El miércoles, minutos antes de que sus principales dirigentes ingresaran a la reunión con el jefe de gabinete Nicolás Posse, el ministro del interior Guillermo Francos y el Secretario de Trabajo Julio Cordero, y a un día de su reunión de Consejo Directivo, la CGT difundió un documento titulado “Agenda para un nuevo Contrato Social”.
Allí establecen algunos parámetros de lo que consideran deberían ser las medidas a través de las cuales se puede avanzar en un consenso con el gobierno. Se trata de un gesto deliberado hacia el gobierno con el propósito de buscar acuerdos y, eventualmente, desalentar la posibilidad de un nuevo paro general a menos de 24 horas más allá de la movilización pautada para el 1° de mayo.
Sin reforma laboral en la ley de Bases
Como adelantó este diario en su edición dominical, el sector más dialoguista y mayoritario en el Consejo Directivo de la Central, integrado por los Gordos y los Independientes, marcó como límite y eventual disparador de un paro general, la incorporación en la nueva ley de Bases de la reforma laboral esbozada en el DNU 70/23 que se encuentra suspendida por un fallo de la justicia laboral.
El texto de la ley se conoció el martes a última hora y esa posibilidad no se concretó. Se espera que el gobierno, en tándem con algún sector de la oposición, elabore un proyecto particular con el propósito de desregular el mercado de trabajo. Tanto el bloque radical como el diputado del PRO Ricardo López Murphy adelantaron contar con sendos proyectos con ese propósito.
El texto difundido ayer por la CGT, tal como había adelanto el secretario adjunto Andrés Rodríguez en la conferencia de la Amcham, acepta la posibilidad de revisar la legislación laboral en tanto expresa su voluntad de “avanzar hacia una legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual”. Esto implica reconocer que la actual legislación laboral condensada en la Ley de Contratos de Trabajo resulta obsoleta para dar cuenta de la realidad del mercado de trabajo actual.
¿Convenio por convenio?
En el documento la CGT pone como condición de esa eventual reforma que la misma contemple los convenios de trabajo pero nada dice de la mentada ley 20.744 de Contratos de Trabajo que es la que establece el marco legal y el piso de derechos para los trabajadores y es la que, eventualmente, un proyecto de ley debería modificar.
Así las cosas, la alternativa que acercaron ayer a las autoridades es la de eludir un proyecto de ley y viabilizar la actualización de los convenios sector por sector (el camino adoptado por el macrismo luego de las protestas de diciembre de 2017), o eventualmente, aceptar un proyecto de ley que ofrezca lineamientos generales y habilite determinadas reformas a través de la negociación colectiva sectorial.
Una redacción de esa naturaleza está presente en el DNU 70/23 en lo que refiere a la conformación de Fondos de Cese Laboral como el que rige en la UOCRA y que Armando Cavallieri se apresuró en mostrar su predisposición a adoptarlo en el gremio mercantil.
A la vez, el documento de la CGT, propone avanzar en mecanismos de regularización del empleo a través de regímenes especiales que, en los hechos, implicarían eludir la Ley de Contratos del Trabajo. Es lo que se encuentra implícito en su propuesta de avanzar en una “ley de Primer Empleo con beneficios impositivos a las pequeñas y medianas empresas que contraten personal” o en la de “estimular el ingreso al sistema de aquellos trabajadores que se encuentran en situación irregular”. Lo mismo con relación a los estímulos para integrar beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo que ya tuvieron versiones anteriores en los programas “Empalme” o de “Inserción Laboral”. En todos los casos se trata de mecanismos que permiten eludir los convenios vigentes y ofrecer exenciones en lo que se refiere a las contribuciones patronales.
Salud, educación y jubilaciones
Entre otros de los puntos presentados por la CGT destaca la reivindicación del sistema de obras sociales y el reclamo de su “fortalecimiento”, entendido como la búsqueda de mecanismos para respaldar su financiamiento con fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud así como buscar una eventual articulación con el sistema público y el privado.
Además, entre una serie de lineamientos en materia de desarrollo industrial, proponen “revisar la escuela de formación técnica con articulación progresiva entre la universidad y el sistema productivo”. El planteo coincide con los lineamientos que el Consenso de Washington sugirió en la década del noventa para lo que fue la ley de educación superior e implica, a través de la CONEAU, la injerencia del sector privado en los contenidos de las currículas de carreras de la universidad pública.
Esa política pudo avanzar parcialmente en las últimas tres décadas y es resistida por los sindicatos de docentes universitarios, las organizaciones estudiantiles e incluso decanos de diversas facultades porque, consideran, implica un subsidio estatal al sector privado en la formación de profesionales y técnicos acordes a sus necesidades de lucro y no a las de la sociedad en general.
En lo que se refiere al sistema previsional, la CGT formula, entre otras, dos propuestas que también resultan polémicas. Por un lado, en oposición a la nueva fórmula de movilidad, proponen establecer el haber mínimo en función del salario mínimo vital y móvil que se actualiza en forma periódica a través del Consejo del Salario que convoca el poder Ejecutivo y del que participan las tres centrales sindicales y las cámaras empresarias y que, en la actualidad, se ubica en los $202.800 mientras el haber mínimo hoy, con el bono, llega hasta los $241.283.
El salario mínimo, además, no cuenta con un criterio de actualización por inflación o evolución de los salarios y, por lo tanto, queda sujeto la negociación y la eventualidad de un laudo minsiterial o un decreto del poder ejecutivo como ocurrió en la última actualización.
En la actualidad sí existe una normativa que dispone que el haber mínimo para los jubilados que perciben la mínima y no hubieran accedido a ella a través de una moratoria sino con sus propios aportes, no puede ser inferior al 82% del SMVM, una cláusula que, por el atraso de ese haber, se ha activado en contadas ocasiones. De esa forma, la Central abandona el reclamo histórico del 82% móvil derogado por la reforma previsional del menemismo que disponía que el jubilado cobrara un haber equivalente al salario neto vigente de la categoría en la que revistaba al cese de su actividad.
En segundo lugar, proponen la creación de un “Instituto Nacional de Previsión y Seguridad Social”. Se trata de un organismo tripartito con participación empresarial y que, no lo aclaran, podría reemplazar el sistema estatal que sostiene la ANSES.
Reunión clave de la CGT
Por la tarde de hoy, a las 14 horas, se reunirá el Consejo Directivo de la Central que ratificará la movilización del 1° de mayo y debería considerar la realización o no de un paro general.
A pesar de que el resultado de la reunión con el gobierno realizada ayer no fue el mejor en tanto los funcionarios ratificaron la indicación de Luis Caputo de no homologar acuerdos paritarios superiores a la inflación, por lo señalado, todo indica que los dirigentes cegetistas buscarán dilatar una medida y avanzar en las negociaciones con el gobierno que dirán, al menos, abrió una mesa de diálogo.
