El gobierno lanzó una fuerte ofensiva para demonizar y criminalizar la protesta social. En las últimas horas, ministros, medios afines y periodistas cercanos al oficialismo desplegaron una campaña que busca asociar reclamos y movilizaciones sociales con las publicitadas amenazas anónimas proferidas al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal. Las usinas oficialistas le adjudican esos episodios –de origen diverso y sin vínculos probados– a un supuesto plan opositor para desestabilizar al gobierno.

La síntesis más brutal de ese relato corrió por cuenta del diario La Prensa. «Plan subversivo» tituló en su edición del pasado viernes, rememorando en formas y lenguaje las campañas de acción psicológica que alfombraron la irrupción de la última dictadura cívico-militar.

El mismo día, aunque con modos menos ordinarios, Clarín y La Nación –los periódicos más beneficiados con la pauta oficial– aportaron títulos al relato. «El peligro de jugar con fuego» editorializó el diario de las familias Mitre y Saguier, en un insólito texto donde se manipulan hechos, falsedades e inexactitudes para concluir que «sugestivamente, la oposición kirchnerista no ha repudiado la reciente ola de violencia y amenazas contra el Gobierno que busca su desestabilización».

Esa misma mañana Clarín tituló en idéntico sentido: «El kirchnerismo agita las protesta ante el avance de las causas por corrupción». Luego de mezclar episodios sin lazos probados –como una protesta en Dock Sud con un escrache al presidente en Mar del Plata– el propio diario revela que hizo propia la tesis del gobierno en la última línea de la bajada de tapa: «El macrismo asocia todo a la situación judicial de la ex presidenta.» Curiosa confesión.

La hipótesis fue retroalimentada por funcionarios en amables diálogos radiales. «Hay dirigentes que quieren que Macri se vaya», azuzó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en radio La Red.

Fiel a su estilo, la ministra del interior Patricia Bullrich simplificó: «Buscan el fin del gobierno.» Se refería, en particular, a la Marcha de la Resistencia convocada por las Madres en Plaza de Mayo. En ese caso, no había que ser perspicaz para distinguir el tinte partidario del convite. «Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Cristina conducción», rezaba la consigna central del acto.

La intención del gobierno, sin embargo, es asociar todo acto de protesta a una supuesta estrategia de defensa K. Es su modo de bajarle el precio al creciente descontento social, que se visibiliza en distintos formatos: marchas, reclamos y piquetes. La oportunidad de la campaña oficialista no es casual. Esta semana distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales protagonizarán una Marcha Federal que partirá de cinco puntos de la Argentina y concluirá frente a la Casa Rosada (ver Infografía). Es probable que en esos dos días una multitud dé a conocer su rechazo a las políticas de gobierno que dispararon los índices de pobreza y desocupación. El gobierno, como se ve, buscará reducir esas manifestaciones a una interna política del peronismo y a una supuesta estrategia judicial K.

Es obvio que detrás –o delante– de muchas episodios de protesta se esconden intereses sectoriales o partidarios. De hecho, varios miembros del actual gobierno protagonizaron o alentaron los cortes de ruta de las patronales rurales en 2008, y las marchas porteñas donde se proferían consignas ofensivas y deseos destituyentes durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Del mismo modo, hoy hay sectores del kirchnerismo que se montan sobre el conflicto social para sacar tajada política del descontento. En ambos casos, el gobierno advirtió complots desestabilizadores en su contra. Hay, sin embargo, una diferencia crucial: mientras el kirchnerismo autolimitó su réplica al convertir en política de Estado la no represión del conflicto social, el PRO lanzó un Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas que permite reprimir las protestas, incluso, con armas de fuego.

Esta semana el gobierno aplicó su protocolo contra una manifestación en Dock Sud. La imagen de gendarmes lanzando gases y palos provocó alarma entre los organismos de Derechos Humanos, que salieron a repudiar y alertar sobre lo que está por venir. Uno de ellos fue Amnistía Internacional, que al día siguiente de la represión pidió información al gobierno sobre la aplicación y vigencia del Protocolo. En su solicitud, la organización recordó que «oportunamente» Amnistía cuestionó ese protocolo «por entender que expresa la profundización de una política pública que tiene como fin reprimir y criminalizar la protesta social y restringir derechos fundamentales como el de manifestarse». En la misma línea opinó una decena de referentes sociales, políticos y sindicales consultados por Tiempo Argentino.

«El gobierno intenta hacernos creer que las preocupaciones de su pequeño grupo de elite son nuestros problemas», reflexionó Jorge «Quito» Aragón, dirigente de la corriente Martín Fierro. Y agregó: «Ahora quieren hacernos creer que el problema que generaron con la pérdida de derechos es una conspiración del comunismo internacional. Y sus socios de los grupos económicos concentrados en medios de comunicación le sostienen la mentira. Lo hacen para contribuir con uno sus objetivos, que es bajar los sueldos. Para eso necesitan hablar de conspiración y luego reprimir con mayor consenso social».

Para el abogado Marcelo Parrilli, miembro fundador del CELS, «el clima de conmoción social, protesta y movilización, de enfrentamiento al rumbo económico, va mucho más allá del kirchnerismo. Hay un movimiento popular que empieza a ponerse en acción frente a este plan económico que no le da alternativa a nadie».

El diputado K Andrés «Cuervo» Larroque rechazó las acusaciones oficiales y apuntó: «Las protestas que genera la ciudadanía son las señales que debe tener en cuenta toda estructura política, como el actual gobierno, para revisar las medidas que ha tomado hasta el momento».

Toda protesta persigue objetivos políticos. Sin embargo, para el poder permanente, ahora encumbrado en el Estado, existen protestas tolerables, y otras que no lo son. A juzgar por los antecedentes de Cambiemos, las manifestaciones convocadas por chacareros, miembros del Poder Judicial o políticos educados en el Cardenal Newman estarían justificadas. Los reclamos que surgen del desamparo y la miseria, en cambio, son ilegítimos, sospechosos y pasibles de represión.

GABRIEL NAVARRETE
Sindicato de Curtidores

La protesta no es «del kirchnerismo». Esta protesta es del pueblo, porque en estos ocho meses nos están metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores. Así que los trabajadores se empezaron a movilizar solos. Que ahora los trabajadores pidan por la compañera Cristina, es otra cosa. Hoy en día van a poner muchas cosas para que la gente piense diferente, pero el pueblo no va a pensar diferente, sino que va a pensar la realidad de estos 12 años y medio que ha vivido con Néstor y Cristina, quienes le han dado mucho al pueblo.

GILDO ONORATO
Movimiento Evita

El gobierno intenta construir una especie de relato desestabilizador para deslegitimar la protesta social. Cuando se tiende a ideologizar aquellos reclamos genuinos, eso se transforma en una unidad de los opuestos. En este caso, macrismo y cristinismo, de alguna manera, anulan las expresiones genuinas de la lucha social y del movimiento popular, sin dejar de tener en cuenta que existe una animosidad judicial sobre la ex presidenta.

NÉSTOR PITROLA
Frente de Izquierda

La represión de esta semana a los obreros azucareros del ingenio El Tabacal, en Salta, el despido de diez delegados petroleros en Las Heras, Santa Cruz, también con represión, al igual que el accionar de Gendarmería en La Plata, indican que el fallo de la Corte contra el derecho de huelga y el Protocolo de Patricia Bullrich están vigentes para Macri y los gobernadores del ajuste, aprovechando la tregua de la burocracia sindical. Los docentes marcan un camino: hay que ir por el paro nacional y un plan de lucha hasta quebrar el ajuste.

CHRISTIAN MIÑO
Presidente de la CNCT

El gobierno y los medios oficialistas tratan de desacreditar las protestas inventando una historia conspirativa que no existe. Las organizaciones gremiales y sociales salimos a la calle porque cada vez hay más hambre y menos trabajo, debido a una política de concentración de la economía y achicamiento del Estado. Ninguna democracia puede impedir la protesta porque es el principal derecho que tenemos los ciudadanos. El intento de criminalización o represión tiene un solo objetivo: seguir aplicando medidas en contra del pueblo.

HUGO GODOY
ATE Nacional

El gobierno trata de descalificar la protesta social, que es producto de injusticias crecientes. Y entonces utiliza al kirchnerismo para descalificarlo. Este gobierno repite así lo que hizo el anterior: con el argumento de la desestabilización intenta poner un freno a esa protesta social creciente y darle un sentido político diferente al que tiene. ¿Cuál es ese sentido? Que cambie la política económica. Pero como no quiere cambiarla, busca dar a la protesta un sentido diferente para confundir a la sociedad.

JUAN CARLOS ALDERETE
Corriente Clasista y Combativa

El gobierno está intentando justificar la política que está aplicando, que está haciendo un daño enorme, justificar la represión, descalificar, inventar una desestabilización. Eso ya lo conocemos desde hace muchos años. Se ha agudizado el problema social. Hoy, en cualquier reclamo la gente sale a la calle porque no le alcanza el salario, al que tiene la suerte de seguir trabajando. Descalifican y quieren instalar una situación en el país para la represión. Porque estas políticas no pasan sin represión.

La Marcha FederalCoordinada por las dos fracciones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), organizaciones sociales, sindicatos, referentes políticos y populares partirán el próximo miércoles 31 de agosto desde cinco puntos del país y llegarán un día después a la Plaza de Mayo para protestas contra el ajuste y la destrucción del empleo.