de un 20% de su personal debido a una supuesta pérdida de beneficios motivada por el desastre macroeconómico de los últimos años, el ausentismo laboral y la pertinaz orientación combativa y clasista del gremio que habría provocado la disminución de la productividad. Quiere hacer responsable a los trabajadores y a su organización democrática de la maniobra en curso: amenazar y afectar los puestos de trabajo para forzar a una reconversión y empeoramiento de las condiciones laborales. Pero los obreros no tienen la responsabilidad y el gremio simplemente se comporta como deberían hacerlo todos, es decir, sosteniendo los intereses de sus afiliados. Entre otras cosas, lo hace mostrando la “estafa” que encubre el PPC: los estados contables de la empresa de Madanes Quintanilla evidencian ganancias millonarias desde 2021 y la baja incidencia del “costo laboral” en su ecuación económica. El gremio también se ha cansado de alertar acerca de las pésimas condiciones de trabajo (con altísima cantidad de accidentes) y la ausencia de inversiones significativas en su planta de San Fernando.

A esta ofensiva contra los trabajadores, se acaba de sumar Bridgestone, que también recurre a un PPC, argumentando de un modo parecido a FATE. La empresa multinacional de neumáticos instalada en Llavallol amenaza con reducir de modo inmediato de su dotación a unos 450 trabajadores de un total de casi 1200, aduciendo pérdidas económicas que no serían tales, pues el SUTNA se apresta a demostrar que, según el estado contable de la firma, de los últimos cuatro años fue tan solo uno el que careció de ganancias y, otra vez, no a causa del comportamiento de los trabajadores y de su sindicato. Claro que el contexto económico viene siendo paupérrimo, pues desde hace tiempo vienen sumándose problemas como la restricción de pagos al exterior, la caída de la competitividad internacional, los efectos de la inflación y el impacto de los golpes devaluatorios. Y estos últimos no cesarán, a pesar de las falsas promesas del gobierno, pues sabe que, con o sin cepo, deberá apelar a este recurso para sortear el actual “atraso cambiario”, algo exigido por exportadores y el propio FMI.

En medio de este río revuelto, contaminado por la crisis recesiva, la arremetida derechista-patronal y la increíble parálisis de una buena parte de la dirigencia sindical, toda la Argentina se convierte en un Procedimiento Preventivo de Crisis. Casi 40.000 de estos recursos fueron presentados por los empresarios en el último semestre (40% más que la registrada en el mismo período en los otros años). Obviamente, esto explica el exponencial aumento de despidos, suspensiones parciales o forzados adelantamiento de vacaciones. En estos meses el sector privado registrado acredita ya más de 150.000 pérdidas de puestos de trabajo y los cierres de cuentas sueldos en los bancos demuestran que ese universo es aún mucho más vasto. Sería equivocado decir que el gobierno no hace nada ante este promiscuo festival de PPC, con su secuela de trabajadores engrosando el ejército de desocupados. Directamente los promueve y avala. El Ministerio de Capital Humano, infectado de personal proveniente del mundo patronal, y en manos de la experta en reiki y asistente terapéutica presidencial, Pettovelo, tiene la velocidad de la luz para “mover los expedientes” y dar curso a estos recursos patronales. Allí quiere hacerse honor a la viejísima frase de Marx y Engels: “El gobierno del Estado moderno no es más que una Junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.

Sólo que parece que no estaría ganando el conjunto de la burguesía. Hay muchos sectores afectados, con o sin PPC. Y existen los ganadores, un puñado de grandes empresas que acrecentaron sus utilidades tras la devaluación de fin de año, en las que los apellidos Rocca y Eurnekian son infaltables. Estamos ante una combinación de problemas reales y acuciantes de la economía que brinda un marco de oportunidad, no diríamos histórico, porque muchos saben de la insustancialidad y dudosa perdurabilidad de este proyecto, pero sí de corto y mediano plazo, para hacer pasar un feroz ajuste y reestructuración social, que apunte a modificar en lo que pueda la relación de fuerza entre las clases.

Este país en “procedimiento preventivo de crisis” aún es posible por las expectativas que un sector de la población todavía conserva en el actual gobierno. Y también se explica por la pasividad de la CGT y de las burocracias sindicales, paralizadas en sus internas y confiadas en negociaciones inconducentes, junto a un peronismo y una oposición dialoguista que actúan como cómplices del estrago en curso. Si el movimiento obrero y popular no se alza y comienza a poner fin a este desquicio, las consecuencias se padecerán por muchos años. «