De arañar la presidencia y encumbrarse como un representante regional más de la nueva derecha empresaria y desfachatada, a ser inhabilitado, condenado por corrupción y padecer una enfermedad terminal. Esa curva de ascenso y caída fue el recorrido de Rodolfo Hernández, el colombiano hoy de 78 años que en 2022 disputó la segunda vuelta con el presidente Gustavo Petro y perdió apenas por tres puntos.

Su crecimiento político había sido meteórico. De empresario millonario del rubro de la construcción saltó a convertirse en alcalde de su ciudad, Bucaramanga, entre 2016 y 2019. Allí gozaba de un respaldo popular cercano al 85%. Sin partido, con un perfil irreverente, «cruzado» contra la corrupción, y con un discurso agresivo, xenófobo y pleno de antipolítica, ganó rápidamente adeptos. Fue muy difundida una escena en la que se lo ve pegándole un tortazo a un concejal a quien acusaba de corrupto. Sus seguidores lo aplaudieron a rabiar. Su intención de voto fue tan marcada que el propio Petro y su equipo debieron diseñar una campaña muy afilada tras la primera vuelta, considerando que el empresario estaba en condiciones ciertas de triunfar.

Sin embargo, antes de las elecciones se fue a Miami por «amenazas». Tras la derrota anunció que se iba de safari al África y a su regreso renunció a la banca en el Senado que le correspondía por su segundo puesto, como establece la Constitución colombiana. Se recluyó en Bucaramanga, con la clara intención de alejarse de la política nacional, aunque empezó a trabajar en su campaña para gobernar Santander para las regionales de 2023. Todo iba bien hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó su candidatura después de confirmar su inhabilitación. Fue por la sanción que le aplicó la Procuraduría por haber golpeado a aquel concejal. Pero no fue ese el final, sino la condena que recibió el jueves pasado. En una audiencia virtual fue condenado por corrupción por un viejo caso de la época en que era alcalde. Según la acusación, hubo una coima de un millón de dólares que cobró su propio hijo para firmar un contrato con la empresa concesionaria del tratamiento de basura. El acuerdo aparece en un contrato fechado y firmado por las partes. La condena se conocerá el 13 de junio y puede rondar entre los cuatro y 12 años de prisión. Hernández alegó que no conocía esa transacción y que va a apelar. En su declaración ante el tribunal, se quebró al revelar que padece un cáncer terminal, lo que cambió mucho la apreciación pública del caso. «De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice», dijo entre lágrimas.

Como dato curioso, Petro fue acusado de corrupción en 2013 también por contratos vinculados con la recolección de basura. En su caso fue destituido antes de finalizar el mandato, aunque años después la Justicia demostró que no había delito y limpió su nombre.