El gobernador Axel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, realizó finalmente este jueves la presentación ante la Corte Suprema de la Nación para pedir que se restituya el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, eliminado por decreto del presidente Javier Milei el lunes último. La demanda judicial plantea, por un lado, la inconstitucionalidad del decreto 192, y por otro, solicita una medida cautelar para que se transfieran los recursos mientras se resuelve el planteo de fondo. Piden el pago de más de 88 mil millones que corresponden a los últimos cuatro meses del fondo.
El capítulo judicial entre Provincia y Nación se abrió luego de que Milei decidiera eliminar por decreto el Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado en 2020 con el objetivo de financiar una mejora salarial a la Policía bonaerense y la compra de chalecos y patrulleros, como parte de un plan integral de Seguridad puesto en marcha por Kicillof en plena pandemia. Tras la oficialización del fin de ese Fondo, el gobernador Axel Kicillof anunció en conferencia de prensa el lunes que había instruido al fiscal de Estado, Hernán Gómez, a que avanzara con el reclamo ante el máximo tribunal para que se restituyan los fondos que le corresponden a Buenos Aires.
La presentación elaborada por Gómez junto al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, fue presentada finalmente el jueves ante la Corte nacional. En primer lugar, pide que se declare la inconstitucionalidad del decreto. En segundo lugar, solicita como medida cautelar que ordene al Estado Nacional «el pago del saldo adeudado por el Estado Nacional por los meses de noviembre y diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, relativo al citado Fondo y con respaldo presupuestario»; la suspensión de los efectos del decreto impugnado y la abstención de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de su asignación y distribución del FOFOFI hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
«Arbitrario, discriminatorio e irrespetuoso»
A lo largo de 154 páginas que tiene el escrito, al que accedió Tiempo, la Provincia explica que la eliminación de este fondo es «discriminatoria» y sin argumentos y que tiene un impacto directo en las finanzas debido a la asimetría de recursos que recibe Buenos Aires en función de lo que aporta a la Nación. «El Estado Nacional, a través del decreto 192, ha sido arbitrario, discriminatorio, irrazonable e irrespetuoso con la provincia de Buenos Aires en particular», sentencia la presentación.
La Provincia reclama, en concreto, el pago de una deuda de más de 88 mil millones de pesos en concepto de meses anteriores y actuales de liquidación del FOFOFI, que se compone del 1,18% de la coparticipación federal de impuestos. En detalle, se solicita el pago del remanente equivalente a 11.164 millones de pesos por noviembre, que debían depositarse en diciembre; 33.676 millones correspondientes a diciembre de 2023, ue debían ser transferidas en enero; y 43.959 millones por enero de 2024 que debían ser enviados en febrero. «Todo ello actualizado hasta la fecha de su efectivo pago, más intereses», se aclara.
«La intempestividad del decreto 192 configura un inesperado, arbitrario e irrazonable cambio de circunstancias que toma por sorpresa a la provincia de Buenos Aires, afectando gravemente la regularidad presupuestaria toda vez que resulta imposible que la Provincia pueda compensar cualquier desfinanciamiento en un contexto, donde -además- el mismo Estado Nacional ha suspendido de hecho otras transferencias vinculadas a subsidios y programas nacionales», señala la demanda en otro párrafo de la procedencia de la medida cautelar pedida y hace referencia así al corte de fondos relativos a infraestructura, salarios docentes y transporte. Y remarca que los recursos del FOFOFI son «indispensables» para el normal funcionamiento del Estado Provincial.
El escrito es acompañado por un extenso apéndice de pruebas documentales en el que se detallan desde las ejecuciones presupuestarias de años anteriores, hasta las presentaciones administrativas realizadas ante el gobierno de Javier Milei en reclamo del pago del Fondo de Fortalecimiento y otros recursos que tampoco están siendo enviados a las arcas bonaerenses.
