Dos de los proyectos de urbanización e integración socio-urbana de villas que impulsa la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y que en rigor suponen el cumplimiento, con ocho años de demora, de la ley 3343, sancionada en 2009, y que obliga a la Ciudad a urbanizar todos los asentamientos precarios fueron aprobados a esta tarde por la Legislatura porteña: se trata del barrio Rodrigo Bueno y del asentamiento llamado Playón de Chacarita.
Los dos proyectos habían sido aprobados en primera lectura en diciembre pasado, pasaron las audiencias públicas y el viernes pasado obtuvieron dictamen de mayoría para su tratamiento en la reunión conjunta de las comisiones de Vivienda, Presupuesto y Planeamiento Urbano.
La urbanización del asentamiento de la Costanera Sur, que en principio el gobierno porteño pretendía atar a la aprobación del proyecto Solares de Santa María un barrio con trece torres de lujo en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca, finalmente avanzó sin esa condicionalidad, denunciada por un grupo de legisladores y asociaciones de vecinos como un gigantesco negocio de la empresa IRSA. Al parecer, aquella iniciativa encuentra nuevo impulso en el decreto presidencial que la semana pasada puso a la vecina Isla Demarchi a merced de las grandes desarrolladoras inmobiliarias.
En cualquier caso, el proyecto para la Rodrigo Bueno, aprobado por unanimidad con los votos afirmativos de los 58 legisladores presentes, prevé edificar 500 viviendas, abrir y pavimentar nueve calles con sus veredas, construir en el predio de 5 hectáreas redes de agua potable, desagües pluviales y cloacales y una red bajo tierra de distribución de gas natural y energía eléctrica para consumo habitacional, además de instalación de alumbrado público y obras de parquización y forestación.
En el llamado Playón de Chacarita, las obras de integración del asentamiento al barrio incluyen la apertura de una extensión de siete cuadras de la Avenida Triunvirato, desde Elcano hasta Lacroze, y el acceso a créditos para la vivienda para aquellas familias de manifiesten su intención de ser relocalizadas.
En los dos barrios se crearon sendas mesas de Gestión Participativa, que conforman el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la Defensoría del Pueblo y una Junta Vecinal, que deberían ser la garantía de participación de los vecinos en todo el proceso de urbanización.
El texto sancionado para la Rodrigo Bueno explicita que se propone una reurbanización sustentable, como una solución adecuada que posibilita la articulación del derecho a la vivienda de dicha población con el derecho al medio ambiente de la ciudadanía, compensando y reduciendo al mínimo el impacto que pudiere existir por la desafectación de una pequeña porción de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
