El juez federal Luis Rodríguez dispuso el archivo de una de las causas en la que investigaba si existió una supuesta conspiración –llamada Operativo Puf- para afectar el desarrollo de la causa de los Cuadernos y desprestigiar e incluso apartar a quienes llevan adelante ese caso.
El magistrado resolvió el archivo de la investigación a instancias del fiscal federal Jorge Di Lello, quien tenía delegada la investigación y sostuvo que no se encontraron elementos que permitan avanzar “con imputaciones por accionar delictivo sobre persona alguna”.
Se trata de una de las dos causas en las que se investiga el mismo hecho: ésta se inició por una denuncia del fiscal del caso de los cuadernos, Carlos Stornelli, y la otra, que sigue abierta, la tiene el juez federal Claudio Bonadio y surgió de una presentación realzada por diputadas de la Colación Cívica.
La causa se había iniciado el 8 de febrero a partir de una presentación de Stornelli, quien dijo haber recibido en su despacho una denuncia anónima que refería a la puesta en marcha de una “conspiración” en su contra de la que habrían participados “los k detenidos por su causa”.
“Se está armando ‘algo’ entre mediático y judicial contra usted y contra (el juez, Claudio) Bonadio para desprestigiarlos, sacarles las causa de los cuadernos y si pueden hacerles una o varias causas penales y echarlos o meterlos presos”, se indicaba en el texto que presentó Stornelli y que, por sorteo, cayó en el juzgado de Rodríguez.
Según la presentación de Stornelli, la maniobra en su contra era la causa radicada en el juzgado federal de Dolores en la que el empresario Pedro Etchebest denunció que el falso abogado D’Alessio le había reclamado dinero para evitarle quedar involucrado en el caso de los cuadernos.
El fiscal Di Lello consideró que correspondía el archivo de la investigación tras avanzar con una serie de pruebas entre las que incluyó la de intentar conseguir –sin éxito- las escuchas que dieron lugar a las transcripciones de diálogos invocados en la denuncia.
El fiscal también escuchó los testimonios del ex embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés –quien aparece en las escuchas- y de las dirigentes de la Colación Cívica, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, entre otros.
En el texto presentado por Stornelli para que se investigue la comisión de un posible delito, se hacía referencia a un diálogo entre Valdez y el detenido ex funcionario kirchnerista Juan Pablo Schiavi, ocurrido el 18 de enero, en el que el primero le decía “Stornelli y Bonadio, puff”.
Valdés dio luego una explicación ante el fiscal Di Lello: “El 17 de enero ya estaba detenido (el ex secretario e Cristina Kirchner, Isidro) Bounine y había rechazado todo lo que (el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel) Campillo le imputaba. Por lo tanto los funcionarios judiciales les había salido mal la jugada que (el periodista Carlos) Pagni denunciaba. En base a eso, le dije a Schiavi: Bonadio y Stornelli´ Puff”.
Según esa explicación, el periodista había anticipado en el diario La Nación que Campillo –involucrado en la causa de los cuadernos- iba a señalar a Bounine y que éste acusaría luego a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que finalmente no ocurrió.
Al solicitar el archivo de la causa, Di Lello sostuvo que “aunque se han llevado adelante diversas medidas a efectos de determinar si del contenido de la misiva surge alguna conducta pasible de reproche penal, los elementos arrimados hasta el momento en el presente sumario no resultan suficientes como para avanzar en forma razonable en la pesquisa”.
“Si hubiese habido alguna actividad dirigida a ‘apartar’ a los doctores Stornelli y Bonadio de su intervención en las actuaciones conocidas como ‘como de los Cuadernos’ la misma no podría asimilarse a las figuras que castigan penalmente con la ‘conspiración’ y tampoco encuadraría en tales injustos penales denominados ‘Operativo puff’”, sostuvo el fiscal en el fallo.
El fiscal sostuvo que correspondía archivar la investigación dado que no se reunieron “a partir del resultado de las diligencias realizadas, elementos de juicio que resulten suficientes como para formular imputaciones por accionar delictivo sobre persona alguna” y destacó que “no es posible pese a ello –por el momento- descartar que haya podido existir alguna conducta ilegal”.
