La Cámara Federal porteña destrozó la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos: revocó el procesamiento del ex jefe de la AFI Gustavo Arribas, redujo la acusación contra su ex número dos, Silvia Majdalani, a sólo un “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ratificó que sobre Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri (a quien no mencionó ni una vez en el fallo) no hay pruebas suficientes de la comisión de un delito y hasta desprocesó a la encargada de documentación presidencial Susana Martinengo. 

La Cámara eligió esa vía, por cierto menos escandalosa que la nulidad de toda la causa, para reducir a una expresión mínima la investigación. Fue necesario que la causa pasara a Comodoro Py para que lo que se inició como un expediente con ribetes de escándalo quedara apocado a la travesura de un grupo de aventureros y cuentapropistas de la inteligencia que trabajaron por su propia iniciativa e intereses. 

El tribunal entendió que “por el momento” no existen pruebas suficientes de la existencia de una asociación ilícita. Y, al delimitar las acusaciones a los espías cuentapropistas estableció una línea de corte varios escalones debajo de Macri. Ello, en los hechos, blinda al ex presidente de cualquier posibilidad de imputación. 

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi descartaron de momento “la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”. El fallo lo reitera, por las dudas: “A nuestro criterio, en función de la prueba reunida hasta el momento, no se encuentra corroborada la existencia de una asociación ilícita para realizar actos de espionaje ilegal”. Menos aún, subraya que “tampoco se ha podido tener por comprobada la finalidad de incidir en la situación económica, política e institucional del país”.

De los casi 40 imputados que llegaron a esta etapa con procesamientos sólo diez continuarán en esa situación. Son, en esencia, los integrantes del grupo de WhatsApp Súper Mario Bros y dos agentes de inteligencia vinculados con el Servicio Penitenciario Federal. De los demás, ninguno fue sobreseído, pero tampoco parecen estar en riesgo de que las acusaciones se profundicen. 

Cierto es que la Cámara rechazó los planteos de nulidad que amenazaban con desterrar de la faz de Comodoro Py a la investigación. Ese fallo fue pronosticado hasta ayer, pero ante las sucesivas críticas y recusaciones por supuesto adelantamiento de criterio y temor de parcialidad, los jueces optaron por una salida intermedia: la causa sigue viva, pero en severa crisis respiratoria y sin asistencia para mantener los pulmones en funcionamiento. 

Sobre Darío Nieto (hoy legislador de la Ciudad de Buenos Aires), los jueces sostuvieron que pese a su cercanía con Macri y a que aparece mencionado por Martinengo en charlas con los espías “cuentapropistas”,  los elementos recabados durante más de un año no alcanzan para incriminarlo.

“A la fecha, con las pruebas incorporadas, no ha sido posible demostrar que el imputado hubiera requerido o divulgado información en los términos sugeridos por los acusadores particulares, razón por la cual también en este caso deberá profundizarse la encuesta”.

La falta de mérito de Nieto necesitaba también el desprocesamiento de Martinengo. Así fue. 

“El auto de procesamiento dictado respecto de Susana Martinengo luce prematuro, razón por la cual nos inclinamos por decretar un temperamento expectante a su respecto, a los fines de profundizar la investigación”.

El fallo ratifica los procesamientos de piezas menores del rompecabezas: Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano. Pero deja a salvo a los personajes de mayor relevancia dentro del esquema de inteligencia ilegal: Gustavo Héctor Arribas, María Belén Sáez, Martín Terra, Mariano Ignacio Flores, Daiana Romina Baldasarre, Jorge Ochoa, Javier Esteban Bustos, Jonathan Ezequiel Nievas, Aníbal Rolando Meza, Matías Gregorio Fernández, Sebastián Alejandro Siri, Oscar Atilio Lema, Miguel Ángel Perrota, Fernando Carra, Emiliano Blanco, Juan Sebastián De Stefano, Mariano Ruda Bart, Bernardo Miguens, Darío Emiliano Picabea, Fernando Gustavo Whaler, Sebastián Alejandro Iglesias y Claudio Héctor Marcus, Denise Aya Tenorio, María Mercedes Funes Silva y Susana Martinengo. 

Allí hay de todo: desde funcionarios políticos hasta espías “de línea”, descripción que abarca a los agentes de planta de la AFI, que vienen de gestión en gestión.

El fallo también relativiza el espionaje a presos del gobierno 2003-2015 en las cárceles. Y beneficia a los acusados de haber dejado caer las grabaciones que con las que periodistas tropezaban cuando corrían por Palermo o aparecían anónimamente por debajo de las puertas de los despachos de Comodoro Py 2002. El fallo reconoce que “esas escuchas son las que habrían terminado en manos de la legisladora Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli”.

Los camaristas replicaron: “El problema es que, si uno acude a la resolución, rápidamente se puede advertir que aquella cuenta con conclusiones prematuras. (…) La legalidad de las escuchas obedeció a una orden judicial dictada en ese sentido, que debe ser diferenciada del posterior uso que se hizo de los registros”.